Casi la mitad de las familias vulnerables no reciben el bono social energético

El incremento del precio de la energía en los últimos dos años supone cada mes un duro golpe para millones de personas en España, pese a que existen diferentes mecanismos para ayudar a las familias con menos recursos a pagar la factura de la luz y el gas. A finales de 2021 había en el país dos millones de hogares que sufrían vulnerabilidad energética, pero sólo recibieron apoyo para pagar los recibos 1,1 millones (el 55%), lo que evidencia fallos en el sistema de cobertura social, según defiende el Defensor del Pueblo en su informe anual publicado este lunes.  

El principal fracaso de esta cobertura, que funciona desde hace más de una década, es que los hogares desconocen su existencia o no saben cómo suscribirse a ella, un problema que es bien conocido por la Administración, pero que hasta ahora no se ha resuelto. "Estamos seguros de que hay un porcentaje de familias que se pueden beneficiar de estas ayudas y no lo solicitan, y es uno de los objetivos que mantenemos en todas las estrategias contra la pobreza energética", señaló este jueves la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en Cadena Ser. 

El otro inconveniente, según desarrolla el Defensor del Pueblo, son los errores en el sistema informático que asigna las ayudas. El organismo encargado de velar por la protección de los ciudadanos advirtió este lunes de que a lo largo de 2022 recibió "numerosas quejas" de personas que tuvieron problemas para acceder al bono social eléctrico y térmico, las dos principales ayudas para pagar las facturas energéticas. Según esta institución, no se atribuye correctamente la condición de consumidor vulnerable a algunas de las personas que tratan de acceder a estos bonos. 

"En el trabajo ordinario del Defensor del Pueblo se han detectado posibles errores en la atribución de la condición de consumidor vulnerable, a efectos de percibir ayudas del bono social eléctrico. En particular, se deniegan solicitudes de personas que cumplen con todos los requisitos exigibles, sin que se les explique cómo puede subsanarse esta situación", concreta el organismo en el informe. 

El bono social eléctrico es una ayuda creada en 2009 para ayudar a las familias en apuros con una rebaja sobre la factura de la luz. A esta se sumó en 2018 el bono térmico, un pago anual de apoyo para pagar la calefacción, el agua caliente y la cocina de gas, que se concede automáticamente a quien ya recibe el bono eléctrico. La ayuda a la luz cubría entre el 25% y el 40% del recibo, aunque se amplió en 2021 y 2022 y ahora descuenta entre el 40% y el 80% de la factura eléctrica, en función del grado de riesgo del hogar. El bono térmico era originalmente de entre 25 y 123,94 euros, cuantía que ha crecido hasta una horquilla de entre 40 y 375 euros. 

Hay diferentes formas de catalogar cuántos hogares están en situación de pobreza energética, pero todos los indicadores demuestran que la situación es dramática. Según el último informe de Transición Ecológica, publicado en diciembre, tres millones de hogares tuvieron en 2021 un gasto desproporcionado en energía: las facturas representaron sobre sus ingresos el doble que para la media nacional. Ese mismo año, 1,74 millones de hogares gastaron en luz y calefacción menos de su gasto teórico porque no pudieron permitírselo; 2,7 millones pasaron el invierno con una temperatura inadecuada; y 1,78 millones de familias pagaron tarde sus facturas. 

Desde ese año, el número de beneficiarios del bono social energético ha crecido rápidamente hasta los 1,29 millones de españoles, según las cifras recogidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el pasado septiembre. La crisis hizo un efecto llamada en estas ayudas, aunque los expertos reclaman una agilización de los trámites para facilitar la concesión.  

Para optar a las coberturas hay que adjuntar el modelo de solicitud, una fotocopia del NIF de todos los miembros del hogar y la acreditación del estado civil mediante una hoja del registro civil. Y en el caso de las familias numerosas, un documento que lo justifique y la documentación que acredite su renta. "La solución pasaría por más información y menos burocracia para quien lo solicite", señalan Roberto Barrella y José Carlos Romero, investigadores de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas.

Según señaló este jueves la vicepresidenta Ribera, el Gobierno publicó hace cuatro años la Estrategia contra la pobreza energética para mejorar este proceso. Desde entonces, los beneficiarios han crecido en 124.000 personas (un 13% más), la mayoría en 2022 fruto de la fuerte inflación. La responsable de Energía explicó que la principal medida adoptada es coordinar su ministerio con ayuntamientos y ONG para "identificar y acompañar a estas familias, porque tienen una serie de preocupaciones que les desbordan, porque consideran el proceso muy complicado o porque las comercializadoras –quienes lo tienen que activar– no les hacen caso".

Problemas con la aplicación informática

El Defensor del Pueblo también presentó el año pasado numerosas propuestas para evitar errores de papeleo que perjudiquen a las familias. La principal fue pedir a Transición Ecológica que, quien haya visto denegado el bono eléctrico, pueda recurrir directamente a la Administración. Como la ayuda se pide a la compañía eléctrica y esta es la que transmite el rechazo de la solicitud al cliente –tras haber consultado previamente al sistema informático de Hacienda–, el ciudadano no llega a saber por qué le deniegan la cobertura. "Dicho ministerio no ha acogido favorablemente esta propuesta", recoge el organismo que vela por los ciudadanos en su informe anual publicado el lunes. 

El número dos de Ayuso en el PP de Madrid cobra otro bono social pero más alto: el de "vulnerables severos"

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Mientras estas coberturas tienen claras dificultades para llegar a quien lo necesita, se permite que las familias numerosas puedan solicitarlas sea cual sea su renta, un criterio que se estableció en 2009 y que hasta ahora no se ha corregido. El Defensor del Pueblo ya señaló esta anomalía en 2014 por suponer "una evidente situación de discriminación". En ese informe se señalaba también que en ese momento tampoco había criterios de renta para los pensionistas y las familias con todos sus miembros en paro, y estos dos casos se eliminaron, pero se mantuvo la excepción para los hogares con tres o más hijos. 

Más de una década después, el Gobierno se abrió este miércoles a cambiar la normativa y establecer unos criterios máximos de renta, que en principio serán "ligeramente superiores" a los 26.000 euros al año, según anunció este jueves Teresa Ribera. El giro de timón se da tras conocerse de la mano de infoLibre que Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, accedía al bono social eléctrico y el bono térmico para hogares vulnerables sólo por su condición de familia numerosa, pese a tener un salario anual de más de 100.000 euros y 1,4 millones más en patrimonio. Después se conocieron dos casos más, el de la líder de Más Madrid, Mónica García, y el número dos de Ayuso en el PP madrileño, Alfonso Serrano.

Sobre este asunto, los expertos de la Cátedra de Pobreza Energética celebran el cambio normativo, que reclaman desde hace años. "En un periodo de crisis como el que estamos viviendo es importante centrar los recursos en apoyar a los que más lo necesitan y contar con la empatía de toda la ciudadanía a la hora de acceder a estas ayudas", comentan Roberto Barrella y José Carlos Romero. "Nos alegra que haya surgido el debate en la opinión pública y que haya quedado de manifiesto esta contradicción, a saber, que hogares con rentas muy altas, solo por el hecho de ser familia numerosa, reciban una ayuda que en absoluto necesitan", añaden.