El Gobierno quiere acabar con la temporalidad más alta de Europa: 137 millones de contratos de 2012 a 2019

Dicen que esta vez será la vencida: si prospera el diálogo social, sería la duodécima reforma laboral desde 1984. ¿Qué pasó en 1984? Que el entonces bisoño Gobierno de Felipe González pactó con la patronal CEOE y el sindicato UGT abrir las puertas a la contratación temporal, figura que por entonces no existía. En 1984 también se empezó a romper el principio de causalidad en el que en teoría se basa el mercado de trabajo: el resultado es que España siempre ha tenido un elevado desempleo —exceptuando la época de la burbuja— y, desde entonces, una temporalidad altísima. Todo ello comparado con los estándares europeos. 

"Desde entonces hablamos de temporalidad en todas las reformas. Se intenta combatir y no se consigue. Porque hay una fuerte cultura empresarial de la temporalidad", define la profesora de Derecho del Trabajo y ex secretaria de Estado Luz Rodríguez. 

Es, de hecho, la temporalidad más alta de la UE, cercana al 25%. Uno de cada cuatro contratos. Una lacra que se agravó desde la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012: según datos del Ministerio de Trabajo, de 2012 a 2019 se registraron en España algo más de 150 millones de contratos (150.621.133) para una población activa media en ese periodo de 15,2 millones. La razón: el 91% de todos los contratos firmados, 137 millones, fueron contratos temporales. Solo 13,5 millones fueron indefinidos o estables.

En 2012 la entonces ministra de Empleo Fátima Báñez confiaba en que las ETT redujeran la temporalidad. Ocurrió lo contrario. Con esa reforma laboral en vigor que ahora la vicepresidenta y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, piensa derogar, se batió en 2019 el récord de contratos temporales en un solo año, por delante incluso de años de prosperidad como el lapso que va de 2005 a 2007: 22,5 millones de contratos. "Creo que es muy importante que tanto la reforma laboral en su conjunto como el capítulo de la temporalidad tengan un final dialogado", resalta el último ministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez. "Que sea fruto del consenso. Esto no es baladí: si se me apura, es tan importante como sus contenidos, porque aportaría estabilidad y credibilidad. Hay que abandonar la idea de que este tipo de normas pueden cambiar al albur del ciclo político. En 2012 ni siquiera se intentó: se despreció".

Así las cosas, esta vez la ofensiva contra la temporalidad implica a tres ministros: Díaz, la más activa, que ha trasladado recientemente una batería de propuestas a la mesa del diálogo social; José Luis Escrivá, al frente de Seguridad Social, que ha dicho que quiere "desincentivar" los contratos de corta duración, aunque rehúye de momento verbos como "penalizar" o "sancionar". Y Miquel Iceta, de Función Pública, al que le toca encarar otro gravísimo problema: la temporalidad en las Administraciones Públicas, que es un punto superior a la media del país y afecta desde hace mucho tiempo a docentes, sanitarios, investigadores... 

El Gobierno ha remitido sus intenciones a Bruselas, y no hay recomendación de la Unión Europea en la que este problema no se refleje. "El modelo actual no puede continuar", señalan fuentes del equipo de Yolanda Díaz. "Es un modelo obsoleto que deriva en tasas de temporalidad que no se dan en nuestro entorno europeo. Hay que vencer las resistencias culturales y cambiar la inercia de 41 años en la que nadie se encuentra cómodo". Estos son, a grandes rasgos, los cuatro ejes de actuación del Ejecutivo: 

1. Convertir a trabajadores temporales en fijos

Corresponde a Yolanda Díaz la iniciativa y, como el resto de medidas, necesita pulirse en la mesa de diálogo. Recientemente Trabajo presentó un borrador que apuesta por restringir los contratos temporales y convertirlos en fijos-discontinuos ante el “incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual”; es decir, una idea para campañas y temporadas: recogida de la aceituna o la fresa, bares y restaurantes en lugares turísticos o trabajos en grandes centros comerciales en época navideña, por citar casos muy concretos. El ministerio no niega el uso de contratos temporales, pero quiere limitarlos a seis meses y, como máximo, un año. También quiere obligar a hacer indefinido al temporal que, contratado para sustituir a alguien por baja, incapacidad o el motivo que fuere, lleve más de dos años en un puesto de trabajo. 

Son las medidas hasta ahora más ambiciosas, junto con la supresión del contrato por obra y servicio. Díaz quiere de hecho simplificar los contratos y dejarlos en tres: fijo, temporal y de formación. "Estoy de acuerdo con simplificar la contratación y causalizar mejor los contratos temporales", afirma Yolanda Valdeolivas, penúltima secretaria de Estado de Trabajo con la ministra Magdalena Valerio y catedrática de Derecho Laboral. "Me parece bien la propuesta de Trabajo, que bebe mucho de lo que muchos hemos trabajado ya en el pasado".

"Todas aquellas actividades que son cíclicas y que se dan en la hostelería, la agricultura o la educación podrían encajar en el contrato fijo discontinuo", opina Luz Rodríguez. Valeriano Gómez cree que, una vez definida por ley la duración del contrato temporal, podría contemplarse algo de flexibilidad alargando o acortando dicha duración "a partir de la negociación del convenio colectivo estatal y siempre dentro de unos baremos".  

Gómez recuerda que la creación de la figura de la obra y servicio empezó muy localizada ante el auge de España como país turístico. "El diseño de la contratación responde a necesidades productivas. Así que cuando nació la modalidad del fijo-discontinuo, respondía a las necesidades de la hostelería, concretamente a la de Baleares: el empresario tiene garantía de mano de obra cuando la necesita, y los trabajadores tienen la garantía de que podrán volver a trabajar. Mano de obra estable en el tiempo sin despilfarrar la cualificación".

