La herencia explica el 69% de la desigualdad en España y da argumentos para relanzar el anticuado impuesto de sucesiones

La riqueza en España creció durante los años de la burbuja inmobiliaria como en ningún otro país. Mientras la ratio entre riqueza privada –capital financiero e inmobiliario– y renta nacional –el PIB– en España era del 800% en 2007, la media del resto de las naciones desarrolladas no superaba el 550%. Una vez hundido el ladrillo y disparada la crisis, en 2014, la diferencia entre ambos valores cayó al 650%, pero aún quedó por encima de esa media. Sin embargo, que creciera la fortuna nacional no significa que se alterara su reparto. Según los cálculos del estudio sobre la desigualdad en el mundo que elaboraron Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman en 2018, el 10% de los españoles más ricos acumulaba en 2013 el 57% de la riqueza personal del país, con un patrimonio medio de casi 813.000 euros per cápita, mientras que el 50% más pobre sólo poseía el 7% de la riqueza nacional, con un patrimonio por persona de 18.900 euros. Los autores aseguran que esta distribución no ha cambiado en los últimos 30 años.

Uno de los factores que explican esta persistente desigualdad es la herencia. Al menos es lo que se deduce del estudio que firman dos investigadores de la Universidad Complutense; Pedro Salas Rojo y Juan Gabriel Rodríguez Hernández. El 68,8% de la desigualdad en España, medida según el índice Gini, tiene su causa en la herencia. Un porcentaje que se eleva hasta el 76,4% si se considera sólo la riqueza no financiera –básicamente, la inmobiliaria–. Ese reparto es muy parecido al de Estados Unidos: un 68,6% de la desigualdad procede de la herencia considerada en su conjunto, pero se eleva hasta casi el 75% en el caso de la riqueza financiera y desciende hasta el 66,6% en el de la inmobiliaria. Los valores de ambos países superan en mucho los de Italia, Reino Unido y Canadá, aunque los autores creen que sus resultados están sesgados a la baja por la mala calidad de los datos que ofrecen estos tres países.

Salas y Rodríguez también han medido la influencia del nivel educativo de los padres en la desigualdad. En este caso, el problema con los datos afecta a España y Canadá. Pero en Italia el 61,6% de la desigualdad financiera y del 52% de la no financiera se deben a la suma de la herencia y del nivel educativo de los progenitores: mejores colegios, mejores universidades, mejores redes de contactos. En Reino Unido, hasta el 49% de la desigualdad financiera procede de la conjunción de ambas circunstancias. En Estados Unidos el peso combinado de herencia y educación familiar se dispara hasta el 75% en la desigualdad financiera y el 65% en la inmobiliaria. Según explica a infoLibre Pedro Salas, en España el efecto del nivel de educación de los padres sobre la desigualdad es mucho más pequeño, añade un 6% de la desigualdad.

Sus resultados corroboran los de otra investigación anterior, del think tank estadounidense Instituto Peterson, que analizó el origen de la fortuna de los multimillonarios mundiales. Y la herencia era el germen de casi el 54% de los superricos españoles, sólo un poco menos que los alemanes –el 64,7%–, pero mucho más que los italianos –el 37,1%– y los británicos –sólo el 6,4%–. Otros países, no obstante, se sitúan a la cabeza de los millonarios de nacimiento: en Dinamarca y Finlandia superan el 80%, en Suecia se acercan al 70%. “Aunque son países más igualitarios, allí la aristocracia es también la propietaria del capital”, explica Pedro Salas, “digamos que la duquesa de Alba y Amancio Ortega se juntan en la misma persona”.

Pese a los vaivenes económicos y la introducción de múltiples mecanismos de redistribución –los impuestos–, la importancia de la herencia como origen de la riqueza ha disminuido mucho menos en los últimos 150 años de lo que podría pensarse. Dos de los economistas citados, Alvaredo y Piketty, junto con Bertrand Garbinti, descubrieron que la evolución de la riqueza heredada en Europa y Estados Unidos desde finales del siglo XIX ha seguido el mismo patrón: era muy alta hasta 1910, con una participación superior de entre el 70% y el 80% de la riqueza total, cayó abruptamente con las dos guerras mundiales y se situó por debajo del 40% entre 1950 y 1980, pero desde entonces no ha dejado de aumentar, hasta alcanzar el 60% a partir de 2000. Y sigue subiendo, aseguran.

El menos “distorsionador y perjudicial para el crecimiento”

“No son las rentas ganadas sino las no ganadas las que deben ser limitadas por el bien común”, escribió a finales del siglo XIX uno de los grandes teóricos del liberalismo económico, John Stuart Mill, el mismo que dudaba de la idoneidad de los impuestos progresivos para la tributación general pero cuya aplicación consideraba “justa y conveniente” para las herencias. Casi un siglo antes, el propio Adam Smith había tachado de “manifiestamente absurdo” considerar que existe un derecho a disponer “para siempre” de un patrimonio. La revista británica The Economist ya se pronunció hace tres años a favor del impuesto de sucesiones como parte necesaria de un sistema fiscal “justo y eficiente”. A su juicio, ese impuesto debería gravar a los herederos, no a los patrimonios, estableciendo un amplio mínimo exento, y eliminar las deducciones. La recaudación obtenida, además, debería permitir el recorte de otros impuestos por los que tributan la mayoría de los contribuyentes.

Sin embargo, la tendencia mundial es la contraria. “El impuesto de sucesiones está en declive en toda la OCDE, cada vez recauda menos”, advierte Miguel Artola Blanco, historiador económico y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III de Madrid. Suecia y Noruega lo han eliminado, en Estados Unidos el impuesto federal sobre las herencias fue recortado desde la llegada de Ronald Reagan a la presidencia y los impuestos adicionales creados en cada estado terminaron decayendo. En Canadá, la competencia fiscal entre sus estados también acabó con el tributo.

