El Gobierno andaluz sigue pagando 30 pólizas de los ERE y ha abonado más de 64 millones en ayudas

El goteo de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han concedido amparo total o parcial a ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados en la pieza política del llamado en corto caso ERE, incluidos dos ex presidentes autonómicos, han traído la causa judicial de vuelta a la actualidad. Ha provocado, de hecho, varios cruces de acusaciones entre el PSOE-A y el actual Gobierno regional del PP comandado por Juanma Moreno a cuenta del dinero defraudado que los populares siguen cuantificando en más de 680 millones de euros y ha provocado que los socialistas hayan presentado cuatro demandas contra 11 dirigentes de PP y Vox que habían acusado al partido de “ladrones” o de “robar a los andaluces”.

El revuelo que supuso el macrocaso llevó a cambiar el sistema que había permitido sostener las ayudas públicas que sirvieron para pagar las prejubilaciones de los empleados incluidos en los ERE (expedientes de regulación de empleo) de la polémica. De hecho, un Ejecutivo andaluz aún del PSOE dio luz verde al Decreto Ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, que dio cobertura legal a los pagos a partir de esa fecha. En esa nueva normativa se detallaron las pólizas a seguir alimentando con dinero público y en noviembre de aquel año el Parlamento regional convalidó el decreto con los votos a favor del PSOE e IULV-CA y la abstención del PP.

Preguntado por el estado actual de esas pólizas vinculadas a los ERE, el Gobierno andaluz contesta desde la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral que en el decreto de 2012 se recogían “un total de 49” pólizas, pero en uno de los casos la aseguradora que debía hacerlo no propuso solicitud de novación y, “tras la entrada en vigor de la Ley 1/2016, de 1 de marzo”, se añadió una más, que “inicialmente contaba con 182 beneficiarios”.

“El procedimiento que se ha establecido para la novación de pólizas en el Decreto-ley 4/2012 pretende dar la máxima seguridad jurídica" y "garantizar el cálculo económico de las ayudas a conceder a aquellos ex trabajadores que cumplan los requisitos establecidos en la citada norma”, indica el Ejecutivo regional, vía el portal de transparencia. Añaden que se ha fijado un procedimiento anual de seguimiento para “garantizar la seguridad jurídica consistente en que cada año, antes del 31 de marzo, las compañías aseguradoras están obligadas a presentar la documentación justificativa de la situación en la que se encuentran los ex trabajadores beneficiarios de cada una de las pólizas novadas que cuentan con financiación pública”, así como de “las rentas abonadas y la acreditación de las cuotas ingresadas del Convenio Especial suscrito con la Seguridad Social, en su caso”.

“En la actualidad, habiendo sido renovadas las 50 pólizas (la última en 2021) -admiten-, se está trabajando en el seguimiento de unas treinta pólizas, puesto que las demás ya han finalizado al haberse jubilado todos los asegurados”. Trabajo insiste en que se está llevando a cabo un “control del cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios” y se escuda en él para asegurar que no pueden precisar aún “una cifra estimada del coste pendiente de financiación”.

El Gobierno andaluz recuerda, asimismo, que “existen al menos 26 procedimientos judiciales pendientes de ejecutar, cuyas cuantías a priori están pendientes de determinar, además de sus correspondientes intereses”.

"Es evidente que han mentido"

Al margen de los tribunales, según la información que maneja el PSOE andaluz a través de iniciativas parlamentarias que han ido formulando entre 2019 y 2024, períodos de equipos ya de Moreno, se habrían presupuestado más de 202 millones para la partida presupuestaria que alimenta las ayudas de los ERE, la 31L. El pago realmente materializado rondaría los 64,5 millones de euros.

“Uno podría pensar que si el PP califica los ERE como un gran robo de 680 millones se debería haber opuesto a que la Junta siguiese asumiendo el abono de las ayudas que quedaban pendientes, pero no, han continuado haciéndolo porque la inmensa mayoría de las ayudas concedidas a los trabajadores eran correctas”, mantiene el parlamentario socialista autonómico Josele Aguilar.

“Es evidente que han mentido y en ningún caso se opusieron al decreto que permitió cobrar el dinero, como luego no se han negado a hacer los pagos”, asegura. En ese punto, el diputado andaluz anota que ya en 2012 la Cámara de Cuentas de Andalucía "dejó meridianamente claro" en el Informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales de los ejercicios 2001-2010 que "en ningún caso había existido un fraude de 680 millones”. 

"En ese informe -continúa- se señala que, de los 6.400 trabajadores beneficiarios de las ayudas, sólo 126 no habrían tenido derecho a las mismas y que el Gobierno del presidente Griñán ya había iniciado en aquel año 189 procedimientos de revisión de oficio de ayudas concedidas a empresas”.

A juicio del parlamentario socialista, "el PP siempre ha sabido que mentía al afirmar que había habido un robo de 680 millones, pero ha insistido en su mentira como herramienta para conseguir lo que en las urnas no podía: derrotar al PSOE de Andalucía” remarca Aguilar.

Moreno estudia llevar los ERE a Europa

La gestión y repercusiones políticas del caso siguen de actualidad. Este mismo domingo se ha conocido la intención de Moreno de llevar a la Justicia europea el fallo del Tribunal Constitucional sobre el los ERE "si no lo hace la Audiencia provincial". Eso sí, el líder del PP andaluz ha precisado que, si se llega a esa situación, habrá que estudiar, desde el punto de vista jurídico, "la fórmula más viable para elegir el camino correcto" y así evitar "errores con efecto bumerán que sea utilizado por otros particos para decir '¿veis como no teníais razón?'".

En una entrevista con el periódico ABC, el presidente andaluz ha ha asegurado que "sintió estupor" al conocer el dictamen del Tribunal Constitucional. "He visto trabajar durante muchos años a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los medios de comunicación, jueces, magistrados y fiscales, muchos de ellos maltratados por el poder existente en esa época en Andalucía. No es habitual lo que ha sucedido, no es lógico", ha señalado Moreno.