En el ministerio destacan la "ineficacia" de la actual legislación. "La idea ya está presente en la legislación actual: para necesidades cíclicas o periódicas solo se puede contratar con contratos fijos discontinuos. Se trata de combinar estos contratos fijos discontinuos para ciclos uniformes y, cuando haya alteraciones productivas, acudir a la contratación temporal". 

Finalmente, Díaz ha propuesto que los despedidos nulos sean readmitidos, ya que normalmente echar a un temporal cuesta muy poco dinero. Valdeolivas aporta aquí una idea: "Equiparar la indemnización por contrato temporal y por causas objetivas". "Si hay causas productivas para despedir, apliquemos el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (20 días) y elevemos la indemnización por el fin del contrato temporal hasta igualarla con el despido objetivo". 

2. Suprimir los contratos de obra y servicio

Una medida muy vinculada a la anterior e igualmente ambiciosa: según los cálculos de los sindicatos, ocho millones de contratos en 2019 fueron bajo esta modalidad, con el agravante de que están concebidos para una actividad empresarial "limitada en el tiempo pero de duración incierta". Díaz esta vez tiene el camino despejado: una sentencia del Tribunal Supremo en diciembre facilitaba mucho las cosas a Trabajo, si bien las patronales de construcción y agrícolas están furiosas. Nada que no ocurriese con la Ley Rider: a pesar de que casi medio centenar de fallos reconocían a los repartidores como falsos autónomos, empresas como Glovo no aceptaron la solución propuesta de laboralizar a los empleados e incluso abandonaron CEOE.

"Pero el Supremo lo que hizo en diciembre pasado fue rectificar una doctrina suya previa", de 1997, "que no ha precisamente ayudado", recuerda Luz Rodríguez. "Entonces el tribunal permitió la vinculación entre el contrato de obra y servicio a la contrata y subcontrata en un momento en que nuestra economía se desindustrializaba y vivía un boom de externalizaciones. Diría que aquella sentencia hizo de la obra y servicio el contrato hegemónico".

"Abusan de la obra y servicio tanto empresas como las administraciones públicas. El sector de la construcción va a ponerse levantisco", vaticina Valdeolivas. Valeriano Gómez recuerda que fue en su época cuando se introdujo un límite de tres años a esta figura contractual. "Es uno de los contratos masivamente utilizados sin necesidad de tener que hacerse. Hay gente en contratas por obra y servicio desde hace 15 años. ¡Y en el sector público también!", admite. "La gran paradoja es que la duración media de los contratos de obra y servicio es prácticamente la misma que la del indefinido, lo que quiere decir que hay relaciones estables de trabajo que no se traducen en contratos estables". 

3. Desincentivar los contratos muy cortos

Es una propuesta recurrente de Escrivá, que necesita concretarse. Según el ministro y ex responsable de la Airef, en 2019 hubo 27 millones de bajas a la Seguridad Social. "Una de cada cinco bajas era con contratos de un día y tres de cada cinco de un mes o menos". Es el denominado efecto viernes y su recuperación del lunes: miles de empresarios dan de baja a sus empleados el fin de semana para no pagarles las cotizaciones del sábado y domingo y recuperan el alta el lunes. De momento, Escrivá plantea hablar de "desincentivos" y no de "penalizaciones" o "multas". 

"Pero nosotros ya elevamos la cotización los fines de semana, y les sigue compensando actuar igual a los empresarios", dice Valeriano Gómez. "Celebro la medida, pero tiene que estar diseñada para que los trabajadores coticen el fin de semana". Yolanda Valdeolivas desconfía un poco de los desincentivos: "Se puede hacer que coticen más por la contingencia por desempleo, pero en su día a las empresas que abusan de estos contratos se les metió una cotización adicional del 30% Y pese a eso siguen abusando". 

De momento la propuesta no se ha abordado en la mesa de diálogo. 

4. Atajar la sangrante temporalidad en el sector público

Uno de cada tres contratos dura igual o menos de un mes y solo el 0,3% más de un año

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La más elevada: es difícil no conocer a sanitarios o docentes universitarios en situación temporal, mucha veces muy frágil laboralmente. El ministro Iceta suele referirse a la temporalidad en la Administración General del Estado (8%), pero es una media verdad: en todo el sector público puede rebasar el 30% inclusive. La media está por encima del 25% según datos de CCOO. "Yo es donde primero pondría el foco", plantea Luz Rodríguez. "Hay gente que lleva con contratos temporales más de un decenio. Esto no sucede ni en las empresas privadas".

Iceta avanza, aunque más lento que sus dos homólogos, especialmente Yolanda Díaz. Por lo pronto, lo último que hay —según el propio ministerio— es una nota de abril en la que el ministro se compromete a reducir la temporalidad en las administraciones públicas, consensuando la medida con comunidades autónomas, entidades locales y sindicatos. "Las políticas de austeridad, con varios años de tasa de reposición del 0%, han aumentado el problema", admitía Iceta. Los Presupuestos para 2021 por primera vez fijan la tasa de reposición al 100%, llegando en determinados ámbitos al 110-115%". Y a eso hay que sumar las convocatorias de empleo público que en estos momentos están lanzándose. 

"Si no se aborda la temporalidad en el sector público, los planes con el sector privado brillarán por su falta de credibilidad", sentencia Valeriano Gómez. El ex ministro recuerda la situación de los interinos, "que no son considerados personal laboral sino funcionarios internos" y, por tanto, no entrarían en la estadística.