En España, las voces a favor de su supresión son recurrentes y polémicas las exenciones aplicadas por algunas comunidades autónomas. “Es una herramienta muy desatendida”, lamenta Artola Blanco, “con un potencial recaudatorio muy importante”. Lo mismo cree la OCDE: existe “margen para reforzar el papel del impuesto de sucesiones en algunas comunidades autónomas”, sobre todo porque “la desigualdad ha aumentado en los últimos años”, asegura en una de sus habituales recomendaciones. Además, destaca que este impuesto es menos “distorsionador y perjudicial para el crecimiento” que otros tributos –se paga una sola vez, por ejemplo–. Por ese motivo invita a los gobiernos autonómicos a eliminar las desgravaciones concedidas a “los estratos de población más acomodados”.

la presión actual del impuesto no difiere mucho de la que existía en 1900

El impuesto de sucesiones nació en España como “Impuesto sobre Derechos Reales y Transmisión de Bienes” en 1872, durante el reinado de Amadeo de Saboya. “Fue un impuesto muy progresivo desde muy pronto”, apunta Miguel Artola. Pero la última reforma a la que se le ha sometido se llevó a cabo hace ya mucho tiempo, en 1987, si se exceptúa su cesión en 1996 a las comunidades autónomas, que pueden recaudarlo y aplicar sus propios tipos o reducciones de la base imponible. Desde entonces los territorios se han embarcado en una carrera por bajar la tributación y atraer así herencias de otras comunidades.

La consecuencia ha sido doble. Por un lado, la recaudación ha caído un 7,6% desde que alcanzó su máximo en 2007. Según las últimas cifras que proporciona la Agencia Tributaria, correspondientes a 2017, el impuesto de sucesiones generó unos ingresos totales de 2.709 millones de euros, apenas el 0,23% del PIB.

Por otro, también se ha recortado el tipo efectivo. Según los cálculos de Artola Blanco, realizados a partir de las estadísticas de transmisiones patrimoniales mortis causa y donaciones de los Registros de la Propiedad, ese tipo no supera el 5%. A principios del siglo XX, la recaudación era sólo del 2% o el 3% del caudal hereditario, a partir de 1910 fue subiendo hasta llegar a un máximo del 20% en los años 90. Pero desde entonces, explica el profesor de la Universidad Carlos III, las exenciones han recortado los ingresos por el impuesto de tal manera que la presión fiscal no difiere en gran medida de la que existía en 1900: la recaudación no ha variado sustancialmente, mientras que el patrimonio no ha dejado de crecer.

“El impuesto de sucesiones es muy opaco en su gestión”, critica Miguel Artola. Las comunidades autónomas sólo publican las cifras de su recaudación, por lo que “se desconoce el volumen de patrimonio que es objeto del gravamen y el efecto de las deducciones que aplica cada una de ellas”, añade. Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco ofrecen bonificaciones de casi el 100% a las herencias entre parientes más cercanos.

En Andalucía, donde desde abril de 2019 la bonificación es del 99% para los herederos en primer grado de parentesco, de las 228.088 liquidaciones presentadas hasta el mes de septiembre de ese año –los últimos datos publicados– sólo tuvieron que pagar 12.630, el 13%. El fisco andaluz ingresó por ellas 119,2 millones de euros. Por donaciones unos escasos 10, 4 millones. En todo el ejercicio, la recaudación por ambos impuestos ascendió a 261,4 millones de euros, un 12,7% menos que el año anterior, cuando no existía la bonificación pero sólo tributaban las herencias superiores al millón de euros. En 2017, el último ejercicio completo del que la Agencia Tributaria ofrece datos, Andalucía recaudó por el impuesto de sucesiones y donaciones 364,2 millones, la tercera en volumen detrás de Cataluña y Madrid.

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Mínimo común estatal

Miguel Artola defiende un rediseño del impuesto, que incluya la fijación de un mínimo común a todos los territorios. En la misma dirección apuntaron los expertos que elaboraron en 2017 un informe para reformar el sistema de financiación autonómica y antes incluso, en 2014, los expertos que redactaron el informe para la reforma fiscal de 2014. El objetivo de ese suelo de tributación no es otro que impedir la “espiral de competencia a la baja” entre comunidades que amenaza con hacer desaparecer el impuesto, una opción que los técnicos no consideran deseable. Incluso precisaban que la tarifa lineal puede establecerse entre el 4-5% y el 10-11% según el grado de parentesco. Además, recomendaban suprimir el actual sistema de coeficientes multiplicadores en función del parentesco y del patrimonio preexistente del heredero, así como “clarificar” las reducciones.

Otras posibilidades para modernizar el impuesto de sucesiones incluyen integrarlo con la llamada plusvalía que cobran los ayuntamientos sobre las transmisiones de inmuebles e impedir la huida hacia sociedades de inversión y financieras de esas transmisiones de propiedad, obligando a que éstas tributen en el impuesto sobre sociedades, tal y como propone el profesor Luis Puch, de la Universidad Complutense de Madrid. Una actualización más que necesaria de un tributo que mantiene inalterados desde 1987 tanto sus tarifas estatales como los tramos de la base liquidable, pese a que la renta per cápita en España se ha triplicado desde entonces. “Si realmente estamos preocupados por la desigualdad,”, resume Pedro Salas, “el impuesto de sucesiones tiene un efecto redistributivo innegable, porque la desigualdad que procede de la herencia es vertical y prescriptiva, no la genera el esfuerzo y el mérito”.