Las operaciones de privatización de empresas públicas empiezan a ser significativas en España a partir de 1985 y, a diferencia de lo que sucedió en países europeos como Gran Bretaña, Francia o Italia, no precedió a ese proceso una ley ad hoc, sino que el camino se anduvo a golpe de decisiones gubernamentales. Fue entre 1992 y 1995 cuando, “empiezan a ser importantes las ventas en bolsa de paquetes de acciones” de sociedades públicas, en general muy rentables, una tendencia que se aceleró en 1996, con el acceso al poder del PP, según se detalla en el Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España (1985-1999), que firma el catedrático Joaquim Vergés. Destacaron los casos de entes como Repsol, Argentaria, Endesa y Telefónica. Esta última, que se terminó de privatizar enfilando 1997, con el ex ministro de Rodrigo Rato a los mandos de Economía y cuando el Estado mantenía casi el 21% de las acciones, ha saltado a la actualidad informativa por un proceso inverso 26 años después.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo empresarial público del Estado, que adquiera hasta un 10% del capital social de Telefónica. El Consejo de Administración de SEPI deberá ahora “tomar razón del contenido del Acuerdo de Consejo de Ministros para iniciar las actuaciones que permitan llevarlo a cabo y ejecutar la operación”, explican desde el ente. Aún hay que definir la operación y su financiación y no hay un plazo fijado para hacerlo. Se contratará, como es habitual, “un asesor financiero y un intermediario en bolsa para la compra de acciones” y la adquisición se realizará “minimizando el impacto que pueda tener en la cotización de la compañía y en el menor tiempo posible”.
La maniobra llega después de que Saudí Telecom Company (STC), esto es el Estado de Arabia Saudí, hiciera pública su intención de convertirse en la primera accionista de Telefónica. A comienzos del pasado septiembre STC adquirió el 4,9% del capital de la entidad y concretó el 5% a través de derivados financieros. Aunque el Estado español no ha dado todavía luz verde a esto último, disponer del 4,9% ya coloca a Saudí Telecom por delante de otros accionistas como el BBVA, con el 4,87%, o BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, que tiene el 4,48%. Luego, en octubre, se supo que el Ejecutivo en funciones sopesaba hacerse con el 5% de las acciones de Telefónica, aunque finalmente será el doble, lo que podría suponer, según apuntan algunas fuentes del ámbito económico una cuantía de “más de 2.000 millones”. “La participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas" se indica en un comunicado del holding público.
La compañía que comanda José María Álvarez-Pallete López ha optado, de momento, por trasladar oficialmente que “continúa enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026, recientemente aprobado y comunicado a través del Capital Markets Day del pasado 8 de noviembre de 2023, para seguir creando valor para sus accionistas y procurar el mejor servicio a sus clientes”. Fuentes internas sí admiten que se “ha abierto un cierto periodo de incertidumbre”, dado que desconocen si SEPI “se va a limitar a contrarrestar la presencia de los saudíes, vigilando”, o va a “querer mover piezas o tener una participación activa e intervenir” en asuntos como el expediente de regulación de empleo (ERE) de hasta 5.124 bajas planteadas de inicio que la empresa negocia con los sindicatos, y que estos han vinculado al convenio colectivo. La entidad ha reducido la afectación del ERE a 3.559 salidas, aunque, pese a que está más cerca, todavía no hay acuerdo en ninguna de las dos vías paralelas de diálogo.
No hay respuesta clara al interrogante sobre el papel que jugará SEPI, lo que sí se sabe es que, tras erigirse en primera accionista, haría que el Estado se siente en el órgano de dirección de Telefónica. Entonces sí se podría autorizar la compra del 5% restante por STC, que colocaría a éste en el 9,9%, y ejecutar una estrategia a la que apuntan fuentes gubernamentales. Se buscará conformar un “frente común” con el BBVA y CaixaBank-Criteria, que ronda el 6% del capital, entre los tres sumarían alrededor del 21%, para garantizar la ansiada “estabilidad accionarial” y el “control mayoritario español”, junto a la propia Telefónica, ante posibles movimientos de STC y el fondo BlackRock.
Críticas de la oposición
La decisión del Ejecutivo ha provocado la reacción de la oposición política. El líder de Vox, Santiago Abascal, mira el baile de piezas con "desconfianza total", ya que, a su entender, el Gobierno de Sánchez siempre vela por los intereses de éste y “nunca pretende defender los sectores estratégicos de España, sino, en todo caso, adquirir un mayor poder", ya que “está colonizado por partidos que son enemigos de los intereses nacionales".
El coordinador del área de economía del PP, Juan Bravo, cree que no hay "motivo justificado" para la entrada de SEPI en Telefónica. Ha llegado a tildarla de "populismo" y a aseverar que amenaza con "romper" el mercado. A su juicio, la operación no obedece a velar por los intereses de la compañía, sino a una "ocupación" y una "intervención" del Estado en las instituciones privadas. La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, le ha reprochado sus palabras y le ha recordado que fue el ex ministro Rodrigo Rato, el que "malvendió" la empresa. Y fuentes socialistas enlazan que “fue Juan Villalonga, el compañero de pupitre del ex presidente José María Aznar el que acabó en la presidencia de una compañía que es hoy Telefónica”.
