Una empresa sin medios, un trabajo 'ficticio' y la sombra de una comisión: el otro frente que acorrala al novio de Ayuso

La madrileña Plaza de Castilla se convertirá esta semana en epicentro de la actualidad judicial. Y tendrá un protagonista claro: Alberto González Amador. El empresario volverá a sentarse este jueves en el juzgado para dar nuevas explicaciones sobre sus negocios. Pero, en este caso, en un frente distinto al del fraude fiscal y la falsedad documental. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está llamada a declarar como investigada por corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada. Una derivada que gira alrededor de la compra y supuesto uso fraudulento de una sociedad vinculada a un directivo de Quirón. Y en la que sobrevuela la sospecha de una comisión encubierta.

Los hechos que sustentan esta pieza separada, y que fueron puestos sobre la mesa por PSOE y Más Madrid –que ejercen la acción popular–, se centran en una empresa: Masterman & Whitaker. Se trata de la sociedad a la que Maxwell Cremona, también controlada por González Amador, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención SL, filial del gigante sanitario que se ha beneficiado de la privatización sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid. En concreto, los trabajos de la expansión en Latinoamérica y la implantación de la Joint Commission Internacional en la Fundación Jiménez Díaz.

Esta operación fue recogida por la Agencia Tributaria en el informe que en su día elaboró sobre las empresas de González Amador y que terminó provocando la apertura de la causa contra el empresario. Un extenso documento en el que la inspectora señalaba que la citada maniobra no era más que una "simulación". Masterman carecía "por completo de medios personales y materiales necesarios y suficientes" para realizaron dichos servicios, los cuales fueron prestados "realmente" por el equipo de Maxwell Cremona. El objetivo, completa la inspección, generar "bases imponibles negativas" en la primera sociedad "a compensar en el futuro".

Una empresa vacía

Masterman no siempre se llamó así. Ni estuvo desde su creación en manos de González Amador. La sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta empresa dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Y su esposo, Fernando Camino, con un 20%. Un nombre que, más de tres lustros después, suena con fuerza dentro del sector sanitario. Es, desde hace años, director general y presidente de Quirón Prevención.

La pareja de la presidenta madrileña compró en plena pandemia la sociedad a la mujer de Camino, que con el paso de los años se convirtió en accionista única. El 4 de diciembre de 2020, se trasmitieron a Maxwell Cremona por 499.836 euros todas las participaciones de Círculo de Belleza, que luego pasaría a denominarse Masterman. Un importe "elevado" a ojos de la Agencia Tributaria. Sobre todo, si se tiene en cuenta lo que facturaba la compañía: 29.745 euros el año previo a su adquisición. Medio millón, en definitiva, por una sociedad que, según la Fiscalía, "carecía de valor".

"No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal", deslizaba el Ministerio Público en un reciente escrito. "¿Cuál es el motivo que justifique el pago de esa cantidad?", preguntó en su momento la inspectora de la Agencia Tributaria al empresario. "Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo de Belleza con empresas, que en ese momento resultaban muy atractivos", respondió González Amador.

Cruce de caminos

Entre las citadas entonces se encontraba Mape Asesores. Se trata de la empresa gallega para la que intermedió la pareja de Isabel Díaz Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, negocio que le reportó 1,97 millones de euros. Una firma en la que, de nuevo, figuraba como consejero Fernando Camino, que por el momento no está siendo investigado judicialmente.

Ambos empresarios se han cruzado continuamente a lo largo de los años. El actual directivo de Quirón fue uno de los cofundadores de Insumos Médicos del Pacífico SA, a cuya junta directiva perteneció González Amador entre 2014 y 2022. Y ambos estuvieron relacionados con Fraterprevención SL, una de las cuatro empresas del sector que se fusionaron incorporándose a Quirón Prevención SL, que durante años ha sido el principal cliente de la pareja de la presidenta madrileña y que también se encarga de los chequeos médicos de los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.

El novio de Ayuso tendrá que comparecer el 10 de abril investigado por corrupción en los negocios

Ver más

La acusación popular cree que detrás de la compra por medio millón de Círculo de Belleza puede esconderse una "retribución" a Camino "por la posible intervención de este a favor de las empresas y actividades" de González Amador desde su papel de presidente de Quirón Prevención. O una contraprestación por la operación de compraventa de material sanitaria en lo peor de la pandemia.

"Comisión encubierta"

Sospechas que también ha puesto sobre la mesa el Ministerio Público. "Es muy llamativa la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros, conducta que es susceptible de constituir un delito de corrupción en los negocios", sostuvo la Fiscalía en el informe que envió a la Audiencia de Madrid solicitando que se desestimase el recurso de González Amador contra esta pieza separada, como finalmente sucedió.

"Que Quirón Prevención va a confirmar todo lo que diga González Amador es algo que ya apreció la inspección tributaria. Sus razones tendrá para ello la mercantil. Pero, aunque fuera claro desde el principio que el interés patrimonial de la mercantil Quirón Prevención no se ha visto menoscabado por el cobro por la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón de euros, por ser el investigado González Amador –que es quién es– quien la paga, el bien jurídico que evidentemente también está afectado es el orden socioeconómico. Esto es, que los precios en el mercado se formen mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos", sentenció entonces el Ministerio Público.