El Gobierno sale al paso de la presión de los jubilados con subidas de las pensiones más bajas

La movilización de los jubilados ha obligado al Gobierno a cambiar en apenas dos semanas el mantra de “sólo se pueden subir las pensiones un 0,25% porque no se puede gastar lo que se tiene” por el eslogan “ahora podemos ser generosos” gracias a que el crecimiento económico español es “fuerte, equilibrado y sostenible”, en palabras del flamante ministro de Economía, Román Escolano. El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para en 2018, que llegará al Congreso el próximo 3 de abril y debería quedar aprobado en junio. El documento incluye una subida de las pensiones mínimas y no contributivas del 3%, el doble del IPC previsto para este año, así como un alza del 1,92% de algunas pensiones de viudedad, del 1,5% para las de jubilación que no lleguen a los 700 euros mensuales y del 1% para las que se sitúan entre 700 y 860 euros. El resto de las pensiones, 4,87 millones, se revalorizarán sólo el 0,25% que fijó el Gobierno en un real decreto el pasado 29 de diciembre.

Estas subidas se aplicarán desde el pasado 1 de enero con carácter retroactivo y, en principio, sólo hasta que termine el año, siempre que el Gobierno consiga los apoyos parlamentarios suficientes. De momento, sólo tiene el de Ciudadanos. El PNV ya ha dejado claro que no negociará “en absoluto” mientras siga en vigor en Cataluña el artículo 155. Hasta el 25 de abril, cuando está previsto que se debatan en el Congreso las enmiendas a la totalidad de los grupos, tiene el Gobierno de plazo para negociar cómo sacar adelante sus Presupuestos.

El Ejecutivo, pues, no ha tocado el mecanismo de revalorización establecido en la reforma de 2013, que desligó las subidas del IPC y las vinculó al saldo de las cuentas de la Seguridad Social: siempre que el sistema cierre en déficit, las pensiones sólo pueden subir un 0,25%. La principal reivindicación de los jubilados que salieron a la calle durante el último mes en toda España es que las pensiones suban según lo haga la inflación para que no pierdan poder adquisitivo, como viene ocurriendo desde 2014. También es lo que pide la mayor parte de los grupos de la oposición, la derogación de la reforma de 2013, incluido el factor de sostenibilidad, que a partir del próximo año recortará las prestaciones de los nuevos pensionistas.

El Gobierno ha dispuesto una medida adicional para aumentar la renta disponible de los jubilados sin subirles la pensión más que el 0,25%. Así, ha aumentado a todos los contribuyentes el mínimo exento del IRPF de los 12.000 euros actuales hasta los 14.000 y a quienes cobran entre 14.000 y 18.000 euros anuales les ha subido la reducción por rentas del trabajo. Ambas iniciativas beneficiarán, según el Ministerio de Hacienda, a un millón de pensionistas cuyas prestaciones se encuentran en esos umbrales. En total, el Gobierno calcula que aumentar las pensiones mínimas, no contributivas, de viudedad y hasta los 860 euros mensuales le supondrá un desembolso de 1.000 millones de euros. Por las reducciones en el IRPF las arcas públicas dejarán de ingresar 2.000 millones de euros más. El coste de subir todas las pensiones según el IPC, calculado en el 2% de la previsión del BCE, son unos 2.000 millones de euros al año.

Traducidos los porcentajes en euros al mes, las pensiones no contributivas –la media es de 359,4 euros– subirán 10,8 euros; las contributivas un máximo de 18 euros si llegan a los 600 euros al mes; 10,5 euros las de 700 y 8,6 euros las de 860 euros mensuales. Las pensiones de viudedad que crecerán un 1,92% este año serán únicamente las que cobren quienes superen lo 65 años, sólo cobren esa prestación, no trabajen ni por cuenta ajena ni por cuenta propia y carezcan de otras rentas superiores a la pensión mínima. La pensión media de viudedad es de 652 euros al mes. Por lo que la subida alcanzará los 12,5 euros. La Seguridad Social paga 2,35 millones de pensiones de viudedad, de las cuales 737.658 reciben un complemento para que puedan alcanzar la cuantía mínima. Éstas no se beneficiarán del alza.

