Los incentivos fiscales que propone el PSOE para abaratar los alquileres chocan con el mercado negro: el 40% no declara

En pleno terremoto político con la remodelación del Ejecutivo central, la moción de censura fallida en la Región de Murcia y las elecciones que se avecinan en la Comunidad de Madrid, tiene lugar desde hace mes y medio una dura negociación en el seno del Gobierno de coalición por el control de los precios del alquiler. PSOE y Unidas Podemos están muy enfrentados: el miércoles volvió a descarrilar cualquier acuerdo al rechazar los morados la batería de incentivos fiscales a propietarios con la que acudió el equipo del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. UP quiere un tope a los alquileres, no que los arrendadores puedan desgravarse más del Impuesto sobre la Renta. 

La propuesta socialista parte de una medida que ya existe: la reducción del 60% del IRPF por arrendamiento de vivienda habitual a cualquier propietario. El PSOE lleva esa rebaja hasta el 90%, según el contrato que se firme y la zona donde esté la casa. La rebaja del 60%, aprobada en 2011 por el Gobierno de Zapatero, pretendía que afloraran pisos del mercado negro, ya que más del 60% no se declaraban. 

Los resultados fueron buenos: muchos propietarios incluyeron el alquiler en la declaración de la renta y se beneficiaron del incentivo. Pero según los datos del sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, el 40,8% de las viviendas destinadas al alquiler en España no se declaran: un total de 1,28 millones de propiedades. 

Son demasiados pisos, insensibles a las bonificaciones que ha lanzado el Gobierno (que además son voluntarias). "Los incentivos fiscales están sobrevalorados", resume con sorna José María Mollinedo, secretario general de Gestha. "Fueron muy útiles para sacar del mercado negro miles de viviendas. Pero para reducir los precios del alquiler, o son muy potentes o se quedan sin efecto". 

"Y si son muy potentes, el resto de la población financia a unos pocos propietarios". Mollinedo cree que "a la larga se corre el riesgo de que terminen beneficiando solo a inquilinos de rentas altas". ¿Por qué se habla de deducciones fiscales al propietario? ¿No será mejor dar incentivos o ayudas a colectivos vulnerables con dificultades para acceder a viviendas en alquiler?", se pregunta. 

Comparte diagnóstico con el dirigente de Gestha el último informe de la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), sobre la evaluación del gasto público en 2019 publicado en julio de 2020. Para empezar, la Airef calcula el coste de desgravar el 60% del alquiler de una vivienda habitual: 1.039 millones de euros al año. Se trata de una medida "regresiva" en términos de desigualdad. 

Mil millones al año

La evaluación que hace el organismo dirigido por Cristina Herrero concluye que, si bien ha menguado el mercado negro del alquiler, "la evaluación identifica la creciente dificultad para el acceso a la vivienda de los hogares de rentas bajas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas". O lo que es lo mismo, que ha beneficiado a rentas altas y dificultado el acceso a la vivienda a los más pobres. 

Así, la Airef reclama "reformular el incentivo, reorientando su diseño para facilitar el acceso al alquiler a colectivos vulnerables", y vuelve a apuntar a las "especiales necesidades en áreas metropolitanas. "Por ejemplo", propone, "mediante la modulación de la intensidad del incentivo en base al índice de alquiler de vivienda por sección censal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o la inscripción como vivienda de alquiler social".

Fuentes de Transportes consultadas por este medio defienden que eso es lo que se está haciendo ahora: en la propuesta que no convenció a UP el 17 de marzo, se dan varios casos que permiten desgravar (voluntariamente) al arrendador, manteniendo siempre la medida de 2011: alquilar a precio de vivienda protegida (una reducción del 60% en el IRPF), vivienda rehabilitada (60%), a jóvenes de entre 18 y 35 años (70%) o rebajar el precio del anterior contrato un 10% en una zona tensionada (90%). En el PSOE defienden la voluntad de llegar a acuerdos. Pero hay nerviosismo, porque las partes están muy alejadas. 

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"¿Les compensa?"

El economista Alejandro Inurrieta se manifiesta en contra de los incentivos a propietarios. "Primero, los incentivos fiscales son voluntarios; segundo, la liquidez predomina sobre la renta diferida, que puede ser el beneficio fiscal". Inurrieta, favorable al control de precios que propugna Unidas Podemos, explica esto último:"Los inversores suelen ser gente muy endeudada, por el pago de las hipotecas por ejemplo. Y necesitan liquidez para asumir ese crédito. Si bajan el precio de su vivienda para beneficiarse fiscalmente, ¿les va a compensar? Lo dudo", razona. 

Mollinedo, de Gestha, lo explica de otra forma:  "Cuando termine la pandemia y se recupere el turismo, ¿al propietario de una vivienda de uso turístico le va a venir bien acogerse a las bonificaciones fiscales? Ganaría mucho más haciendo lo que hacía antes del covid".