El Gobierno opta por encapsular a los migrantes en Canarias y evita una acogida integral y la ayuda de otras autonomías

El Gobierno se volcó este viernes en el frente migratorio con la vista puesta en la situación en las Islas Canarias, comunidad a cuyas costas se calcula que han llegado 18.000 migrantes desde el 1 de enero y en la que la situación se ha agravado en las últimas semanas con el foco en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria). A Canarias se trasladaron los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska viajó a Rabat para mantener un encuentro con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. Y la titular de Exteriores, Arancha González Laya, se encuentra en Ginebra, donde su intención era pedir apoyo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para gestionar las repatriaciones de migrantes "irregulares".

Esta reacción coordinada de diferentes departamentos del Gobierno llega días después de que Partido Popular y Ciudadanos, también Podemos Canarias, pidiera la dimisión del titular de Interior.

Las líneas generales de la respuesta del Ejecutivo a esta crisis están en el bautizado como Plan CanariasPlan Canarias con el que Escrivá viajo a las islas bajo el brazo: 7.000 plazas propias de acogida en siete nuevos espacios que estarán listas "en muy breve plazo de tiempo". 

"Con estas plazas, el ministerio tendrá capacidad de afrontar posibles incrementos de llegadas con mayor seguridad y flexibilidad que ahora", mantuvo Escrivá. "Hace un año, el número de plazas de emergencia que había en Canarias no llegaba al centenar mientras que ahora mismo tenemos disponibles más de 7.000, fundamentalmente en alojamientos hoteleros". Ahora, añadió, "nuestro objetivo es tener mayor capacidad de reacción y flexibilidad a corto plazo".

La habilitación de nuevas plazas, unida al rechazo de Interior de trasladar a parte de estos migrantes a otras comunidades autónomas, en definitiva a la Península, supone un "bloqueo" de estos, un "encapsulamiento" en Canarias, como han venido insistiendo desde las organizaciones que trabajan con estos colectivos. Algo que, apuntan, sigue el ejemplo de lo ocurrido en Melilla en los últimos años con independencia de que al frente del Gobierno estuviera la izquierda o la derecha. 

Para las organizaciones que trabajan sobre el terreno, el hecho de que se dote de plazas de acogida a la comunidad no implica que se pueda hablar de una "acogida integral". Se trata también de garantizar asistencia jurídica y, por supuesto, traductores.

Casi al mismo tiempo que Escrivá presentaba este plan, desde Marruecos, Grande-Marlaska insistía en la negativa a los traslados masivos de migrantes desde Canarias a la Península. "Cuando se habla de traslado a la península, digo: hay que luchar contra la emigración irregular, y evitar que se establezcan vías de entrada irregular a Europa".

Sobre esta misma cuestión de los traslados, el titular de Interior insistió en diferenciar que "los que son irregulares, y no acreedores de protección, hay que proceder a su devolución". Grande-Marlaska rechazó recurrir a "atajos" para frenar la llegada de migrantes a Canarias. "Protección a los más vulnerables y, evidentemente, con aquellos irregulares proceder al retorno con todas las garantías legales", resumió.

Según informó el ministerio, el titular de Interior había trasladado a su homólogo marroquí "la necesidad de incrementar la colaboración en los diferentes ámbitos de la política migratoria (control de los flujos, intercambio de información policial y operaciones contra las organizaciones criminales que trafican con personas, entre otros) especialmente en la ruta de la fachada atlántica hacia las Islas Canarias".

¿Tensiones entre Grande-Marlaska y Escrivá?

Comunidades como la Valenciana, Castilla y León, Navarra o Extremadura ya han mostrado su disposición a contribuir para hacer frente a la crisis que sufre Canarias por el aumento de la presión migratoria. Pero todavía no ha habido una respuesta clara del Gobierno mientras desde las islas demandan con insistencia una política de derivaciones. Fuentes conocedoras de este proceso apuntan a una batalla entre Interior, reacio a los traslados, y Migraciones, abierto a estudiarlo.

"Estamos dispuestos a contribuir con la solidaridad que necesite Canarias con la parte que nos corresponde", señaló en vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea (Ciudadanos). 

Casado, también a Canarias

Este sábado, el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, se desplaza a la Isla de El Hierro, "donde mantendrá una reunión con miembros de Cruz Roja y conocerá de primera mano la situación del archipiélago ante la llegada masiva de inmigrantes", informan fuentes conservadoras. Tras el encuentro, tiene previsto atender a los medios de comunicación.

Ábalos asegura que los campamentos son provisionales y que la intención es que los migrantes regresen a sus países

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En línea con su programa electoral y con la posición tradicional del PP en materia de migración, el jefe de los conservadores abogará por una política de inmigración "legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo".

Además, mediante una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, el PP exige larepatriación urgente de los migrantes en situación irregular que están en el muelle canario de Arguineguín y también de todos los que lleguen a las costas españolas. Es complicado que a Casado le salgan las cuentas para sacar adelante esta iniciativa que, en todo caso, no tiene efecto. Las proposiciones no de ley sirven para fijar posición política. Pero no obligan a nada.

El Ejecutivo mantiene que esta comunidad es una "prioridad absoluta" y que la política migratoria ha de tener tres enfoques: actuación en los países de origen y de tránsito, más recursos y una respuesta conjunta y coordinada de la UE. El volumen de inversión prevista para Canarias en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 es de casi 7.000 millones de euros.