Desde el Gobierno han sostenido de forma coral que la presencia de un accionista público en la multinacional “supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales” en áreas como las telecomunicaciones y la defensa o la seguridad. Lo cierto es que el paso dado en España no desentona con lo que está sucediendo en los países del entorno europeo. Así, Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia dispone de un 13,4% en Orange; e Italia adoptó el pasado mes de agosto, cuando gobernaba ya Giorgia Meloni, un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia.
Más allá de los operadores de telefonía, en Francia se ha nacionalizado por completo Électricité de France S.A.(EDF), su empresa de energía nuclear, y el Estado tiene presencia en otras mercantiles como Air France o Renault. Alemania ha nacionalizado Uniper, una empresa de gas, y posee participaciones en Lufthansa. Otros países como Noruega, Suecia u Holanda tampoco son ajenos a estas situaciones.
Un "signo de los nuevos tiempos"
La zancada dada por el Gobierno supone cierto giro a la senda de privatizaciones que se inició en los años 80 y descerrajar otra política, si bien fuentes del ámbito económico puntualizan que “de ahí a que se pueda hablar de una vuelta al intervencionismo o de que vaya a haber nacionalizaciones –socios del Ejecutivo como Esquerra Republicana (ERC) abogan por que se haga con la propia Telefónica– hay un trecho”, lanzan.
José Moisés Martín, miembro de Economistas Frente a la Crisis (EFC), tiene claro que "lo que estamos haciendo era prácticamente obligado" porque "España salió del capital de Telefónica en el año 1996/97, sobre todo, porque estábamos sometidos a un elemento fundamental en aquel momento que era cumplir los criterios de Maastricht para entrar en el euro". "Pero otros países no lo hicieron", engarza, "y siempre han tenido un porcentaje suficientemente significativo de sus empresas de telecomunicaciones. Todas están flotando en el mercado, están en bolsa, cotizan, con un porcentaje importante del sector público que España no mantuvo", insiste.
En su opinión no se trata de que, "de repente, el Gobierno vaya a decir lo que tiene que hacer Telefónica, sino que es un movimiento para protegerla de que no se lo diga Arabia Saudí". Mantiene que "la jugada" es "para proteger la nacionalidad española de la firma", dado que "la entrada de capital saudí ha sido muy potente" y para "evitar riesgos" ligados a "las operaciones financieras que hacen estos fondos soberanos". Martín no aprecia que "estemos ante una nacionalización genuina" y apuesta por que se conforme "un núcleo duro español con el Gobierno, con BBVA y CaixaBank, para retener la compañía con nacionalidad española", sin que ello signifique que no se le vaya a "dejar operar en el mercado". "No se va a hacer una política industrial con ella", añade, "no es tanto un retorno de la política industrial más tradicional, como una posición defensiva para evitar que salga". Augura que la compañía que dirige Álvarez-Pallete "no va a empezar a obedecer órdenes del Gobierno, igual que Bankia o CaixaBank, que es un banco privado con una participación pública importante, no lo hacen".
Para Elena Costas, economista y socia de KSNET, lo sucedido “es un signo de los nuevos tiempos que han llegado tras la invasión rusa de Ucrania y la guerra tecnológica y económica entre China y EEUU”. “Mientras en la era anterior hablar de política industrial nacional/europea era una herejía político económica, ahora, con los nuevos conceptos de autonomía estratégica, este tipo de protecciones de industrias estratégicas estará al orden del día en todos los países desarrollados. Y lo vemos en esta compra de Telefónica”, sintetiza.
En el Ibex 35 el experimento parece no provocar temor, ya que si alguien ha destacado en la jornada del 20 de diciembre es Telefónica, que se ha impulsado hasta un 4%, aunque cerró con un repunte del 3,2%, después de la osada para algunos y falta de ambición para otros resolución del Gobierno.
Las operaciones de privatización de empresas públicas empiezan a ser significativas en España a partir de 1985 y, a diferencia de lo que sucedió en países europeos como Gran Bretaña, Francia o Italia, no precedió a ese proceso una ley ad hoc, sino que el camino se anduvo a golpe de decisiones gubernamentales. Fue entre 1992 y 1995 cuando, “empiezan a ser importantes las ventas en bolsa de paquetes de acciones” de sociedades públicas, en general muy rentables, una tendencia que se aceleró en 1996, con el acceso al poder del PP, según se detalla en el Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España (1985-1999), que firma el catedrático Joaquim Vergés. Destacaron los casos de entes como Repsol, Argentaria, Endesa y Telefónica. Esta última, que se terminó de privatizar enfilando 1997, con el ex ministro de Rodrigo Rato a los mandos de Economía y cuando el Estado mantenía casi el 21% de las acciones, ha saltado a la actualidad informativa por un proceso inverso 26 años después.