Hipotecas
Los gastos hipotecarios que se pueden seguir reclamando a pesar de la sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo ha protagonizado este miércoles un duro golpe a los reclamadores de abusos por parte de la banca en sus hipotecas. El pleno de la Sala Primera del Alto Tribunal ha dictaminado que los clientes deben pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas. Sin embargo, abogados especializados en la materia aseguran a infoLibre que, si bien este gravamen supone dos tercios de lo que los hipotecados podían reclamar, aún hay otros gastos de hipoteca que se pueden pedir a la entidad y que pueden ascender a hasta 1.200 euros. Estos gastos, que no entran dentro de lo que ha juzgado el Supremo, supondrían "unos 5.000 millones de euros para la banca", en caso de que todos los afectados lo reclamaran, asegura el bufete de abogados especializado Reclamaciones Generales a través de la plataforma Reclama por Mí.
El Supremo ha dado a conocer su posición a través de una nota de prensa. La sentencia aún tardará unos días en hacerse pública. El texto, calificado de "ambiguo" por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae), estima solo en parte dos recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que condenaba a dos clientes a abonar el impuesto. La sentencia establece que por la constitución del préstamo, el pago incumbe al titular de la hipoteca, pero en cambio por el timbre de los documentos notariales, el impuesto corresponde a la matriz, que se abonará "por partes iguales" entre el prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite. Pero el Supremo solo se pronuncia con respecto a estos tres elementos, y no al respecto de otros gastos que no entra a analizar, algo que el presidente de Adicae, Manuel Pardos, asegura "no entender", dado que se ha perdido una oportunidad, considera.
El propio Supremo estableció en 2015 que los bancos no podían establecer cláusulas que obligaran a los clientes a asumir absolutamente todos los gastos derivados de la hipoteca: son cláusulas abusivas. Ahora, en lo relativo al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, rectifica en parte, ahorrándole a las entidades pagos que, en total, podían suponer cifras astronómicas, de 22.437 millones de euros en total, según un informe de septiembre de 2017 de Kepler Cheuvreux. Sin embargo, otras reclamaciones no entran en el análisis de la sala, como reconoce en la nota: "En el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados".
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El bufete de abogados consultado enumera cuatro gastos concretos que se pueden seguir reclamando: los gastos de notaría (los honorarios que pagamos al notario por dar de fe las escrituras), los gastos de registro de la propiedad (necesario en toda compraventa de vivienda), los gastos de gestoría para realizar los trámites y los gastos de tasación de la vivienda. "Puede reclamar toda persona que haya firmado una hipoteca, incluso aunque lo haya hecho hace 30 años", remarcan. Adicae coincide en el análisis, pero se lamenta de que el impuesto que a partir de ahora, tras la sentencia del Supremo, recae inequívocamente en los consumidores, era la mayor parte de los gastos que se podían reclamar. Como mucho son 1.200 euros, una tercera parte de lo exigido hasta ahora por muchos clientes, y a los que han dado la razón numerosas sentencias de Audiencias Provinciales.
Sin embargo, otras, como la de Oviedo que ha provocado el pronunciamiento del Supremo, les dieron la razón a la banca. Una "inseguridad jurídica" cuyo fin celebran las entidades financieras, según fuentes recogidas por Europa Press. El fallo del Supremo, a su juicio, "pone orden" en relación a los casos judiciales relacionados con los gastos hipotecarios, y, además, creen que la sentencia frenará "el aluvión" de demandas interpuestas contra la banca en relación a los gastos hipotecarios.
Adicae, por su parte, ha anunciado una "ofensiva" de movilización contra la "resolución probanca" del Supremo. La asociación "convocará a asambleas a los millones de afectados por gastos hipotecarios y conformará comités por toda España, que ya están funcionando en su plataforma hipotecaria, para presionar a las instituciones", afirman en una nota difundida a los medios. Pardos asegura que el tema llegará a la justicia europea que, a su juicio, debe dar la razón a los consumidores y condenar a la banca a sufragar todos los gastos. La normativa europea de protección de los consumidores en los contratos masivos y de adhesión, asegura, defiende que el cliente debe estar protegido al máximo en caso de estos contratos, que la transparencia debe ser total y que se debe actuar de buena fe. Algo que no se ha dado en los contratos hipotecarios, mantiene la asociación.