Diana Morant: "Ha habido una intencionalidad ideológica en hacer de la universidad un negocio"

Diana Morant (Gandía, Valencia, 1980) presume cada vez que puede de haber sido la primera universitaria de su familia. Sin embargo, sabe que desde que ella lo hizo hasta hoy el sistema ha cambiado completamente. Tanto, que como ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se enfrenta a uno de los mayores retos con los que se ha encontrado la educación superior: el auge de la universidad privada al calor del cada vez más evidente deterioro de la pública. Pero eso no le frena, al contrario.

Descuelga el teléfono a infoLibre desde Valencia —también es la líder del PSPV— cuando han pasado poco más de 48 horas desde que el Gobierno diera luz verde a un nuevo Real Decreto para la creación de universidades privadas. El objetivo está claro: endurecer los requisitos y, sobre todo, hacerlos obligatorios. Se acabaron las recomendaciones. Y no porque el Ejecutivo tenga "una cruzada" contra la universidad privada, sino por el deber, explica, de garantizar que todo título universitario tenga un mínimo de calidad.

Cuando el presidente del Gobierno avanzó este lunes el nuevo decreto de acreditación de universidades habló sin tapujos de "chiringuitos". Al día siguiente, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, dijo que no era una cuestión de universidades públicas o privadas, sino de buenas o malas. ¿Qué se puede calificar de universidad mala o de "chiringuito"?

Hemos batido un récord en el número de estudiantes universitarios pero muchas universidades públicas todavía no se han recuperado de los recortes. En la última década el porcentaje de alumnos matriculados en la pública ha crecido sólo un 2%, pero en las universidades privadas lo ha hecho un 117%. Es decir, no hay suficiente oferta en la pública para que todo aquel que quiere estudiar tenga una plaza. En los últimos 25 años no se ha creado ni una sola universidad pública, pero se han abierto 26 privadas y tenemos sobre la mesa del Ministerio peticiones de otros diez centros más. En esa proliferación, muchas instituciones se han aprobado gracias a las comunidades autónomas pero con un informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. El gran cambio que introduce ahora el decreto es que esa evaluación será preceptiva y vinculante, de manera que vamos a asegurar que todo título que se expida en una universidad de nuestro país tenga la calidad que creemos que tenemos que garantizar.

Mencionaba que hay diez proyectos encima de la mesa. Según los datos de su Ministerio, desde 2018 se han aprobado otras cuatro universidades privadas con informes desfavorables del Ministerio. Todos han sido en comunidades del PP. ¿Ha sido la proliferación de estas universidades una cuestión ideológica?

El presidente del Gobierno anunció el lunes dos cosas: por un lado, el endurecimiento de los requisitos para la creación de universidades y, por otro, el aumento del 35% en la financiación de la única universidad pública estatal, la UNED. Nos gustaría que cundiera el ejemplo. Hemos visto que hay comunidades autónomas como Madrid, que sólo ha aumentado un 3% la financiación, que están asfixiando a la universidad pública, de manera que lo único que le queda es sobrevivir y conseguir pagar a final de mes. Cuando hay dificultades hasta para pagar la luz y el agua es que se ha maltratado el sistema, y un sistema quebrado es la mejor excusa para abrir la puerta a la privatización. Se dice entonces que esa oferta permite que el alumno elija en libertad, pero no es cierto, porque no hay suficientes plazas en la pública, y esa es siempre la primera opción para los estudiantes —porque son más prestigiosas— y para los profesores —porque ofrecen mejores condiciones—. Claramente ha habido una intencionalidad ideológica en hacer de la universidad un negocio.

Cuando hay dificultades hasta para pagar la luz y el agua es que se ha maltratado el sistema, y un sistema quebrado es la mejor excusa para abrir la puerta a la privatización

Hay una clara correlación entre el auge de la privada y el deterioro de la pública.

Absoluta. Es una teoría probada científicamente también en muchos países latinoamericanos y en muchas comunidades autónomas. El gran ejemplo es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con la sanidad. Cuando asfixias económicamente lo que es de todos, le das una crisis reputacional al servicio. En ese momento, cuando pones en duda la calidad de lo público es cuando aparece, como alternativa, la privada.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, prevé aprobar una ley de universidades que garantice que no se tenga que aportar más del 70% del presupuesto de las universidades. ¿Le preocupa al Gobierno esta normativa?

