Empleo dejó en 2016 sin gastar 580 millones de euros en cursos para formar a trabajadores en 2016, un 33% más

El Ministerio de Empleo dejó sin gastar el año pasado un total de 578,88 millones de euros de los casi 2.000 millones que tenía presupuestados para formar a trabajadores, tanto desempleados como ocupados. La cifra supera en un 33% el nivel de desaprovechamiento de los fondos de 2015, cuando el ministerio se quedó sin emplear 435 millones de euros. En 2016 sólo se utilizó el 70% del dinero disponible, que procede de las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores, un 0,7% de su aportación por contingencias comunes. La ejecución, por tanto, ha bajado seis puntos en el último año.

Desde los organismos internacionales hasta los analistas del mercado laboral y todos los partidos políticos, la coincidencia es unánime sobre el papel fundamental que las llamadas políticas activas de empleo, la formación, orientación y recualificación profesionales, desempeñan en la lucha contra el paro. Sin embargo, las cifras aún récord de desempleo en España –3,76 millones de parados registrados y 4,23 millones según la Encuesta de Población Activa (EPA)– conviven con una reforma del sistema de formación para el empleo que ha paralizado las subvenciones y desatado una dura bronca entre el ministerio y los agentes sociales, patronal y sindicatos aliados en esta ocasión contra un enemigo común.

Si en 2015 no hubo convocatoria de subvenciones para formar a ocupados, en 2016 la Audiencia Nacional suspendió la convocatoria de 2014 a instancias de los empresarios, que también han recurrido la convocatoria de 2016 acompañados de CCOO y UGT. La anulación de las ayudas de 2014 supuso el bloqueo del tercer pago de las subvenciones, unos 35 millones de euros. Las del año pasado aún están pendientes de la decisión de la Audiencia Nacional. En 2014, antes de los cambios en el sistema, el nivel de ejecución del presupuesto de formación era casi total: del 95,12% para los cursos de desempleados y del 88,33% para los cursos de ocupados.

Todas estas cifras proceden del avance de liquidación del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo Inem). El año pasado ascendió a 25.000 millones de euros, seis millones menos que en 2015. De esa cantidad, la parte del león corresponde a las prestaciones de desempleo, que supusieron en 2016 un gasto de 18,6 millones de euros, 2,2 millones menos que el ejercicio anterior.

Este último año, el SEPE ha gastado menos tanto en prestaciones contributivas –un 10,65% menos–, como en el subsidio –un 11,5% menos–. En la Renta Activa de Inserción (RAI), destinada a parados mayores de 45 años que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, el gasto ha sido un 8% menor.

Ni parados de larga duración, ni autónomos ni jóvenes

En 2015 se puso en marcha el Programa de Activación para el Empleo –para quienes hayan agotado la RAI o el Prepara–, una ayuda para parados de larga duración ligada a cursos de formación u orientación profesional. Pero no ha tenido mucho éxito. En 2015 se presupuestaron 850 millones, pero sólo se gastó el 18,9%, 160,6 millones de euros. En 2016 sólo se ha utilizado el 43% de los 350 millones destinados inicialmente al programa. Los sindicatos no han dejado de criticar que los requisitos para acceder a esta ayuda son demasiado restrictivos y que se le ha dado tan poca publicidad que los potenciales beneficiarios no saben de su existencia.

Por lo que se refiere al Plan Prepara, igualmente pensado para desempleados de larga duración sin otras rentas, el SEPE sólo ha desembolsado el 61,66% de la partida prevista, 219 millones de euros. Son 124,2 millones, un 25% menos de lo que se gastó un año antes.

Mucho menos atractivo ha resultado tener la prestación por cese de actividad, el paro de los autónomos. Si en 2015 sólo se emplearon 3,6 millones de los 19,8 millones disponibles, el año pasado fueron aún menos: 3,3 millones. En este caso el problema es que muy pocos autónomos, un 20%, cotizan para esta prestación, pese a que su cuantía es muy pequeña. Además, la mayor parte de las solicitudes de la prestación se desestiman porque el autónomo no acredita correctamente el cese de actividad. Tienen que demostrar unas pérdidas del 10%.

Otro tanto le ocurre al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, uno de los caballos de batalla publicitarios del Ministerio de Empleo. En 2016 sólo se gastó el 8,13% del presupuesto asignado, que ascendía a 120 millones de euros. Y eso que este último ejercicio se aumentó esa partida en 40 millones respecto a 2015. Se trata de una iniciativa, cofinanciada con fondos de la UE, por la que Empleo se compromete a conseguir a los menores de 30 años una oferta de trabajo, un curso de formación o unas prácticas en un plazo de cuatro meses.

Según las últimas cifras facilitadas por el ministerio, se han inscrito en el sistema 421.209 jóvenes. En España, con el paro juvenil más elevado de la UE después de Grecia, el 43%, hay 1,12 millones de menores de 30 años sin trabajo. En principio, el programa estaba pensado sólo para menores de 25 años; para aumentar el número de inscritos Empleo lo amplió en 2015 hasta los menores de 30. Bruselas, que asignó a España el mayor volumen de fondos para este plan, advirtió el pasado octubre del mal funcionamiento del sistema, con una ratio de eficacia que no es ni la cuarta parte de la media comunitaria.

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En el capítulo de las políticas activas de empleo se incluyen también las subvenciones a la contratación indefinida. Éstas son de dos tipos: las reducciones, que son cotizaciones que deja de ingresar la Seguridad Social cuando un empresario contrata a un trabajador fijo, y las bonificaciones, cuyas cuotas abona el SEPE a la Seguridad Social. En 2016 este organismo público abonó un total de 1.583 millones de euros, un 7,34% más que el año anterior, en bonificaciones.

La intención del Gobierno es aumentar en próximos años la proporción de bonificaciones, sufragadas por el SEPE, y recortar la de reducciones, para intentar taponar así el agujero que estos descuentos de cuotas hacen en las cuentas de la Seguridad Social, en déficit desde 2012.

Finalmente, Empleo también ha ahorrado recortando en la partida que todos los años se reserva para modernizar los servicios públicos de empleo. Al igual que en 2015, se habían destinado 100 millones, pero sólo se han gastado 60. Los 40 millones restantes, asignados a “mejorar las oficinas de empleo” se han quedado en el tintero. El año anterior, el presupuesto fue recortado a mitad de ejercicio en 41,63 millones. Es otra de las críticas recurrentes de los sindicatos y la oposición al ministerio: mientras se retraen recursos a los servicios públicos de empleo, se destinan nuevos fondos a pagar a las agencias privadas de colocación, precisamente 100 millones de euros.