fondo buitre
Goldman Sachs se declara "legítimo propietario" de 1.722 pisos sociales que Ayuso se niega a recuperar tras una sentencia del Supremo
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Una sentencia del Tribunal Supremo adelantada por infoLibre en septiembre puso en teoría fin a la polémica venta en mayo de 2013 de casi 3.000 viviendas sociales (2.935) repartidas en 32 promociones a una filial del fondo Goldman Sachs por 201 millones de euros, muy por debajo del precio real de mercado. La operación fue anulada por el Alto Tribunal. En la práctica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está haciendo lo posible por, en su interpretación del fallo, norecuperar una mayoría de esos pisos de protección oficial recomprándoselos a Encasa Cibeles (Goldman).
La sentencia anula sin ambages la venta, y así lo entiende Encasa, que "ha comunicado a la Agencia de la Vivienda Social (AVS, antiguo Ivima) por escrito que, en ejecución de la Sentencia 118/2018, está dispuesta a devolverle los 1.722 inmuebles que continúan bajo su gestión a cambio de una compensación adecuada y conforme a Derecho". El resto de las viviendas, hasta llegar a las 2.935, han sido vendidas a terceros en los últimos siete años y el fondo entiende que deshacer esas enajenaciones generaría inseguridad jurídica. Pero el equipo de Ayuso ha decidido que solo va a recuperar una de las VPO, la del inquilino que recurrió a la justicia y ganó definitivamente en septiembre, por lo que Encasa ha denunciado a la comunidad por la vía civil.
El escrito de la demanda, al que ha tenido acceso este medio, también contempla una "indemnización de daños y perjuicios y liquidación de los efectos de la compraventa" a la Comunidad de Madrid. La reacción de Encasa se produce "dada la falta de respuesta" de la comunidad "y su pública decisión de limitar el alcance de la sentencia". "Ante la negativa de la AVS a aceptar la devolución de las Viviendas ofrecida", reza el escrito, el fondo ha presentado una demanda en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid "acompañada de un extenso informe pericial" de 78 páginas.
Pero Encasa Cibeles no se queda ahí, sino que, en tanto el Ejecutivo regional no cumpla la sentencia, la empresa afirma que "seguirá siendo la propietaria legítima de las viviendas a todos los efectos". Los problemas de las comunidades de vecinos con los fondos han sido constantes desde 2013: los inquilinos se despertaron de la noche a la mañana en 2013 con que su casero había dejado de ser una agencia regional de vivivienda pública (el Ivima) para convertirse en un fondo de capital riesgo, también llamado buitre. Peor todavía: para acceder a esas viviendas habían tenido que cumplir una serie de requisitos públicos (de nivel de renta, etcétera) que de repente no servían para nada.
El fondo reprocha además que no se le haya indemnizado por parte del Gobierno regional al reapropiarse éste de momento de una única vivienda, la del inquilino demandante, Rachid Bouikou, vecino de la localidad de Navalcarnero. Y rechaza incluso perder esta propiedad. En el escrito al juez, Goldman dice que la agencia heredera del Ivima ha tratado de realizar los trámites necesarios ante el Registro de la Propiedad de Navalcarnero en aras de la "anulación de la enajenación" de dicha vivienda "sin liquidar la compraventa ni compensar previamente" al fondo, una maniobra del Ejecutivo autónomico que tilda de "no admisible".
"Hasta la fecha, Encasa no ha recibido ninguna propuesta de compensación satisfactoria de la AVS para la devolución de la vivienda del recurrente y porque, por tanto, no hay acuerdo sobre esta cuestión". Bouikou y su abogado han estado litigando en los juzgados de 2018 a 2020: en Primera Instancia, luego ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que deliberó el fallo durante tres meses) y finalmente ante el Supremo. El éxito no solo ha sido para Bouikou, sino que los magistrados han interpretado que debía extenderse a todas las familias afectadas.
Ayuso solo recupera una VPO
La intención de Goldman Sachs de denunciar al Gobierno de Díaz Ayuso fue adelantada por Vozpópuli en octubre pero la demanda no se ha producido hasta el pasado 1 de diciembre. En las alegaciones ante el juzgado se aprecian las razones del fondo: la Comunidad no quiere asumir las 1.722 viviendas que Encasa le entrega, previa compensación por las inversiones realizadas en los últimos años, porque ello implicaría devolver los 201 millones abonados en 2013.
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La Consejería de Vivienda regional, dirigida por David Pérez (PP), lleva meses diciendo a quien le pregunta que la interpretación de la sentencia del Supremo admite limitar la reversión a únicamente la casa del recurrente. Algo que Encasa desmiente en su texto remitido al juez citando una frase literal de la sentencia, según la cual se “deja sin efecto la enajenación de las 32 promociones".
No solo la Comunidad de Madrid, entonces con Ignacio González al frente, vendió miles de viviendas de una tacada a fondos. Simultáneamente en julio de 2013, el Ayuntamiento de Madrid, con Ana Botella de alcaldesa, hizo lo propio con 1.860 pisos sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a Blackstone por 128 millones de euros. Seguramente muchos de los afectados por esta operación -prácticamente idéntica a la de la administración regional- recurrirán la venta tirando del fallo del Supremo.
En paralelo a los litigios que tienen lugar, el Defensor del Pueblo solicitó desde el año pasado a Comunidad y Ayuntamiento que buscaran una solución habitacional a los miles de inquilinos afectados por la enajenación a Goldman y Blackstone. Tanto Díaz Ayuso como el equipo de José Luis Martínez-Almeida rechazaron la petición del Defensor.
