La ministra de Empleo repite como un mantra que la reforma laboral permite a las empresas ajustarse a las situaciones económicas adversas acudiendo a la flexibilidad interna para que “el despido sea el último recurso”. Quizá ésa fue su intención, pero al menos en su primer año de vigencia es el despido el principal instrumento con que las compañías intentan solucionar sus problemas.
Así, el 37% de las empresas ha despedido trabajadores el año pasado, una cifra que alcanza el 50% si se le suman aquéllas que no descartan hacerlo en el futuro. Lo dice el Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral, elaborado por el despacho de abogados Sagardoy, que ha encuestado a 272 empresas.
Es más, lo habitual es que las empresas acudan a este u otro bufete para solicitar el pack completo de medidas: lo que la ministra llama flexibilidad (bajadas de salario, aumento de jornada, cambio de horario o de funciones, traslados…) y despidos. Y no necesariamente en ese orden. Según el Observatorio, un 35,6% de las empresas ha adoptado ambos tipos de medidas.En marzo, lanzados
“Lo que nos piden ahora, sobre todo, es despidos”, asegura Jorge Aranaz, del despacho de Cuatrecasas. Al eliminarse la autorización administrativa previa y relajar el control judicial, explica, “las empresas se han lanzado a hacer Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)”. Aunque Aranaz también cree que la tendencia irá cambiando según vayan pasando los meses.
Las estadísticas del Ministerio de Empleo lo confirman: en marzo del año pasado, nada más aprobar el Gobierno el decreto de la reforma (el 10 de febrero), los despidos colectivos se dispararon hasta alcanzar a un total de 11.064 trabajadores, un 43% más que el mes anterior y un 74% más que en marzo de 2011. Un pico que no volvió a tocarse el resto de 2012.
El director general de Empleo, Xavier Thibault, reconoce el aumento de los despidos colectivos tras aprobarse la reforma, aunque también subraya el de las suspensiones de contrato y reducciones de jornada. Thibault atribuye la escalada de despidos a dos hechos: la resistencia de las grandes empresas estaba ya muy mermada tras cinco años de crisis, lo que las abocaba a medidas quirúrgicas; y la consigna dada por los principales despachos laboralistas a esas compañías de que debían esperar a que se aprobara la reforma laboral prometida por el PP.
Íñigo Sagardoy coincide con su competidor en que el mercado laboral español “está aún en fase crítica”, pero no lo achaca a la reforma, sino exclusivamente a la crisis. También dice que las empresas reclaman a su despacho un “mix de todas las medidas posibles”“mix: desde despidos y suspensiones de contrato, las más traumáticas, hasta eliminación de beneficios sociales (seguros o tickets restaurante).
Devaluación salarial
Lo mismo han advertido los sindicatos. CCOO denuncia que, en efecto, al alza de los despidos en 2012 se le ha sumado un empeoramiento de las condiciones laborales de quienes, superado el ERE, mantienen su empleo. No sólo se les aumentan las horas de trabajo sino que, además, se les rebajan considerablemente los sueldos.
Según los últimos datos de la Contabilidad Nacional, la remuneración media por asalariado cayó un 3% sólo en el último trimestre del año. En todo 2012 la retribución de los asalariados españoles disminuyó en 27.582 millones, de forma que, por primera vez, los excedentes brutos empresariales (los beneficios) –el 46,16% del valor añadido generado por la economía española– superan a las rentas salariales, que se quedaron en el 44,24% de la riqueza nacional el pasado diciembre.
En cualquier caso, los despidos colectivos son sólo una pequeña parte de la destrucción de empleo. El 82% de las empresas encuestadas por Sagardoy admite haber ejecutado despidos individuales. Una cifra asimilable a la manejada por CCOO, que utiliza las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPEE): los despidos individuales son el 88% de las rescisiones de contrato en España.
Otras modalidades
Y no sólo han crecido los fundados en causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de la producción: 284.368 en 2012, por 148.704 en 2009, el peor año de la crisis), sino que la reforma laboral también abre a las empresas un nuevo abanico de posibilidades: el despido por absentismo, el disciplinario por bajo rendimiento y los traslados forzosos.
Así está ocurriendo, por ejemplo, en el sector del telemárketing (o contact centers), integrado por unos 45.000 trabajadores y paradigma de precariedad, sueldos bajos y deslocalización.
La reforma permite despedir, a cambio de 20 días de indemnización, con sólo sumar ocho bajas médicas, aun justificadas, en un periodo de dos meses. Según los sindicatos del sector, ése fue el instrumento utilizado por Atento, filial de Telefónica, Sitel Ibérica, que rescindió 25 contratos en 2012 o Konecta BTO.
Imposición
Según la nueva ley laboral, al trabajador que no acepta ser trasladado o rechaza un cambio de función o una modificación de sus condiciones de trabajo, desde el sueldo hasta el horario, sólo le queda la opción de resolver su contrato a cambio de una indemnización de 20 días.
Así que el año pasado se dispararon también lo que la estadística de Empleo llama “resoluciones voluntarias”: un 77% respecto a 2011, según los cálculos efectuados por UGT sobre datos del SEPEE. Lo que para el empresario es flexibilidad, para el trabajador se traduce en una imposición que empeora sus condiciones de trabajo o le abre una puerta al despido.
Más conflictos colectivos, más conciliaciones individuales
“El empresario español es reacio al contrato indefinido”
Otro indicativo del nuevo paisaje laboral dibujado por la reforma se puede observar en los datos de actividad del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que en 2012 tramitó un 43% más de procedimientos, entre los que destaca el aumento, en 12 puntos porcentuales, de los que se refieren a procesos reestructuración de las empresas. Lo que ha bajado es el porcentaje de acuerdos alcanzados, entorpecidos por la crisis: sólo en el 25% de los casos se pudo firmar la paz social, seis puntos porcentuales menos que en 2011.
Por el contrario, se han disparado las conciliaciones en los despidos individuales. CCOO lo atribuye a la “mayor incertidumbre del trabajador sobre el resultado de emprender un proceso judicial”. Hasta noviembre, habían crecido un 36% respecto al año anterior.
Mención aparte merecen los 218.900 empleados del sector público que han perdido su puesto de trabajo en el último año. Porque, curiosamente, la reforma laboral prohíbe a las administraciones y empresas públicas recurrir a las medidas de flexibilidad que ofrece a las privadas. De forma que éstas no pueden ni suspender contratos ni reducir jornadas (el elogiado modelo alemán de Kurzarbeit, ya existente en el ordenamiento jurídico español antes de la reforma laboral), sólo pueden despedir a su personal laboral.
La ministra de Empleo repite como un mantra que la reforma laboral permite a las empresas ajustarse a las situaciones económicas adversas acudiendo a la flexibilidad interna para que “el despido sea el último recurso”. Quizá ésa fue su intención, pero al menos en su primer año de vigencia es el despido el principal instrumento con que las compañías intentan solucionar sus problemas.