Cerrar puertas giratorias y regular 'lobbies', los deberes que la OCDE pone a España para combatir la corrupción

La corrupción es una grieta que puede llegar a ser significativa para democracias y economías. De hecho, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado este año por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. En ese contexto, en el informe rotulado como Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024, elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), se han analizado los esfuerzos de las naciones de esa órbita para batallar contra ella y, en el caso concreto de España, se puede concluir que presenta fortalezas y debilidades.

Si bien la mayoría de los Estados de la esfera de la OCDE han adoptado un enfoque estratégico sobre la integridad y la lucha contra la corrupción, lo que permite a los gobiernos “identificar desafíos, establecer prioridades y objetivos, definir acciones específicas para lograr los resultados deseados”, fijar “responsabilidades”, así como “facilitar la implementación efectiva a través de procesos de monitoreo y evaluación basados en indicadores para medir el éxito”; no es el caso de España, que carece de él. Con lo que tampoco se puede medir el nivel de ejecución de las acciones previstas en esta materia, que es de media de un 67%, entre los territorios que cuentan con esa baza.

De lo que sí dispone España, y así se refleja en el documento consultado por Infolibre, es de “directrices sobre prevención del fraude y la corrupción como parte de los procesos de control interno”. El 70% de los países diseccionados las ha publicado y el 71%, entre ellos España, aborda explícitamente estos riesgos en su marco de gestión de peligros.

Con todo, la OCDE avisa de que la auditoría interna “sigue siendo un instrumento de gobernanza subutilizado contra la corrupción” y de que algunos estados no extienden la cobertura de ésta “al presupuesto público completo”. De nuevo, España está en el bloque de los que no recoge “los datos necesarios para poder evaluar” ese aspecto de la lucha contra el fraude, junto a Australia, Austria, Dinamarca, Estonia, Japón y Luxemburgo.

Otro de los conceptos ligados a la corrupción sobre el que se ha puesto la lupa es el cabildeo o lobbying. “Una actividad cada vez más compleja”, advierten en el informe, con riesgos y operadores cambiantes. “Entre los que buscan influir en la formulación de políticas se incluyen ahora asociaciones comerciales e industriales, ONG, grupos consultivos y de expertos, grupos de enlace parlamentario, instituciones académicas y centros de pensamiento…”, se enumera. Y se añade que “el cabildeo es una de las áreas de integridad pública más sub reguladas en los estados miembros de la OCDE”. De hecho, sólo 11 países cuentan con un código de conducta que regulariza las interacciones entre funcionarios públicos y lobbystas, “respaldado por ejemplos prácticos de comportamientos y situaciones de riesgo o indeseables”. “Esto significa -se apostilla- que es posible que los países restantes no estén estableciendo las normas a las que los grupos de interés o cabildeo deben adherirse lo más claramente posible, dejando las políticas y la toma de decisiones abiertas a prácticas e influencias indeseables por parte de grupos”. España no tiene definiciones ni para los grupos de interés o sus miembros ni para las sanciones a imponerse.

En comparación con lo que sucede con el lobbying, la mayoría de los países de la OCDE poseen normas estrictas para prevenir y gestionar los conflictos de intereses, la financiación política y el acceso a la información. Por ejemplo, se han desarrollado normativas para marcar circunstancias y relaciones que puedan dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los funcionarios públicos, o la obligación de los miembros del Gobierno o de los Parlamentos de presentar una declaración de intereses, como mínimo al entrar en el cargo y si se produce una renovación o un cambio de lugar. En promedio, los estados de la OCDE “cumplen con el 76% de los criterios de regulación” y, en este apartado, España supera en algo esa media y, sobre todo, más que dobla el 40% de la ejecución práctica promedio. Además, se encuentra entre los sólo ocho territorios que “verificaron al menos el 60% de las declaraciones de activos e intereses en los últimos dos años”.