  No contributivas pensando en Canarias

El aumento de la pensión de viudedad es, en realidad, un mandato de la ley de 2011 que reformó las pensiones, aumentando la edad de jubilación hasta los 67 años. El Gobierno debería haber empezado a subir la base reguladora del 52% al 60% en 2012, pero fue aplazando la medida hasta el pasado diciembre. Entonces anunció la aprobación de un real decreto que aún no ha visto la luz. En su memoria económica, el Ejecutivo calculaba que el aumento de la pensión de viudedad beneficiaría a 1,13 millones de personas. Ahora las reduce a medio millón.

Por lo que respecta a las pensiones no contributivas, su subida es una de las medidas que le pide Coalición Canaria al Gobierno. En las islas, este tipo de prestaciones, que se pagan con cargo a los Presupuestos del Estado y no con las cotizaciones a la Seguridad Social, son “tres veces más numerosas” que en el resto del territorio nacional. Así se lo recordó la diputada Ana Oramas a Mariano Rajoy en el pleno extraordinario sobre pensiones el pasado día 14. Y el Gobierno necesita el apoyo de Coalición Canaria para sacar adelante las cuentas del Estado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que las nuevas cuantías se sufragarán con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social, “con el apoyo de la correspondiente financiación desde los Presupuestos del Estado”. La Seguridad Social cerró 2017 con el mayor déficit de su historia, 18.000 millones de euros, por lo que el Gobierno ya ha anunciado que volverá a recurrir a un préstamo del Tesoro Público para pagar las extras de las pensiones de verano y diciembre, al igual que el año pasado.

Además, pese a las nuevas deducciones fiscales, el proyecto de Presupuestos incluye un aumento de la recaudación de impuestos del 6%, lo que supondría un máximo histórico: 210.015 millones de euros. De ellos, 82.056 millones corresponderían, en los cálculos del Gobierno, a los ingresos por el IRPF, un 6,5% más que en 2017. Más de lo que crecerán el impuesto de sociedades –4,8%–, el IVA –5,6%– y los impuestos especiales –6,4%–. Ya en ejercicios anteriores, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advirtió al Gobierno de que pecaba de “exceso de optimismo” a la hora de establecer los ingresos fiscales. Algo que este martes le han reprochado organismos tan dispares como la CEOE y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). De hecho, desde 2012 la recaudación ha quedado siempre por debajo de las cifras previstas por el Ejecutivo. En 2017, el desfase alcanzó los 2.863 millones de euros.

  Mejora salarial, crecimiento con dos motores

En este ejercicio, Montoro hace depender el previsto aumento de la recaudación del IRPF de que se produzca una “mejora salarial” considerable, –que debería acompañar a la recuperación económica, según dijo– además de una rebaja del paro. No obstante, las proyecciones macroeconómicas del Gobierno prevén una ralentización del empleo para este año: se crearán 475.000 puestos de trabajo, un 3% menos que en 2017 y el paro descenderá en 339.000 personas, un 28% menos que el año pasado. A fin de que las retribuciones de los trabajadores crezcan –por tanto también la recaudación del IRPF y las cotizaciones sociales–, el Gobierno confía en el efecto arrastre del acuerdo al que ha llegado con los funcionarios para aumentarles los salarios en los próximos tres años y ha invitado a patronal y sindicatos a alcanzar un pacto que ligue las subidas de sueldos al crecimiento económico.

