Luchar contra la pobreza multiplicada por la pandemia: del ingreso mínimo vital a la "renta universal de cuarentena"

La pandemia del coronavirus ha arrastrado a la economía global al terreno de lo desconocido. Las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que por cada mes de confinamiento el PIB global puede contraerse entre dos y tres puntos, respectivamente. Y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en los próximos tres meses pueden perderse unos 230 millones de puestos de trabajo a causa de una enfermedad que ya ha costado la vida a más de 75.000 personas en todo el planeta. En España, las primeras cifras que ha dejado la pandemia hablan ya de más de 800.000 empleos destruidos en el mes de marzo. Una crisis, la más severa desde la II Guerra Mundial a ojos de la OIT, que ha obligado al Gobierno de coalición a armar un importante escudo social a base de medidas de protección económica y laboral. Una defensa para que “nadie se quede atrás” que podría completarse en las próximas semanas con la aprobación de una renta mínima que cubra a los sectores más vulnerables de la población y en cuyo diseño el Ejecutivo lleva trabajando varias semanas.

El debate sobre una propuesta de estas características no es nuevo. En febrero de 2017, el Congreso tomó en consideración una iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada desde CCOO y UGT para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos. Aquella propuesta fue analizada en profundidad por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Un estudio del que el organismo presidido entonces por José Luis Escrivá salió con dos propuestas. La primera, una única prestación con dos tramos de renta e importe por hijo a cargo. Así, para un hogar con una renta por debajo del 20% de la renta media disponible calculaban entonces una prestación equivalente al 80% del IPREM –unos 430 euros mensuales en 2019– y un complemento por hijo de otros 100 euros –hasta un máximo de tres–, mientras que para aquellas familias con unos ingresos situados entre el 20% y el 60% de la media sólo se contemplaba la ayuda por hijo. La segunda, una sola prestación que comenzara en el 80% del IPREM y fuera reduciéndose en función de la renta hasta el 10%. En ambos casos, calculaban un coste de 5.500 millones y 1,8 millones de hogares beneficiarios.

Pero ahora todo es diferente. Con la economía en stand by, es necesario estudiar si se recurre a este mecanismo ajustando los cálculos o si se buscan otras fórmulas alternativas. En ello están el Ministerio de Seguridad Social –con Escrivá al frente– y la Vicepresidencia de Derechos Sociales –encabezada por Pablo Iglesias–. Por el momento, hay consenso sobre la necesidad de impulsar una medida de estas características, la última gran bala en materia de protección social. Sin embargo, desde el Ejecutivo siguen estudiando cómo encajar todas las piezas. La intención es no precipitarse adoptando una decisión que pueda comprometer el conjunto de una medida que con carácter estructural ya aparece plasmada en el acuerdo de Gobierno sellado por PSOE y Unidas Podemos. Entre otras cosas, se está analizando cómo ponerla en marcha unificando todas aquellas ayudas de carácter directo. O cómo podría llegarse a todos los segmentos de la población. En este sentido, una de las ideas puestas sobre la mesa es obtener información de todas aquellas personas sin apenas ingresos a través de una declaración obligatoria de la renta.

Prestación para hogares en base a la renta

Por el momento, el hermetismo de cara al público es máximo. El vicepresidente de Derechos Sociales aseguró hace justo una semana que están trabajando para que el ingreso mínimo vital sea una realidad “cuanto antes”. “Es algo que ya se ha discutido y que tenemos claro que se tiene que hacer. Falta concretarlo, dialogar entre los diferentes equipos y también con las comunidades autónomas. Pero yo espero que lo tengamos listo pronto”, insistió Iglesias este fin de semana en eldiario.es. Ligeras pinceladas dio, por su parte, Escrivá en una entrevista concedida a La Vanguardia. “Es una prestación que está diseñada para hogares”, explicó el ministro de Seguridad Social, que aseguró que se pondría “el énfasis” en la renta pero diferenciando también por tipología: “los monoparentales tendrán una prestación más alta y por supuesto, las familias en función del número de hijos”. Escrivá, no obstante, no quiso adelantar cifras. Ni de hogares que van a resultar protegidos ni tampoco del importe aproximado de una medida que, eso sí, afirmó que será “indefinida, a diferencia de todas las demás, que son temporales”.

Carles Manera, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, no tiene dudas sobre la necesidad de poner en marcha un esquema “de estas características” porque en un escenario como el que nos encontramos no se puede dejar a una parte importante de los ciudadanos desprotegidos. En su opinión, la ayuda debería estar reservada a aquellos segmentos de población más vulnerables –“personas que se han quedado sin empleo y sin prestación o cuyos ingresos son insuficientes para cubrir un mínimo vital”– y debería prolongarse, al menos, hasta que haya una “recuperación económica tangible”. Manera, en conversación telefónica con este diario, prefiere no dar datos concretos de cuantías ni señalar cuáles deberían ser las barreras de entrada para percibir este tipo de ayudas. Sin embargo, recalca la importancia de articular mecanismos de este tipo como “dique de contención” ante un posible aumento del descontento social. Una tensión que ya se pudo apreciar a finales de marzo en el sur de Italia con saqueos a los supermercados. “No es gente que se haya vuelto loca, es gente que quiere comer”, apunta.

