La historia española del programa espía Pegasus es la del cazador cazado. La de un gobierno que supuestamente espía a dirigentes políticos que amenazan con la independencia de parte de su territorio y que, al mismo tiempo, es espiado presuntamente por otro Estado con el que mantiene una tensa relación. En abril de 2022, Forbidden stories publicó un informe de Citizen Lab –un organismo de ciberseguridad de la Universidad canadiense de Toronto– según el cual 63 dirigentes de los partidos catalanistas ERC, Junts y CUP, así como miembros de las entidades cívicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural, habían sido espiados entre 2015 y 2020 con el programa espía israelí, un diseño de la empresa NSO Group, que sólo se lo vende a gobiernos.
El programa no es muy distinto de Predator, desarrollado por Intellexa y vendido por Nexa y sobre el que infoLibre publica estos días una extensa investigación que desvela ventas de material de vigilancia a dictaduras con complicidad europea [ver aquí]. En realidad, Pegasus se le adelantó técnicamente, porque puede infectar teléfonos móviles sin necesidad de que la víctima haga clic en ningún enlace. Pero ambos comparten habilidades para convertir el móvil atacado en un auténtico espía, activando el micrófono y la cámara. Para entonces ya ha capturado todos los datos del teléfono, desde contactos hasta mensajes de Whatsapp, Signal o Telegram.
Las sospechas sobre quién estaba detrás de la maniobra se dirigieron automáticamente hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de inteligencia español. A partir de 2015 el Gobierno ha librado una intensa batalla política contra el independentismo catalán, tras el intento fallido de referéndum en esa comunidad autónoma, la salida a Bélgica de su entonces presidente, Carles Puigdemont, y el procesamiento judicial y encarcelamiento de algunos de los principales dirigentes soberanistas catalanes.
Pero sólo unas semanas después de publicarse el informe de Citizen Lab, fue el propio Gobierno el que anunció que tanto su presidente, Pedro Sánchez, como tres de sus ministros –los del Interior, Defensa y Agricultura– habían sido igualmente espiados con el programa Pegasus en mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos. En este caso las miradas acusadoras se dirigieron hacia Rabat. En aquellos días, las fuerzas de seguridad marroquíes permitieron que miles de sus conciudadanos cruzaran la frontera en Ceuta, como respuesta al permiso que el Gobierno español había otorgado a Brahim Ghali, el máximo dirigente del Frente Polisario, que defiende la independencia del Sáhara Occidental frente a Rabat, para que fuera hospitalizado en La Rioja.
Según reveló el Gobierno, los móviles del presidente y los ministros sufrieron “intrusiones consumadas” que permitieron extraer un considerable volumen datos. Las escuchas, aseguró, eran “ilícitas” y “externas”, y fueron descubiertas después de que se realizara una revisión exhaustiva de los teléfonos precisamente a raíz de la publicación del informe de Forbidden Stories. De ahí que la Abogacía del Estado presentara una denuncia en la Audiencia Nacional para que investigara el espionaje.
Desde entonces, se han sucedido las denuncias en los tribunales, también los intentos de investigación parlamentaria de ambos espionajes. Pero sin mucho éxito. La denuncia del Gobierno en la Audiencia Nacional quedó archivada el pasado mes de julio por la “absoluta falta de colaboración” de Israel, que no ha contestado a ninguna de las comisiones rogatorias enviadas por el juez español.
En los tribunales
Antes incluso de que se publicara el informe de Citizen Lab, en julio de 2020, el expresidente del Parlamento catalán Roger Torrent y el diputado de ERC Ernest Maragall ya habían presentado una querella que igualmente fue archivada por un juez de Barcelona por la falta de colaboración de Israel.
El mismo juzgado instruye las denuncias de otros tres diputados de la CUP y otro magistrado investiga la presentada por el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonès. Además, un tercer juzgado de Barcelona tiene a su cargo la demanda de otros dos diputados de ERC, Josep María Jové y Diana Riba, que denuncian haber sido espiados en 2019: el primero piensa que lo fue mientras negociaba la investidura de Pedro Sánchez y la segunda sospecha que fueron escuchadas las conversaciones que mantenía con su marido, Raül Romeva, condenado por el proceso soberanista. Este juez ha pedido que se cite como investigada a la empresa israelí NSO Group, y como testigo a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro.
Tres comisiones de investigación
Los nombres de estos dos diputados aparecen entre los 63 espiados según el informe de Citizen Lab, pero el Gobierno niega que los investigara. Cuando se hizo público el escándalo, la entonces directora del CNI, Paz Esteban, compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, pero sólo reconoció que el CNI había espiado a 18 de esos 63 políticos catalanes. Y siempre con autorización judicial. Entre esos 18 sí se encuentra Aragonès, pero no Jové y Riba. Paz Esteban fue destituida apenas cinco días después de esta comparecencia. Fue la cabeza que el Gobierno sacrificó para salvar su relación con ERC, sus socios parlamentarios.
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Pero la crisis está lejos de haberse cerrado. El Parlamento catalán ha creado una comisión para investigar el espionaje telefónico a los líderes soberanistas, en la que han rechazado comparecer tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su antecesor, Mariano Rajoy. Otra comisión abierta en el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de mayo un informe en el que pedía a las autoridades españolas que investigaran de forma “completa, justa y exhaustiva” la vigilancia a la que se había sometido a los políticos catalanes, pero también las escuchas a los ministros y el presidente Sánchez. Y en agosto, en plenas negociaciones entre el PSOE y sus posibles socios tras unas elecciones de las que no ha salido una mayoría de gobierno, los socialistas pactaron con los partidos catalanes que se cree una comisión de investigación sobre el caso Pegasus en el Congreso. Tanto en lo que atañe a los dirigentes independentistas como a los ministros espiados.
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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).
La historia española del programa espía Pegasus es la del cazador cazado. La de un gobierno que supuestamente espía a dirigentes políticos que amenazan con la independencia de parte de su territorio y que, al mismo tiempo, es espiado presuntamente por otro Estado con el que mantiene una tensa relación. En abril de 2022, Forbidden stories publicó un informe de Citizen Lab –un organismo de ciberseguridad de la Universidad canadiense de Toronto– según el cual 63 dirigentes de los partidos catalanistas ERC, Junts y CUP, así como miembros de las entidades cívicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural, habían sido espiados entre 2015 y 2020 con el programa espía israelí, un diseño de la empresa NSO Group, que sólo se lo vende a gobiernos.