Le preocupa al Gobierno y le preocupa a las universidades públicas. La obligación que tiene la Comunidad de Madrid con respecto a las universidades es garantizar su suficiencia financiera para que tengan autonomía universitaria y con ella puedan, por ejemplo, abrir titulaciones. El problema es que en vez de estar hablando de eso, Ayuso pone en práctica una asfixia que además estipula por ley, cosa que me parece de un descaro absoluto. Su modelo está clarísimo: está basado en una visión muy mercantilista de la universidad. A día de hoy, si quieres estudiar por ejemplo Medicina en Madrid, o tienes la mejor nota posible que te permita acceder o tu familia tiene que sacarse un crédito. Eso es obligar a la población a gastarse dinero en el sistema privado, porque no ofreces las plazas públicas que te corresponden por obligación. Cuando se dice que las comunidades autonómas son competentes en esta materia es porque reciben dinero de los ciudadanos y son ellas las que tienen que garantizar los servicios públicos.

¿Y qué papel tiene aquí el Estado? ¿Llega tarde este decreto? ¿Son ya demasiadas las universidades privadas como para revertir la situación?

No llegamos tarde. En 2021 ya se aprobó un Real Decreto que exigía unas condiciones que tenían que cumplir las universidades nuevas y a las que se tenían que adaptar las ya creadas en un plazo de cinco años. Lo que hemos hecho ahora es convertir esos criterios de calidad en vinculantes, porque hemos visto el descaro de algunas comunidades, que han seguido adelante con muchos proyectos a pesar de tener a toda la comunidad educativa espantada. Dicho esto, creo que también hay que situar el debate socialmente e identificar muy bien qué hacen nuestros políticos con nuestro dinero y qué está pasando con la universidad pública, sobre todo en Madrid, pero también en Andalucía, la Comunitat Valenciana o Canarias.

Hemos visto el descaro de algunas comunidades que han seguido adelante con muchos proyectos a pesar de tener a toda la comunidad educativa espantada

¿En qué lugar quedan ahora las universidades que ya están creadas? En el decreto se reduce ahora el plazo a tres años pero, ¿qué pasa si en ese tiempo no se adaptan a los nuevos requisitos? Muchas voces dudan de que las comunidades que ya dieron luz verde a los proyectos ahora los cierren.

Vivimos en un sistema en el que las normas que se aprueban, ya sea por el poder ejecutivo o por el legislativo, se cumplen. Por tanto, confío en que todo aquello que recoge una norma se cumpla. Ahora bien, el Gobierno estará vigilante y si las comunidades autónomas, que son las competentes, no cumplen, pues tomaremos medidas.

¿Se obligaría entonces a las comunidades a cerrar esos centros? ¿En qué lugar dejaría eso a los títulos ya expedidos o incluso a los estudiantes matriculados?

Habrá que estudiar cada uno de los casos. Al final, quien tiene que estar en el foco de nuestra prioridad es el alumno y la alumna que ha hecho un esfuerzo económico para sacarse un título. Lo que queremos es garantizar que esos títulos tengan la calidad cubierta, así que si observamos que una universidad no está trabajando con los criterios debidos no deberíamos seguir incurriendo en esa especie de fraude que se estaría perpretando. En ese caso las universidades dejarían de llamarse universidades y se llamarían de otra manera, al igual que los títulos no serían títulos universitarios. Ahora bien, el título que ya ha sido expedido no perdería su valor.

La derecha ha utilizado varios argumentos para cargar contra el decreto del Gobierno. Entre ellos, aludir a los altos cargos que han estudiado en universidades privadas. ¿Entiende que pueda interpretarse como una hipocresía?

El Partido Popular, como siempre, intenta distorsionar y simplificar el debate. Esto no es una batalla del Gobierno de España contra la universidad privada. Es más, en todo caso sería una batalla de la universidad pública y privada de prestigio contra las universidades privadas de baja calidad. Eso ha quedado clarísimo en el comunicado que este jueves sacó la CRUE, donde están representadas 77 universidades, 26 de las cuales son privadas. Lo que ha dicho básicamente el organismo es que está rotundamente en contra de que se creen universidades con el informe desfavorable del Consejo de Política Universitaria. No hay ninguna cruzada, lo que pasa es que hay que garantizar que quien se gasta un dinero tenga un título con garantías.

Esto no es una batalla del Gobierno de España contra la universidad privada. Es más, si lo fuera sería en todo caso una batalla de la universidad pública y privada de prestigio contra las universidades privadas de baja calidad

Una de las novedades introducidas ahora por el decreto es que las universidades tienen que proporcionar alojamiento para el 10% de sus plazas. ¿Por qué introducir esta medida?