Renta básica universal de cuarentena

Pero el ingreso mínimo vital no es la única fórmula que algunos expertos ponen sobre la mesa. Ante la emergencia existente, Daniel Raventós, economista de la Universitat de Barcelona, aboga por implantar una “renta básica universal de cuarentena”. A diferencia de la fórmula que se estudia desde el Gobierno, la propuesta del también presidente de Red Renta Básica pasa por una asignación “incondicional”. “Que a cualquier persona que la pida se le dé rápidamente”, explica a infoLibre. Con una pandemia que se extiende de forma descontrolada por medio mundo, apunta, se debe actuar “con urgencia”. Y más teniendo en cuenta que España ha llegado a esta nueva crisis con una importante brecha social. En 2018, alrededor de 12,2 millones de personas, el 26,1% de la población, se encontraba en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según el informe anual elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Una cifra que representa un incremento de 1,2 millones de personas respecto a 2007, cuando la economía mundial todavía no afrontaba la famosa Gran Recesión.

La propuesta que plantea Raventós se inicia con la apertura de un periodo de petición online para que todo el que quiera pueda solicitar la renta básica. Tras esto, la administración se encarga de estudiar las características del hogar al que pertenece el solicitante –cuántos adultos y menores conviven– y se le transfiere la cantidad fijada “de forma inmediata”. Este pago, señalan los expertos de Red Renta Básica, debe prolongarse “indefinidamente” o, como mínimo, “hasta tres meses después de que se haya declarado el final de la situación de emergencia”. Luego, en el ejercicio de 2021, todo el mundo deberá presentar la declaración del IRPF. Y se estudiarán los diferentes casos. Así, las personas que hayan percibido ingresos además de la prestación “deberán pagar en función del total de ingresos, descontando la transferencia de renta básica”. Y las que únicamente hayan recibido la ayuda “anualizada” no pagarán nada. En cuanto a la cuantía, proponen calcular el importe por hogar a razón de 530 euros “para el primer miembro” y el 50% para el resto de integrantes. El coste, 17.153 millones mensuales en caso de que la solicitara todo el mundo.

No es el único experto que pone sobre la mesa un mecanismo de renta básica universal de carácter temporal para hacer frente a la pandemia. También lo hizo a finales de marzo el economista y exdiputado de Ciudadanos Toni Roldán en un artículo publicado en El País. La fórmula imaginada pasaba por la posibilidad de otorgar un cheque de 1.000 euros al mes a cada persona en edad de trabajar –unos 38 millones– al mismo tiempo que se impone un impuesto extraordinario a pagar “una vez el próximo año” calculado en función de la caída de ingresos de una persona entre 2019 y 2020: las que no se hayan visto afectadas tendrán que devolver todo el dinero mientras que el resto deberá pagar en función de la caída de sus rentas. Así, suponiendo que a la mitad de población en edad de trabajar no le impacta la pandemia, que el 25% ve reducidos sus ingresos a la mitad y que el 25% restante pierde todo, Roldán calcula que el coste de dicha renta básica universal “en términos netos” para el Estado a lo largo de dos años “sería de menos del 1% del PIB, una cifra perfectamente asumible para España”.

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Del FMI a De Guindos pasando por el 'Financial Times'

Desde el estallido de la pandemia, no han sido pocas las voces que se han alzado a favor de la aplicación de mecanismos de este tipo. Así, el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, el liberal Luis de Guindos, aseguró el pasado mes de marzo durante una entrevista en La Sexta que era necesario que el Estado actuase con la implantación de lo que llamó “renta mínima de emergencia” para evitar que tras la crisis sanitaria hubiera un estallido social. “Conseguir que el gasto social sea más eficaz y equitativo entrañará un incremento en la cobertura de los grupos más desfavorecidos, así como en la adecuación de varios programas de asistencia social (especialmente el gasto en programas de renta mínima, familia y vivienda)”, se dijo también desde el Fondo Monetario Internacional. Incluso el diario liberal Financial Times dejó claro en un editorial publicado este fin de semana que “políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica o los impuestos a las rentas más altas” tendrán que formar parte de la respuesta que se dé por parte de los países al impacto económico derivado de la pandemia.

Los economistas, sin embargo, se muestran escépticos sobre la posibilidad de que se haya producido un cambio de mentalidad. “Cuando se recupere la economía, estos mismos volverán a la ortodoxia”, pronostica Manera. Tampoco lo ve Raventós, quien recuerda aquel famoso llamamiento que el expresidente francés Nicolas Sarkozy hizo en septiembre de 2008 a refundar el capitalismo sobre “bases éticas”. “Luego llegaron los rescates a la banca y el hundir a países como Grecia”, apunta. De todos modos, lo que ambos tienen claro es que esta situación excepcional ha reabierto el debate sobre el ingreso mínimo vital o la renta básica universal. “Herramientas” que, apunta el catedrático de Economía Aplicada, “suelen tener una filosofía y permeabilidad social” que permite su asentamiento. Por el momento, países como Estados Unidos ya han acordado enviar a sus ciudadanos cheques de unos 1.100 euros, una cuantía que se va reduciendo a medida que aumentan los ingresos de los beneficiarios. Brasil, por su parte, ha puesto en marcha un esquema de pagos del que se podrán beneficiar unos 60 millones de trabajadores informales. En total, unos 115 euros mensuales durante un trimestre.

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