España evita el recorte de fondos estructurales gracias a los nuevos criterios de reparto de Bruselas

España esquiva el tijeretazo en política de cohesión planteado por Bruselas para el periodo 2021-2027, el primer marco financiero plurianual (MFP) sin Reino Unido. La Comisión Europea presentó este lunes su propuesta de reparto por países de los fondos estructurales –Fondo de Cohesión, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo–, una partida que el Ejecutivo comunitario propone recortar con el objetivo de satisfacer las nuevas prioridades europeas de seguridad, defensa o control fronterizo. Y España, al igual que el resto de países del Sur, ha salido beneficiada en la distribución. Bruselas, que ha introducido nuevos criterios en el cálculo del reparto, plantea destinar a la economía española unos 34.000 millones de euros –a precios constantes de 2018, sin tener en cuenta la inflación– en esta materia, un 5% más que en el actual marco financiero plurianual (MFP).

Para el periodo 2021-2027, la Comisión Europea propone destinar 331.000 millones de euros en ayudas regionales a los Estados miembro, casi un 10% menos que en los últimos presupuestos elaborados –excluyendo a Reino Unido, el MFP 2014-2020 distribuyó en esta materia unos 367.000 millones de euros–. Un tijeretazo que pagarán, sobre todo, los que hasta la fecha habían sido los principales beneficiarios de la política de cohesión. El Ejecutivo comunitario defiende una redistribución de estos fondos desde los países del Este y centroeuropeos hasta los países del Sur. Y eso da alas a España, que por el momento esquiva el recorte –las cifras todavía no son definitivas y tienen que ser negociadas por los países miembro–. Así, Bruselas propone aumentar un 5% la dotación a la economía española en esta materia, que pasaría de los 32.400 millones de los últimos presupuestos a 34.000 millones.

El incremento de España es fruto de la introducción por parte de Bruselas de nuevos criterios para otorgar estos fondos, que buscan mitigar las brechas socioeconómicas entre los países y regiones de la Unión Europea. Hasta ahora, se prestaba atención fundamentalmente a la diferencia entre el PIB per cápita de la región y la media europea. Sin embargo, para el nuevo marco financiero plurianual se ha puesto sobre la mesa “una modificación del método” para “reflejar la evolución de las disparidades en el transcurso de los últimos años”. Así, aunque el PIB seguirá siendo el factor principal (tendrá un peso del 81% en el cálculo), el Ejecutivo comunitario ha incluido otras variables como el mercado laboral (ponderado al 15%) y el cambio climático o la acogida de refugiados (ponderado al 4%). El objetivo es “reflejar mejor la situación socioeconómica sobre el terreno”.

"Muchas regiones aún lidian con altas tasas de paro, otras enfrentan inmigración, no podemos olvidar esto", dijo la comisaria de Política Regional, Corina Cretu. Durante la rueda de prensa en Estrasburgo, la política rumana señaló además que el criterio de la inmigración, que tiene poco peso, es un “incentivo” para todos aquellos países que han soportado una gran carga migratoria. Con todas estas modificaciones, España seguirá siendo el tercer país que más dinero recibe de la política de cohesión, sólo por detrás de Polonia e Italia, a los que según el borrador de Bruselas les tocará en el próximo periodo presupuestario 64.400 y 38.600 millones de euros, respectivamente. Y, a la espera de lo que suceda finalmente el próximo viernes con los recortes en Política Agraria Común (PAC), España puede que continúe manteniéndose como receptor neto de fondos comunitarios.

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El nuevo reparto planteado por el Ejecutivo europeo también da un buen empujón a otros cinco países: Finlandia, Italia, Grecia, Bulgaria y Rumanía. Según la propuesta de la Comisión, el país nórdico debería recibir en el futuro marco presupuestario unos 1.600 millones de euros, un 5% más. Bruselas, además, plantea que en ese periodo desembarquen en suelo italiano unos 38.600 millones de euros y en territorio heleno unos 19.200 millones de euros, un incremento del 6% y del 8%, respectivamente. Bien parados salen también de la distribución presentada Bulgaria y Rumanía, para los que Bruselas propone ayudas para reducir las divergencias de 8.900 millones y 27.200 millones, lo que supone en ambos casos un incremento del 8% en comparación con las cantidades que se plantearon en el actual marco financiero plurianual.

Por el contrario, los principales perjudicados en el nuevo reparto son Hungría, Lituania, Estonia, República Checa, Malta, que experimentan recortes del 24%, y Polonia, que sufre un tijeretazo del 23%. El Ejecutivo comunitario también ha planteado caídas superiores al 20% para Eslovaquia, que pasa de 15.100 millones a 11.800 millones, y para Alemania, que recibiría según el borrador de la Comisión 15.700 millones –en los anteriores presupuestos le tocaron unos 19.800 millones–. Algo más suaves son los recortes que se plantean en el caso de Letonia, Irlanda (reducción del 13% cada uno), Eslovenia (9%), Portugal (7%), Croacia (6%) y Francia (5%). En este sentido, Bruselas ha establecido una “red de seguridad” que impide que ningún país pueda experimentar una reducción de las asignaciones superior al 24% aunque los nuevos criterios marquen caídas mayores.

Además, la Comisión Europea ha propuesto mantener la clasificación de las regiones en tres categorías, aunque en este punto también se introduce alguna modificación importante. Así, se considerarán regiones “desarrolladas” todas aquellas que tengan un PIB igual o superior a la media; “en transición” las que tengan un PIB de entre el 75% y el 100%; y “menos desarrolladas” las que tengan un PIB menor al 75%. El principal cambio en este sentido afecta a la horquilla del segundo grupo, que hasta la fecha se mantenía en el 75%-90%. De esta manera, en el primer rango se encontrarán Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. En el segundo, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Murcia, Baleares y Canarias. Y el grupo de regiones “menos desarrolladas” lo conformarán Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.