Cualquier comunidad universitaria necesita unos servicios públicos que ofrecer y la vivienda es uno de los que tienen que estar cubiertos. El foco lo ponemos en las privadas porque sólo se crean privadas desde hace años, pero en realidad estamos hablando también de las públicas. Es decir, cualquier institución que se implante tiene que tener un proyecto habitacional que cubra al menos al 10% de la población matriculada. A día de hoy a nadie se le escapa que tenemos un problema de vivienda y un colectivo que lo sufre especialmente es la juventud.

¿La proliferación de la universidad privada también provoca que se incremente el precio de la vivienda?

Sí. Desde Universidades hicimos un trabajo con el Ministerio de Vivienda y el de Economía y hace meses hicimos una propuesta de movilización de suelo público para la construcción de residencias asociadas a universidades que dieran servicio a toda la comunidad educativa, es decir, no sólo al alumnado sino también al profesorado. Hemos detectado el problema de que los propietarios, por la ley de la oferta y la demanda, tienen posibilidad de alquilar un piso por habitaciones sacando más rentabilidad. Al final eso establece también una competencia desleal entre colectivos diferentes que deberían tener una garantía de alojamiento.

Más allá de la calidad de la universidad se ha criticado mucho quiénes están detrás. Hay ya muchos fondos de inversión que controlan algunos de estos centros. ¿Es eso un peligro añadido?

Refuerza la idea de que hay una visión de negocio en torno a algo que para el Gobierno es un bien público. La educación superior no es un bien de mercado y por eso no se puede construir una universidad simplemente bajo valores mercantilistas. El 70% de la investigación que se hace en nuestro país se hace en la universidad, pero es que dentro de ese 70%, el 90% lo aporta la universidad pública. Por eso hemos endurecido también algo que ya introdujimos en 2021, cuando se estipuló que había que dedicar el 5% del presupuesto a esta área. Ahora pedimos que haya otro 2% que proceda de concurrencia competitiva. Es decir, que igual que hay investigadores dando clase en la pública, que los haya en la privada.

El 70% de la investigación que se hace en nuestro país se hace en la universidad, pero es que dentro de ese 70%, el 90% lo aporta la universidad pública

Siempre se ha defendido la universidad pública como un ascensor social. ¿Cree que esto sigue siendo así o se está averiando?

Se está averiando. El Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo de la historia en becas, destinando 1.000 millones más, y también ha trabajado para que la matrícula esté en mínimos, pero aun así sabemos que la falta de plazas no garantiza oportunidades. La gente ya no elige con libertad, sino que se ve abocada a irse a la privada. Es decir, estamos provocando que los estudios dependan de los recursos familiares.

Carlos Mazón sigue presidiendo la Comunitat Valenciana y una moción de censura no podría cambiar esa situación. Usted ha dicho recientemente que la solución es el adelanto electoral pero, mientras llega o no, ¿qué va a hacer su partido?

¿Y los 'chiringuitos' que ya dan clase? Más preguntas que respuestas en el plan que acota la universidad privada

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Vamos a seguir haciendo una oposición de denuncia a este nuevo pacto —que hemos denominado "del ventorro"— entre PP y Vox. Es más repugnante que el primero, contiene recortes de los derechos de las mujeres, recorte de los derechos a la diversidad, recortes a la memoria. Nos queda la denuncia y la construcción de una alternativa. A día de hoy, la mayoría de la calle —que es solidaria, integradora y busca proteger a las mujeres— no está representada en Les Corts. Puede que ganen las votaciones y saquen sus presupuestos y que Mazón siga de president, pero hay una alternativa mayoritaria que les espera con un proyecto de progreso, no de retroceso. Necesitamos unas elecciones.

¿Le preocupa el clima político que se ha generado en la Comunitat, en la que incluso ha habido un detenido por amenazar de muerte al president?

Claro que nos preocupa, por eso no practicamos nunca los discursos de odio. En política y en la vida hay efectos boomerang. Yo he escuchado al presidente Mazón decir que Sánchez era un cobarde después de haber sufrido una agresión en Paiporta, y ahora él y su equipo nos piden a todos que bajemos el grado de crispación porque se siente amenazado. Creo que hay un problema de degradación de las instituciones y a mí siempre me gusta decir que no ha fallado la política ni la institución de la Generalitat Valenciana ni sus servidores públicos, sino ellos. Por eso la solución es que se vayan.