“Es un tema [la ampliación del periodo de cálculo de la pensión] que ni ha existido ni va a existir”. Así quiso zanjar ya en enero de 2021 el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la polémica que había desatado la intención del Gobierno de aumentar de 25 a 35 años el número de años de cotización que se usan para fijar la cuantía de la pensión de jubilación. Las referencias a esa medida en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas y los cálculos que habían aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio suscitaron el rechazo inmediato tanto del socio de la coalición, Unidas Podemos, como de los sindicatos.
Entrevistado este viernes en laSexta, Escrivá adelantó que a principios de septiembre enviará tanto a los sindicatos como a la patronal una propuesta sobre el periodo de cálculo de la pensión, aunque no concretó cómo se va a modificar. Se trata, dijo, de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con el compromiso adquirido en el Plan de Recuperación, de “evaluar las nuevas realidades del mercado de trabajo, sobre todo para aquellas personas cuyos últimos años de vida laboral no son precisamente los mejores”. Y para abordar ese problema, el de quienes fueron expulsados del mercado de trabajo durante la anterior crisis y empezaron a cobrar –y cotizar—mucho menos, el ministro ofreció “varias palancas”. Una de ellas es “ampliar el periodo de cálculo para estas personas”, explicó. Y “al mismo tiempo que se amplía, se puede hacer un mejor tratamiento de las lagunas de cotización o permitir que se excluyan los peores años”. Según precisó, la medida afectaría a un 30% de trabajadores que ya no tienen carreras laborales lineales como antes, en las que los salarios crecían conforme aumentaba la antigüedad.
José Luis Escrivá siempre ha explicado que su departamento estaba estudiando diferentes “fórmulas” para aumentar la contributividad del sistema público de pensiones –tanto cotizas, tanto pagas– y “adaptarlo a las nuevas realidades” del mercado laboral, donde “las interrupciones y las lagunas [de cotización] son cada vez menos excepcionales”. Así figura, de hecho, en el Componente 30 del Plan de Recuperación. Es lo que ocurre en mayor medida con las mujeres –por la maternidad– o con los jóvenes, que “entran y salen del mercado de trabajo”, apuntó el ministro. Después de casi dos años de análisis, el ministerio tiene ya lista una propuesta que incluirá “distintas combinaciones” para solucionar el problema, anunció Escrivá.
Pero en un documento previo, enviado por el ministerio a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, sí figuraban cálculos sobre el recorte medio de la pensión inicial que podría suponer ampliar el periodo de cómputo actual, 25 años, a 35: un 6,3%. Ampliarlo de 15 a 22 años ya se tradujo en una reducción del 3,9%, que afectó al 52% de las nuevas pensiones correspondientes a 2019, explicaba el departamento de Escrivá en ese informe. Cuando se le preguntó al ministro por esas cuentas, aseguró que se trataba de “cálculos intermedios” y criticó que se hubiera creado “una narrativa de confrontación [con el socio del Gobierno]” a partir de ellos.
Recorte de la pensión
Porque aumentar el número de años cotizados que se consideran para calcular la futura pensión es un ajuste que reduce su cuantía y, por tanto, rebaja el gasto público en estas prestaciones, la partida más voluminosa del presupuesto del Estado. Tanto Unidas Podemos como UGT y CCOO se oponen a cualquier medida que implique un recorte de las pensiones. Éstas representan casi el 38% del gasto incluido en los Presupuestos de este año. El ministro destacó este viernes la sostenibilidad del sistema público de pensiones español. Según argumentó, el crecimiento de las cotizaciones sociales este año, un 8,5%, permitirá pagar los 12.000 millones de euros adicionales que implicará subir las pensiones según lo haga la inflación media. “Absolutamente”, recalcó Escrivá.
Un estudio de las universidades de Valencia y Extremadura cifraba en un 8,8% el recorte que sufriría la pensión media si el periodo de cómputo se ampliaba hasta los 35 años. Pero si, con ese aumento, se excluyen los peores años de cotización, la pensión media crece un 6,5%.
También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), calculaba en un informe de enero de 2019, cuando José Luis Escrivá aún era su presidente, que aumentar de 25 a 35 años el periodo de cómputo en 2027 se traduciría en un ahorro de 0,5 puntos de PIB en 2050 en el gasto público en pensiones “sin apenas afectar a la suficiencia” de estas prestaciones. Unos 6.200 millones de euros. Y, resaltaba, aumentaría la contributividad del sistema.
La reforma enviada a Bruselas mantiene el ajuste de la pensión según la esperanza de vida y la ampliación del periodo de cálculo
Además, la AIReF sostenía entonces que combinar esa ampliación del periodo de cómputo con un acercamiento de la edad de jubilación efectiva a la legal podía contener el gasto en pensiones entre 0,8 y 1,6 puntos de PIB en 2048. Precisamente retrasar la edad efectiva de retiro, penalizando la jubilación anticipada, es una de las medidas incluidas en la primera parte de la reforma de las pensiones que aprobó el Congreso el pasado mes de diciembre.
¿Y en el resto de Europa?
España es uno de los pocos países de la UE en los que no se utiliza toda la vida laboral del trabajador para determinar cuánto dinero recibirá tras jubilarse. Sólo en Francia se seleccionan los 25 mejores años de cotización para hacer la cuenta y en Malta los 10 mejores años de los últimos 41. En Portugal, los últimos 40 años. Eslovenia escoge los 24 mejores años consecutivos.
Pero Alemania, Bélgica, República Checa, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Noruega toman las cotizaciones de la vida laboral completa del trabajador para calcular la cuantía de la pensión. Dinamarca y Países Bajos cuentan los años de residencia en el país. En Irlanda y Reino Unido, donde una parte importante de la cuantía final es un tanto alzado, los años de cotización son irrelevantes en el cómputo. Finalmente, en Suecia, el cálculo se hace sobre la base de un tanto por ciento del salario cobrado y sobre el que se ha cotizado cada uno de los años. Son datos que recoge el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea.
“Es un tema [la ampliación del periodo de cálculo de la pensión] que ni ha existido ni va a existir”. Así quiso zanjar ya en enero de 2021 el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la polémica que había desatado la intención del Gobierno de aumentar de 25 a 35 años el número de años de cotización que se usan para fijar la cuantía de la pensión de jubilación. Las referencias a esa medida en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a Bruselas y los cálculos que habían aparecido en un documento elaborado por el propio ministerio suscitaron el rechazo inmediato tanto del socio de la coalición, Unidas Podemos, como de los sindicatos.