Endesa y Gas Natural Fenosa se enfrentan a multas millonarias por malas prácticas para atraer clientes al mercado libre

Las autoridades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigan si Endesa y Gas Natural Fenosa infringieron la ley al utilizar la factura de los clientes acogidos a la tarifa de último recurso (TUR), en la que el precio se fija conforme a una tarifa que fija el Gobierno según el coste del suministro; para publicitar los servicios ofrecidos por sus propias comercializadoras en el mercado liberalizado. En la escalada de precios del pasado enero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, recomendó el mercado regulado asegurando que "a largo plazo siempre es más barato". También la CNMC ha documentado que la tarifa regulada es más económica para el consumidor.

El regulador anunció este viernes la apertura de un expediente sancionador tras haber tenido acceso a "determinada información" de la que se deducen "indicios racionales" de la comisión por parte de ambas compañías de una infracción del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia por haber promocionado servicios de la comercializadora libre en la factura remitida a los clientes acogidos a tarifa regulada e "inducir" así  a "error o confusión" a los consumidores respecto al origen comercial de dichos servicios. Un portavoz autorizado de la CNMC confirmó que es el primer expediente incoado por esta práctica concreta. 

La citada ley establece sanciones que pueden ser de hasta el 1% del volumen de ventas global realizado por la empresa en el año anterior a la imposición de la multa si la infracción se considera leve, de hasta el 5% en caso de ser calificada de grave, y de hasta el 10% si se declara muy grave. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, de 2015, el importe neto de la cifra de negocio de la comercializadora en el mercado libre de Endesa fue de 3.228 millones de euros. En su equivalente en Gas Natural Fenosa esta cifra alcanzó los 1.504 millones de euros. Una simple operación aritmética permite estimar que ambas sanciones podrían alcanzar varios millones de euros. 

En todo caso, la CNMC recuerda que la apertura del expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación". De hecho, se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución. Preguntado al respecto, un portavoz de Endesa se limita a confirmar que la empresa realizará las "alegaciones pertinentes". Fuentes de Gas Natural Fenosa, por su parte, confirman que la compañía "va a presentar toda la documentación e información" para demostrar que no ha habido conductas incorrectas. La investigación se inició tras la denuncia de la Associació de Gremis d’Instal.ladors de Catalunya, que representa a empresas instaladoras. 

Consumidores 

Desde la plena liberalización del sector, en 2003, cualquier cliente puede elegir un suministrador distinto de su distribuidora local y a un precio diferente al de las tarifas oficiales. Los llamados pequeños consumidores, aquellos con suministros de potencia menor o igual a 10 kW, tienen además la posibilidad de elegir entre dos opciones: el precio cerrado para todo el año que le proponga cualquier compañía del sector o la tarifa que fija el Gobierno y que sólo pueden ofrecer las comercializadoras de referencia –que son a su vez filiales de las cinco generadoras que disfrutan del monopolio de las redes– a través de lo que actualmente se llama precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

Según datos recopilados por infoLibre, desde 2009 Endesa y Gas Natural Fenosa han traspasdo a 4,2 millones de clientes del mercado regulado al libre. El traslado ha sido especialmente masivo en Endesa, donde el número de clientes acogidos al mecanismo de fijación de precios establecido por la Administración se redujo prácticamente a la mitad en ese período: pasó de 10.022.000 en 2009 a 5.593.000 al cierre de 2016 (-44,2%). Al mismo tiempo, los usuarios del mercado libre pasaron de 1.664.000 a 5.423.000. La compañía perdió en los últimos siete años alrededor de 670.000 clientes. En el caso de Gas Natural Fenosa, el número total de clientes del mercado regulado se redujo en un 14,8% entre 2009 y 2016 (de 2.716.000 a 2.313.000). En ese período la compañía mantuvo sus 4,5 millones de clientes eléctricos.

Organizaciones como Facua o la OCU vienen alertando de estos traspasos. Los defensores de los derechos de los consumidores sostienen que aunque en un principio las comercializadoras puedan ofrecer un descuento por el paso al mercado libre es probable que esa ventaja desaparezca al acabar el contrato, que suele durar un año. Además, puede ocurrir que para compensar ese descuento se incluyan otros servicios, que están prohibidos en la factura de suministro, como mantenimiento de la instalación o seguros sobre los electrodomésticos. Estos servicios requieren un contrato diferente.

Y es que aunque pueda haber ofertas puntuales, resulta muy extraño creer que las comercializadoras vayan a vender algo a un precio más bajo del que fija ese pool en el que se cruzan la oferta de venta de los productores y la demanda de compra de las comercializadoras, dando lugar al precio que se traslada a la tarifa oficial, y al que ellas mismas también acuden a comprar la energía que venden en el mercado libre.

De hecho, la CNMC ha alertado de la "complejidad" de algunas de las ofertas a la que se enfrentan los consumidores, a los que insta a "leer bien los contratos, saber si la oferta tiene añadidas cláusulas de permanencia y penalizaciones, comparar las ofertas existentes, tener conocimiento de si se tiene derecho al bono social, o no facilitar datos bancarios a los vendedores a domicilio o por teléfono que proponen nuevas ofertas".

El regulador, tras analizar 425 ofertas, certificó el pasado noviembre que la tarifa PVPC había sido la opción más barata de todas las disponibles en el mercado entre julio de 2015 y junio de 2016. El informe completo se puede consultar aquí. Según los cálculos de la CNMC, las tarifas del mercado regulado supusieron en ese período un ahorro en la facturación de 32 euros al año, un 6% de su facturación anual. "Este ahorro con respecto a las ofertas del mercado libre pone de manifiesto que las comercializadoras no han trasladado a sus ofertas toda la bajada del precio que ha registrado la electricidad en los mercados mayoristas durante el periodo analizado", concluyó el regulador. 

Sanciones

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Desde 2015 las autoridades de Competencia han impuesto 51 sanciones a empresas del sector de la energía, aunque por cuestiones diferentes. La mayoría de ellas tienen origen en incumplimientos de la normativa en lo que tiene que ver con la exigencia para las comercializadoras de comprar la energía suficiente para suministrar a sus clientes y en infracciones de la ley del sector eléctrico en lo relativo a la protección de los consumidores. 

Las últimas multas impuestas, el pasado marzo, recayeron sobre cuatro de las cinco comercializadoras de referencia tras haber acreditado que no respetaron el procedimiento que marca la ley y no contaron con el consentimiento de los clientes para formalizar nuevos contratos. El regulador reclamó 100.000 euros a Endesa, 30.000 a Iberdrola, 10.000 a Gas Natural y 15.000 a Viesgo. En total, 155.000 euros. Además, en enero la CNMC también sancionó a EDP con una multa de 900.000 euros por aplicar una penalización de 2.400 euros a una empresa por cambiarse de suministrador a pesar de que había cumplido con el preaviso de 15 días establecido.

A pesar de su gran peso en el sector, los datos de la CNMC evidencian que las cinco grandes eléctricas no copan la lista de las sanciones impuestas en los últimos dos años. De hecho, sólo once de los 51 expedientes que han acabado en multa desde enero de 2015 afectan a alguna de estas cinco empresas. La cuantía total de esas sanciones asciende a 26,2 millones de euros, si bien 25 de ellos corresponden a la multa impuesta a Iberdrola por "una manipulación fraudulenta" de los precios del mercado mayorista entre los días 23 de noviembre y 23 de diciembre de 2013. No obstante, esa sanción se encuentra suspendida cautelarmente por la Audiencia Nacional.