Izquierda Unida va a presentar una proposición en el Congreso para modificar la Ley de Contratos del Estado e impedir que las empresas, públicas o privadas, que tengan sede u oficinas en paraísos fiscales contraten con la Administración. Fuentes de la coalición han precisado que la iniciativa se extiende a aquellas sociedades que tengan presencia en paraísos fiscales y participen en compañías que se presenten a concursos de la Administración.
En la proposición está muy presente la Comunidad de Madrid, la empresa Capio y los planes para privatizar la sanidad del Gobierno de Ignacio González (PP).
33 de las 35 empresas del Ibex tienen filiales en paraísos fiscales
Capio está relacionada con un territorio considerado paraíso fiscal por España hasta 2005: las Islas Caimán. Es allí donde tienen su sede las cinco filiales de CVC que, en última instancia, dominan Capio. Pero la verdadera incógnita sigue en pie: la de quiénes, con nombres y apellidos, están tras esas cinco empresas de papel cuya única misión es la tenencia de valores de otras compañías.
No hay explicaciones de Capio sobre el hecho insólito de que el principal operador privado de sanidad esté en manos de sociedades instrumentales con sede en un paraíso fiscal. En respuesta a este medio, Capio remitió la siguiente respuesta: "Esta última sociedad [la luxemburguesa propiedad de las empresas domiciliadas en las Caimán] es propiedad de fondos asesorados por CVC Capital Partners y del equipo directivo de Capio. La situación accionarial fue puntualmente notificada a la Comisión Europea”.
Pese a la vaguedad de la respuesta, se infiere de ella que el médico Víctor Madera, mascarón de proa mediático del grupo y artífice del grupo ahora dominado por CVC, y los miembros de su equipo tienen acciones en el archipiélago caribeño. Dado que Capio sostiene que el equipo directivo tiene “cerca del 40%” en el accionariado del grupo, la incógnita persiste: ¿qué personas o sociedades controlan el 60% restante? No hay respuesta.
Izquierda Unida va a presentar una proposición en el Congreso para modificar la Ley de Contratos del Estado e impedir que las empresas, públicas o privadas, que tengan sede u oficinas en paraísos fiscales contraten con la Administración. Fuentes de la coalición han precisado que la iniciativa se extiende a aquellas sociedades que tengan presencia en paraísos fiscales y participen en compañías que se presenten a concursos de la Administración.