‘Dumping’ frente a autonomía fiscal: ¿qué margen tienen las comunidades para bajar impuestos?

Vuelve a la palestra el debate del sistema de financiación autonómica, como cada vez que una comunidad toma una decisión sobre los impuestos que descoloca al resto. En este caso, el anuncio del presidente andaluz, Juanma Moreno, de suprimir el impuesto del patrimonio (que grava al 0,2% más rico de la población andaluza y que le resta unos 120 millones de euros de sus previsiones de ingresos) y la deflactación de los tres primeros tramos del IRPF. A este anuncio se le ha sumado Murcia, con una rebaja también del impuesto sobre las rentas. 

Las comunidades autónomas tienen cedida la gestión de un abanico de tributos nacionales. Las decisiones que los políticos toman sobre varios son las que hacen aflorar cada cierto tiempo un intenso debate público, como la tarifa autonómica del IRPF, el impuesto del patrimonio y el que grava de sucesiones y donaciones. Las regiones también gestionan el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el que afecta a las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el impuesto especial sobre determinados medios de transportes, así como los tributos sobre el juego y las tasas que afectan a los servicios transferidos. A estos se añaden los tributos propios que tienen las regiones, que afectan a emisiones contaminantes, vertidos, depósitos de residuos peligrosos, etc. 

En una comparación de los tramos autonómicos del IRPF, tras los últimos cambios en la Comunidad de Madrid y Andalucía aplicables para el ejercicio de 2022, las diferencias con otras grandes regiones, como Cataluña, cada vez son mayores. Las dos comunidades gobernadas por el PP mantienen cinco tramos, mientras que la región catalana registra siete. El tipo autonómico que se aplica, por ejemplo, a rentas de 60.000 euros es del 20,5% en la Comunidad de Madrid, del 22,% en Andalucía y del 21,5% en Cataluña. No obstante, en esta última región hay tres tramos más: a partir de 90.000 euros (23,5%), de 120.000 (24,5%) y de 175.000 (25,5%).

El eterno debate de los impuestos autonómicos

“Creo que las comunidades autónomas tienen un margen bastante amplio para establecer tributos propios. La mayoría han mantenido estos tributos hasta que a partir de un determinado momento se acuñó dentro de las propuestas electorales la oferta de bajar impuestos”, explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). “Por ejemplo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó el impuesto sobre el patrimonio en 2008 y lo tuvo que recuperar en 2011. Ahí, la Comunidad de Madrid aprovechó para establecer su bonificación autonómica del 100%. Desde entonces lo que ha hecho es proseguir en las siguientes campañas con las propuestas electorales de bajar impuestos, bonificaciones, etc”, explica el experto en materia fiscal.

“El sistema tributario ha evolucionado desde 1980, son más de 40 años de cambios” apunta Luis Manuel Alonso, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Barcelona. “Lo que se pedía era que las comunidades autónomas pudieran decidir, no solo sobre el gasto, sino también sobre los ingresos. Yo creo que es un sistema bastante aceptable, partiendo de que todo es mejorable, pero las cuestiones mejorables son más bien de detalle, no de funcionamiento general”, apunta el académico. El catedrático es crítico con la propuesta que defienden los técnicos de Hacienda, así como el Gobierno y algunos de sus socios, como Esquerra Republicana: “Lo de armonizar, como dice la señora ministra, habría que decir que es regresivo, volver a los años 80. Es contradictorio con un sistema que ha viajado hacia el federalismo fiscal”, defiende Alonso.  

Mollinedo, portavoz de la asociación que reúne a técnicos de Hacienda, es defensor de la propuesta: “Es necesario que el modelo sea reformulado. Hay comunidades autónomas que están infrafinanciadas, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía… también Madrid, en menor intensidad. El comité de expertos que nombró Cristóbal Montoro en 2015 ya concluyó que hacían falta unas horquillas mínimas y máximas, para que las comunidades autónomas tuvieran posibilidades de gestionar sus tributos, pero con unos límites, para evitar la competencia fiscal a la baja”, explica el secretario general de Gestha. 

Este punto sobre la competencia fiscal a la baja es una de las principales críticas de los contrarios a la armonización: “Armonizar, según la propuesta de María Jesús Montero, quiere decir subir impuestos. Es un término que siempre sale cuando una comunidad autónoma anuncia una rebaja fiscal”, critica el catedrático. “Cuando se menciona el compromiso de solidaridad, habría que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Madrid, que es la principal aportante. Luego van Cataluña y Baleares, pero la mayoría de comunidades son receptoras del excedente de recaudación de las primeras. Habría que hilar un poco más fino en este debate”, apunta el profesor.  

“Lógicamente desde la perspectiva de las comunidades que han bonificado el 100% de determinados impuestos la armonización supone una subida”, responde el portavoz de Gestha, que añade: “Pero ‘armonización’ significa establecer un umbral mínimo, y también un máximo. Eso quiere decir que en aquellas comunidades con tipos más altos podrían bajar. Es una cuestión que va más allá de ideologías, en los comités de expertos hay técnicos que cubren todo el espectro de pensamiento académico, es análisis técnico”, defiende José María Mollinedo. 

Un debate “extremadamente politizado”

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Es en este punto cuando el debate ha encallado históricamente. Tanto el secretario general de Gestha como el catedrático de Derecho Tributario coinciden en un punto: “Es un debate extremadamente politizado”, señalan. Por un lado, la principal razón que esgrime José María Mollinedo es que la “competencia fiscal a la baja” de comunidades como Madrid y Andalucía hacen daño a la conciencia fiscal de los españoles: “Es como el día sin IVA. Esto de luchar políticamente por a ver quién baja más impuestos es malo. España no tiene una gran presión fiscal, estamos muy por debajo en recaudación tributaria en comparación con Europa. En datos de 2019, porque la pandemia ha distorsionado los datos, España recaudó un valor equivalente al 34,7% del PIB. La media ponderada de la UE es de 5,3 puntos más, y en eurozona, de 5,7 puntos”, critica Mollinedo.

Por otro lado, el catedrático Luis Manuel Alonso critica que el principal problema de las cuentas españolas no es de recaudación, sino de gasto: “Este debate se usa como arma arrojadiza entre los políticos. Pero hay estudios que señalan que si España racionalizara el gasto ahorraríamos mucho, estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. Una racionalización del gasto público y una mejora de la eficiencia de nuestros recursos nos haría más ricos que los alemanes”, ironiza el académico.

 ¿Cómo acercar posturas para encontrar un punto de consenso? José María Mollinedo recurre a un ejemplo del pasado: “No es fácil. Pedro Solbes lo calificó de sudoku presupuestario. Cada comunidad defiende sus particularidades: la insularidad, la dispersión geográfica, la ultraperificidad, la proporción de personas mayores, el peso de la deuda histórica, la afluencia masiva de turistas de otras regiones…”, enumera Mollinedo. El catedrático Alonso no considera que el debate vaya a aflojar: “Siempre resurgirá cuando interesa más a una parte o a otra. No hay que ser ingenuo, supongo que al PP le conviene hacerlo ahora, que vienen tiempos electorales. Que lo hagan ahora no creo que sea casualidad”, apunta el profesor.