"Se caen los techos de las clases": la universidad madrileña se prepara para una primavera de protestas
"Motivos hay muchos". Los alrededor de 200 estudiantes que este martes se manifestaron frente al Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) enumeran pormenorizadamente sus razones para salir a la calle. Muchos de ellos —y otros tantos que ya se habían marchado a clase o a descansar— habían pasado la noche encerrados en la Facultad de Matemáticas por otros tantos argumentos. Ninguno de los que lo hicieron se pensaron demasiado coger lo necesario cuando se planteó la protesta. A los sacos de dormir y las pancartas sumaron unas irrefrenables ganas de movilizarse. De concentrarse contra una infrafinanciación que, dicen, "asfixia" y pone en jaque todo el sistema. Pero a todo ello también le añadieron ganas de trabajar. Lo de este lunes por la noche no fue sólo una concentración aislada, sino un punto de partida. El próximo 28 de abril protagonizarán una huelga general junto al profesorado y demás plantilla. Y no sólo en la UCM, sino en todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid.
Resoplan cuando se les pregunta por las razones que les impulsan a movilizarse. Sabela Martínez estudia Sociología y Relaciones Internacionales en la UCM y lo hace por los profesores y profesoras que ve entrar en clase con ojeras. O porque ni siquiera sabe si podrá hacer ese doctorado que tanto ansía. Alba Gutiérrez estudia en la Facultad de Fislosofía y Letras de la Universidad Autónoma y ha llegado a ver cómo se les caía el techo mientras estudiaban en clase. También duda de si su rama de conocimiento seguirá impartiéndose. Y está cansada de tener que compatibilizar sus estudios con su trabajo para poder pagar unas tasas que, además, no encuentran techo.
No es casualidad. Es sobre los pagos de los estudiantes sobre lo que la Comunidad de Madrid está depositando la mayor parte del peso de la financiación de las universidades públicas. Después de que los seis rectores levantaran la voz, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó un incremento del 4,2% en la financiación de los centros, un porcentaje que supone 47,3 millones de euros más para este año y la condena, señaló la comunidad universitaria en su día, del sistema. Según calcularon los rectores, la necesidad asciende ya a 200 millones. Mucho más.
¿Qué pasa mientras tanto? Que los estudiantes pagan las tasas más altas de todo el país. Según los datos de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, 1.620 por alumno. Pero es que hay más: entre las 10 universidades con mayores recaudaciones por precios públicos por matriculado aparecen cinco de Madrid (Carlos III, Complutense, Autónoma, Politécnica y la de Alcalá). En concreto, en lo alto del ránking se sitúa la UC3M, el centro en el que cada estudiante abona 2.294 euros por la matrícula.
Bibliotecas sin libros o laboratorios sin material
No son simples cifras. Detrás de esos números se encuentran situaciones como las que se encuentran día a día Alba y Sabela, pero también otras muchas. "Se han suspendido prácticas, hay becas concedidas que no se van a poder dar y hay laboratorios sin material disponible para usar", lamenta Fernando Varas, profesor de la Universidad Politécnica presente, también, en el encierro de este lunes. También hay bibliotecas, como la de Filosofía de la UCM, que ya tampoco puede adquirir nuevos libros. Ni siquiera uno más.
En esa institución, el recorte de hasta el 30% del presupuesto ha limitado, han llegado a señalar algunos profesores, hasta las fotocopias. Según los cálculos de la propia institución, su déficit es ya de 64,5 millones de euros. Por eso es la universidad más movilizada. Y por eso ha sido el escenario donde, hasta ahora, se han producido las protestas. Pero lo dejan claro: la situación es extensible a las seis instituciones. "La universidad pública está en crisis. Las estudiantes tenemos asignaturas sin profesoras, mientras las profesoras nos vemos obligadas a cubrir docencia extra sin remuneración", señalaron en el comunicado conjunto fruto del trabajo del lunes por la noche.
La idea es que este sea, tan sólo, un escalón. La lucha va más allá de conseguir una justa financiación y el camino, saben, es largo. Su "única alternativa", dicen, "es la organización independiente de la comunidad universitaria".
La defensa de la universidad pública como sistema y derecho básico
La infrafinanciación que denuncian no tiene sólo efectos puramente económicos. La contrapartida de la "asfixia" del sistema pública es el incremento paralelo e imparable de la privatización. Y en esto Madrid también destaca, porque tiene ya, según los datos oficiales, 13 universidades privadas —más del doble de públicas—, además de otros tres proyectos sobre la mesa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Fue precisamente ella quien, además, mostró este martes su apoyo total a la protesta. "La sociedad debe saber que la universidad pública de la Comunidad de Madrid está al borde del crack", lamentó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fue muy clara: "Hay un plan oculto por parte de la señora Ayuso de privatización de la universidad pública".
Quienes participaron en el encierro también lo aseguran, pero enlazan ese plan de otro que consiste en tender hacia una represión clara. Y que se refleja, señala Alba y coincide Sabela Fondevila, profesora en Psicología en la UCM, en el proyecto de ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que prepara el Ejecutivo conservador de Ayuso y cuyo borrador, al que ha tenido acceso infoLibre, introduce dos cosas importantes. La primera que el 30% de la financiación de los centros tiene que proceder de fondos propios y que estos tienen que dirigirse a objetivos concretos; la segunda, que la universidad colaborará "lealmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para, señala el documento que todavía está en fase de elaboración, "asegurar la protección de los derechos de todos".
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La lectura de quienes este lunes por la noche se encerraron está clara: Ayuso busca seguir privatizando y, además, prohibir la protesta contra ellos en los campus. "La tendencia hacia la que se mueve el Gobierno madrileño está muy clara", lamenta Fondevila. ¿Qué ocurre? Que todo esto rompe con el espíritu propio de la universidad.
Lo entiende así Concha Mateos, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y participante también en el encierro. "Cuando nos movilizamos por la universidad pública no estamos sólo defendiendo un derecho de la gente, sino una necesidad que tiene la sociedad para que se cumpla un mandato constitucional del estado de derecho. La posibilidad de tener formación del máximo nivel al margen de tus medios o los de tu familia es un pilar básico de la democracia. No se puede acabar con esto", lamenta, en conversación con infoLibre.
Sus exigencias, en resumen, son tajantes. Buscan "el fin de la represión y la militarización de la universidad pública", el incremento de sus fondos, la paralización del proyecto de ley de universidades sobre el que trabaja Ayuso pero, además, la "expulsión de las empresas privadas de la universidad", la defensa de un sistema "que no excluya a nadie" y "la construcción de una universidad gratuita, universal y de calidad". La próxima parada para hacerlo, la huelga del 28 de abril.
