Competencia abre expediente para analizar la colocación de deuda eléctrica a cinco bancos

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)ha abierto un expediente para analizar cómo han cerrado las eléctricas la colocación a cinco bancos -Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular y Bankia- de 3.540 millones de euros de derechos de cobro correspondientes al déficit tarifario de 2013. El déficit es la diferencia entre los costes que se reconocen a las empresas por suministrar la electricidad y lo que ingresan por tarifas.

El denunciante, Adrián Sánchez Molina, presidente de la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece) ha confirmado la apertura del expediente, en principio informativo, para comprobar si las grandes compañías se han ajustado a la ley para cerrar sus cuentas de 2014 sin la carga de un déficit (los 3.540 millones) que están obligadas a financiar por ley. La CNMC no contestó a las preguntas sobre el caso realizadas por infoLIbredurante varios días de la pasada semana.

Según la denuncia de Asece, las grandes empresas, apuradas por la necesidad de cerrar las cuentas del ejercicio, celebraron "una especie de subasta" en la semana del 9 de diciembre a la que convocaron a representantes de los bancos. El problema es que la operación, que las empresas definen como simple "tanteo", se realizó tres días antes de que el Gobierno aprobara el decreto que fija la cuantía y las condiciones en las que las eléctricas pueden ceder los derechos de cobro. La subasta -"tanteo", según las compañías- se celebró el martes 9 de diciembre pero Industria no aprobó el decreto hasta el viernes 12 de diciembre.

Sin información

"Ni la CNMC, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) conocían la subasta de las empresas, ni fueron informadas" asegura Sánchez Molina. En la denuncia realizada ante la CNMC, Asece sostiene que las compañías eléctricas, al cerrar acuerdos con las entidades financieras antes de que el Gobierno aprobara el marco legal de la operación realizaron "conductas colusorias, conforme a los artículos 1,2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia".

Las eléctricas Endesa, Iberdrola, Gas natural, HC-EDP y E.On informaron a la CNMV del cierre de la operación de colocación de deuda (supuestamente negociada una semana antes) el lunes 15 de diciembre.

Para las empresas, el cobro adelantado de la banca de derechos de cobro a 15 años supone eliminar lastre financiero y sacar más brillo al ejercicio. Para la banca también es negocio. Asume un activo con un beneficio razonable. La rentabilidad prevista en el BOE para el "periodo final" de los derechos cedidos -hasta el 31 de diciembre de 2028- es de un 2,195 % anual -resultado del cálculo de los tipos de las obligaciones del Estado a ocho años más 31,8 puntos básicos-.

Prisas para negociar

Las fuentes consultadas en las empresas justifican las prisas con las que se negoció la colocación del agujero eléctrico y restan importancia a que el Gobierno aún no hubiera concretado cantidades y condiciones de la cesión de derechos. "Las liquidaciones del déficit las realiza la CNMC y se publican mes a mes, por lo que sí se conocen".

La razón para el apresuramiento sostienen es que las compañías una vez que el Gobierno había explicado que el Estado no avalaría el déficit (de 2013), que las empresas serían las encargadas de financiarlo y puesto que las eléctricas no tenían certeza de cuándo el Gobierno iba a aprobar el reparto,  decidieron "agilizar y adelantar el proceso de colocación" para llegar a fin de ejercicio con el tema resuelto y evitar así un impacto negativo en las cuentas anuales.

La colocación del déficit de 2013 no es el único asunto polémico que afecta a las grandes compañías. La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la denuncia  sobre el perdón de 3.000 millones a las eléctricas que llevó a cabo el Ministerio de Industria en 2008, con el PSOE ha animado una campaña en las redes sociales para solicitar la reapertura de la investigación.  

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Sobre las cantidades millonarias cobradas de más, el presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, tiene las ideas muy claras. El asunto, según ha explicado públicamente "afecta muy poco a la imagen de las empresas y es un tema con poco recorrido". Según Montes, las empresas no sólo no cobraron de más 3.400 millones, sino que "cobraron de menos".

"Es un tema complejo, que me cuesta entender incluso a mí (Montes es ingeniero), pero nunca hubo una norma que obligara a realizar una liquidación final (de las ayudas pagadas a las eléctricas); no se cobró de más, se cobró de menos" explicó Montes en un encuentro con los medios de comunicación.