Preguntado por el aumento del gasto público que supondrá la subida de pensiones, Montoro no quiso precisar a costa de qué otras partidas se ha incluido en los Presupuestos. El Gobierno tiene un techo de gasto que no puede sobrepasar, 119.834 millones de euros, para cumplir con el objetivo de déficit de este año. El ministro de Hacienda reconoció que habrá “menos dinero para otras cosas”, capítulos cuyo crecimiento “podría haber sido mayor”. “Pero hay unas prioridades y las marca el Gobierno”, zanjó Cristóbal Montoro, tras remarcar la importancia de respetar el techo de gasto y el objetivo de déficit, el 2,2%.

El Ejecutivo no sólo ha disparado las cifras de recaudación para este año, sino que también ha aumentado, en cuatro décimas, la previsión de crecimiento del PIB que envió a Bruselas el pasado octubre. Pese a que el ministro de Economía, Román Escolano, recalcó la “prudencia” con que ha elaborado las proyecciones macroeconómicas, su descripción del crecimiento español fue entusiasta. “Por primera vez en nuestra historia, funcionan al tiempo los dos motores de la expansión económica, la demanda interna y la externa”, aseguró. Además, esa expansión “sostenible” se produce con estabilidad de los precios y con una financiación “cómoda frente al exterior”, una caída del endeudamiento del sector privado y un aumento del nuevo crédito a las pymes. “Algo ha cambiado en la economía española”, se felicitó, porque ya no se basa en el ladrillo sino en la “competitividad y la exportación”. Escolano sustentó la revisión al alza del PIB hasta el 2,7% en la mejora económica de la UE y el resto del mundo y en la “normalización de la actividad económica en Cataluña”, pero sobre todo en el aumento de la inversión empresarial. La llamada Formación Bruta de Capital Fijo crecerá este año, según las previsiones de Economía, un 4,7%, 1,3 puntos porcentuales más de la cifra que el ministerio envió a Bruselas en octubre pasado.

  Para el sector público

Ese tirón de la economía, pese a que el 2,7% de crecimiento supone una desaceleración desde el 3,1% de 2017 –y aún más de 2016 y 2015, el 3,3% y el 3,4%, respectivamente–, permiten a Montoro presentar la subida salarial de los funcionarios, un 1,75% este año, así como la equiparación de policías nacionales y guardias civiles con los policías autonómicos, un partida de 600 millones de euros.

Además, la tasa de reposición del personal de las administraciones públicas aumentará hasta el 100% en los sectores prioritarios, que será del 115% en las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluidas las policías autonómicas y locales. La tasa –contratación de nuevos funcionarios que sustituyan a los que se jubilan– ha estado congelada durante toda la crisis.

También anunció el ministro un aumento de 4.244 millones de euros en financiación a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un 3,6% más que en 2017. Unos fondos que, apuntó, “deberían ir destinados a sanidad, educación y prestaciones sociales”, servicios públicos fundamentales que son de competencia autonómica.

Finalmente, la oferta pública de empleo para este año asciende a 8.110 plazas, de las que 6.024 serán de acceso libre.

  Deducciones familiares

El proyecto de Presupuestos incluye deducciones en el IRPF por diferentes conceptos. Por gastos de guardería será de 1.000 euros anuales. Por cuidar a un cónyuge con discapacidad, 1.200 euros. Por cada hijo a partir del tercero, 600 euros que se suman a los 1.200 ya aplicados.

Adicionalmente, el permiso de paternidad se amplía de cuatro a cinco semanas.

  Infraestructuras, cine, becas

Pedro Sánchez ve "perfectamente" compatible "ahorrar" con un plan de pensiones y defender un sistema público "digno"

Ver más

El Gobierno destaca además un aumento del 16,5% respecto a 2017 en la inversión en infraestructuras. Ciudadanos cifró en 572 millones el alza de la partida que se destinará al Corredor Mediterráneo. En Investigación y Desarrollo, el crecimiento será del 8,3%.

Montoro ha incluido también en los Presupuestos la bajada del IVA del cine, del 21% al 10%, la ampliación de la tarifa reducida para los autónomos y el complemento salarial para menores de 30 años con contrato de formación –430 euros–.

Para becas, Educación promete un aumento de 50 millones respecto al año anterior.