No se sigue la pista a ministros o altos funcionarios

No está tan controladas, en cambio, las llamadas “puertas giratorias”, un fenómeno que “puede dar lugar a conflictos de intereses entre los titulares de cargos públicos, con una influencia indebida en la elaboración de políticas públicas y ventajas comerciales injustas”, se alerta. La OCDE incluye a España entre los estados que “tienen períodos de reflexión obligatorios para los funcionarios públicos” que dejan sus puestos, pero también entre los que no hace seguimiento de los movimientos de ministros o altos funcionarios “en sectores” laborales que “antes regulaban”, cuando ocupaban el sillón público. Es decir, quedan deberes por hacer en relación a esta práctica.

Sí se está en la parte alta de la tabla comparativa en lo que respecta a la financiación de los partidos, ya que España forma parte de las naciones en las que se ha prohibido las donaciones anónimas, las contribuciones financieras de estados y empresas extranjeras y de las empresas de propiedad pública a aquéllos. Junto a esto, existe un órgano de supervisión independiente para desentrañar las finanzas partidarias como es el Tribunal de Cuentas.

Y la apertura de datos es otro aspecto en el que se destaca. A la cabeza de la transparencia están 17 países en los que se requiere que la información sea accesible por defecto, como sucede en España, respecto de la información gubernamental. Asimismo, la normativa vigente determina que “toda persona tiene derecho de acceso a la información pública, lista de conjuntos de datos e información que deba divulgarse”, subrayan en el trabajo de la Dirección de Gobernanza Pública. Lo que no significa que no falte trabajo por hacer o sinergias que mejorar entre los múltiples portales de las administraciones públicas que están operativos, como ha indicado ya la Oficina Independente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

Retos por afrontar

Más allá de los escenarios poliédricos y diferenciados por grupos de países, en el informe se anota que se han detectado deficiencias comunes como la necesidad de acometer los riesgos emergentes de corrupción “relacionados con la transición verde” o la conveniencia de “incorporar urgentemente consideraciones sobre injerencia extranjera”, entendida como tal, en términos generales, “el intento de influir indebida y negativamente en el sistema político, la economía, la sociedad, el medio ambiente o el espacio de información de los estados objetivo por parte de agentes extranjeros”. En ese punto, se sostiene que “con el aumento de las tensiones geopolíticas, las potencias extranjeras buscan cada vez más formas de interferir en los procesos de toma de decisiones públicas de los países de la OCDE y sus socios y en los debates públicos más amplios de las democracias”. De ahí que se inste a “mejorar su comprensión de los riesgos” que esto conlleva y, en particular, “de cómo la eficacia de sus marcos de integridad puede influir en esos riesgos”.

De igual manera, desde la OCDE se recomienda a los miembros de ese entorno “aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta clave contra la corrupción”, dado que, en la actualidad no se puede obviar que ésta puede utilizarse como arma para "influir en el debate político y en la formulación de políticas públicas". Ello, sin olvidar que “ajustar las políticas y prácticas de cabildeo (lobbying), conflictos de intereses y las políticas y prácticas de financiamiento político es crucial para salvaguardar la prosperidad y los sistemas democráticos de los países de la OCDE”, se recalca en el documento desgranado.

La reprobación muda y no seguir dando pasos hacia adelante no parece ser el camino por andar, sobre todo cuando, como apuntan los técnicos de Hacienda José María Mollinedo y Carlos Cruzado, en el libro Los ricos no pagan IRPF, otro informe que combinó las estimaciones de economía sumergida y el Índice de Percepción de la Corrupción "encontró una alta correlación entre la corrupción y la economía sumergida": cuanta más de una, más de otra.

"La corrupción y el blanqueo no nos pueden dejar indiferentes", defienden los autores, porque los ciudadanos soportan la primera dos veces: "Una cuando pagamos impuestos que después son desviados en interés particular y otra cuando las empresas incluyen en el precio de venta los sobornos pagados a gobiernos, partidos políticos u otras empresas", cierran.