Las propuestas de Feijóo implican renegociar los fondos UE ya conseguidos y retrasarían su ejecución

Alberto Núñez Feijóo envió finalmente este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su plan de medidas “urgentes” para luchar contra el impacto de la inflación en la economía. Cuarenta páginas adornadas con el escudo de España, pero sin ningún logo del PP, en las que, además de las propuestas fiscales esbozadas días atrás, desarrolla sus ideas para reducir el gasto burocrático y rediseñar los fondos europeos.

El plan no precisa mucho más sobre la deflactación de la tarifa del IRPF –su ajuste a la inflación— de lo que avanzó el presidente del PP en anteriores explicaciones públicas. No concreta en qué cuantía –¿la subida de la renta, el IPC?– ni si la adecuación debe hacerse sólo en la tarifa o también en el mínimo y los gastos de trabajo. Tampoco da muchos más detalles sobre la nueva figura para rentas bajas que quiere crear en la lista de mínimos personales y familiares del impuesto o sobre la ayuda de 200 a 300 euros para quienes cobran entre 14.000 y 17.600 euros, excepto que querría coordinar ese pago con los del Ingreso Mínimo Vital o el Bono Social Eléctrico y Térmico.

También pide aplicar un tipo superreducido del 5% en el IVA de la luz y el gas –ahora está en el 10%– y aplicar un 10% en reformas de eficiencia energética, como la colocación de paneles solares en viviendas o edificios públicos. Concreta ahora la rebaja que pretende en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, para el gasóleo que utilizan los agricultores, desde los 00,96 euros actuales hasta 0,021 euros, y propone pedir a la Comisión Europea una “excepción” para bajar por debajo del mínimo europeo los 33 céntimos en que se vende el gasóleo para el transporte.

En general, el plan aboga por sustituir las ayudas directas por incentivos fiscales, impuestos negativos y créditos fiscales monetizables. Y reclama un rediseño del Plan de Recuperación y Resiliencia, de forma que se reasignen los fondos del Mecanismos de Recuperación y éstos puedan dedicarse a financiar las rebajas fiscales que propone. De ahí quiere sacar los 4.900 millones de euros que, según sus cálculos, costarán sus medidas.

Para defender la preferencia por los incentivos fiscales, “una forma más rápida y ágil de hacer llegar los recursos a las familias y empresas”, dice el plan, que las subvenciones, Feijóo se apoya en la CEOE y en los casos en que Italia, Francia, Portugal, Grecia y Suecia están utilizando deducciones en los impuestos.

Deducciones para fomentar la “cohesión social”

Como el propio plan del PP reconoce, los fondos de recuperación europeos deben utilizarse para estimular la transición ecológica y la transformación digital, pero no pueden sustituir “excepto en casos debidamente justificados, a los gastos presupuestarios ordinarios”. Aun así, Feijóo cree que podrían utilizarse para financiar los incentivos fiscales si se considera que éstos tienen como fin ayudar a la “cohesión social”.

Así que propone cargar al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia una deducción “extraordinaria y temporal” de hasta 500 euros para los trabajadores que sufraguen sus gastos en internet, transporte público o teletrabajo, así como en cursos de formación en “idiomas, competencias digitales o actividades extraescolares”. También quiere financiar con esos fondos una deducción igualmente extraordinaria y temporal para las empresas que inviertan en adaptarse a las exigencias en transición ecológica, capacidad digital, ciberseguridad o facturación electrónica, por ejemplo.

Según han explicado fuentes del Gobierno a infoLibre, no es posible financiar con esos fondos esos incentivos fiscales tal y como lo propone el PP. “Las deducciones no pueden ser genéricas, sino que deben dirigirse a políticas concretas, previamente acordadas con la Comisión Europa y cumpliendo con las exigencias de transición verde y digitalización”, aseguran. Para hacerlo como plantea Feijóo, habría que modificar el Plan de Recuperación, acordándolo con la Comisión, lo que “en ningún caso sería inmediato y requeriría la justificación de todos los gastos”, objetan. A su vez, esos pasos “burocratizarían” el proceso.

Contra la corrupción

El plan amplía las ideas de Feijóo para reducir el gasto burocrático, una “simplificación administrativa” que descansa en el protagonismo que pretenden conceder a la declaración responsable. Este instrumento, a su juicio, debe ser la base de la relación entre las empresas, y la Administración. Se trata de un documento en el que las empresas manifiestan, bajo su única responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos por una determinada normativa. También aboga por un “gobierno inteligente” que, ayudado por la digitalización, la inteligencia artificial y la robotización, crearía una administración “más objetiva y menos discrecional”. También más neutral.

Para aligerar las administraciones, sin embargo, pide que se cree un nuevo órgano, con rango de dirección general y dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. Ese ejercicio de racionalización burocrática debería financiarse igualmente con cargo a los fondos europeos. Y permitirá, según destaca el PP, adelgazar “las estructuras de decisión política”; es decir, reducir el número de cargos políticos y personal de confianza. Sobre el recorte de ministerios, sólo menciona el de Consumo como superfluo, pero sí dice que los 22 actuales son demasiados. El plan admite que esta última medida no tiene “un impacto presupuestario enorme”. Lo que sí resalta en un par de menciones el PP es que todas estas iniciativas disminuirán los casos de corrupción que “tanto preocupan y alarman” a la ciudadanía”.

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Feijóo no concreta cifras de recorte de gasto público, sólo reclama un plan para mejorar su efectividad y calidad, que se potencie a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con más recursos y que se haga pública la estrategia fiscal a medio plazo del Gobierno.

Alargar la vida útil de las nucleares

Finalmente, el plan del PP incluye un capítulo completo de medidas para contener los precios de la energía, que incluye algunas iniciativas ya aplicadas, otras de competencia europea y algunas más ya en la agenda del Gobierno. Una parte importante está dedicada a la industria electrointensiva, donde se menciona incluso a la fábrica de aluminio de Alcoa, en Lugo, que ha tenido que cerrar tras un largo conflicto en el que medió la Xunta. Así, el PP pide que se redacte un estatuto para este tipo de empresas que reduzca sus costes y que se les apliquen los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de CO2. Estos derechos, que se encuentran en precios elevadísimos, se están destinando en estos momentos a aliviar los peajes y cargos de las facturas de la luz de todos los consumidores.

Además, Núñez Feijóo reclama que se reabra el gasoducto Magreb-Europa y se aumente la capacidad de interconexión con el resto de Europa, así como que se alargue la vida útil de las nucleares. Otras medidas son genéricas: extender el uso de renovables para rebajar la dependencia energética o reducir la demanda estimulando la eficiencia energética. Propone igualmente “explorar” fórmulas de tarifas eléctricas fijas durante un año, en lugar de diarias como las que tiene España. En Portugal tienen ese plazo y en Italia se fijan cada tres meses. Es una propuesta que ha hecho Iberdrola y que el Gobierno no se ha negado a estudiar.