Una fiscalidad armonizada y una Europa más social o la vuelta al 'austericidio': la otra batalla del 9J

Este domingo, 9 de junio, los europeos están llamados a las urnas. Lo que determinen con sus votos tendrá repercusiones, entre otros planos, en el económico. Prueba de ello son la normativa de la cadena alimentaria, la Directiva sobre cooperación fiscal, la de Servicios de Comunicación Audiovisual, que refleja la nueva realidad del mercado audiovisual conjunto; o el Reglamento que recoge las directrices que deberán aplicar los estados miembros a la hora de diseñar sus planes estratégicos para adaptarse a la actualizada Política Agrícola Común (PAC).

Este 2024 ya se ha dado luz verde a la transposición de una Directiva europea que regula la conciliación familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores del espacio común europeo. Antes, en 2023 entre las directivas trasladadas al ámbito estatal cabe señalarse el paquete de cinco que simplificaron las normas de los Mercados de Valores e Inversión en España; o la Directiva DAC7, dirigida a mejorar la cooperación entre países miembros en el ámbito de la fiscalidad. En 2022 fue cuando salieron adelante la citada directiva del Audiovisual o el Reglamento ligado a la PAC, y otras como la Directiva que fija un espacio ferroviario único para la Unión. En el ejercicio anterior se armaron en España 11 iniciativas legislativas que transpusieron directivas, entre las que se encontraban la relacionada con el blanqueo de capitales o la Ley Ómnibus de transposición de Directivas Europeas, con medidas aplicadas como consecuencia de la invasión de Ucrania, muchas de las cuales contribuyeron a aliviar los bolsillos de los ciudadanos.

En la misma línea, en 2020, 27 iniciativas legislativas derivaron de decisiones europeas, entre las cuales hay que situar algunas como las asociadas con la armonización del Impuesto sobre el valor añadido (IVA) o la eficiencia energética. Y en 2019, por último, hubo leyes con germen europeo como las de secretos empresariales, propiedad intelectual, los contratos de crédito inmobiliario u otras de la órbita financiera. Es más, un 53,6% de las leyes aprobadas por las Cortes Generales españolas, Congreso y Senado, durante la IX legislatura de la Eurocámara en general, tuvieron su origen en las instituciones europeas, según un análisis de la Oficina del Parlamento Europeo en el país.

El equilibrio presupuestario, el reto

“Aunque la gente piense que son unas elecciones que sirven para poco, es mentira. La mitad de la legislación española de los últimos años es resultado de decisiones europeas, con lo que son muy importantes”, confirma Juan Gimeno, ex rector de la UNED, coordinador general de la Plataforma por la Justicia Fiscal y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Y, sobre lo que hay en juego el 9J, mantiene: “Hasta ahora había un cierto equilibrio entre la socialdemocracia, los conservadores y los liberales, que hacía un Gobierno, se puede decir centrista, escorado a la derecha, pero que ha permitido que en la última Presidencia haya habido avances importantes hacia una Europa más social”. “Se aprobaron el pilar social, los fondos Next Generation, como respuesta a la crisis de la covid, que supusieron un cambio de sensibilidad y de reacción económica, frente a lo que se hizo a primeros de la década anterior; o el plan verde”, enumera. A ello suma “emisiones de deuda mancomunada europea, que es una especie de principio de obligaciones conjuntas, casi un decir ‘no va a haber más remedio que tener un Presupuesto europeo que merezca tal nombre’, no como lo actual, que son cantidades muy pequeñas, apenas algo más del 1% del PIB -Producto Interior Bruto- europeo”.

En definitiva, Gimeno cree que “se han abierto esperanzas", pero al mismo tiempo han "crecido posiciones muy de ultra derecha, populistas, anti europeas, extremadamente nacionalistas… que pueden suponer que no sólo se frustren esos avances, sino que se retroceda enormemente”, avisa.

Entre esas sombras, coloca la lupa en un aspecto: “No hay más que ver las propuestas que se están haciendo en temas de inmigración”, encauza. Y ello “cuando ya el pacto que se alcanzó in extremis en esta materia no era muy satisfactorio desde el punto de vista de casi todas las organizaciones de esa área. En un continente que necesita mano de obra extranjera para crece y sobrevivir. Tener esas actitudes tan demagógicas es tirar piedras sobre nuestro propio tejado”, asevera.

“Además -encadena-, después de que tras la pandemia se abrió la mano, hay que volver a la senda del equilibrio presupuestario, eso es inevitable, pero puede ser más o menos duro. Podemos regresar a criterios con el coste social que sufrimos en la primera mitad de la década pasada, o puede hacerse algo más flexible, buscarse recursos europeos o atender la petición que han hecho cien europarlamentarios para consolidar una cierta reforma fiscal que apunte ingresos para la propia Unión, unido a homogenización, evitar que las grandes empresas evadan impuestos o que haya competencia fiscal entre estados…”.

En cualquier caso, Gimeno quiere dejar claro que el resultado que arrojen las urnas este domingo “afectará" a "la vida cotidiana" de los españoles. "Va a significar que nuestros presupuestos, nuestras políticas, se mantengan con preocupación social y con posibilidades de seguir creando empleo, etc, o que volvamos a restringir derechos o programas sociales”. En definitiva, regresar a los recortes o no.

En ese sentido, Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), se muestra esperanzado: "Pienso que no veremos en la UE en los próximos años una política de austeridad como la que se impuso en 2010. Fue un error de política económica, como se reconoce hoy de forma amplia", traslada a infoLibre. Considera que "las nuevas reglas fiscales aprobadas por la Unión tienen la flexibilidad necesaria para hacer que los ajustes fiscales se hagan gradualmente y de acuerdo a las circunstancias específicas de cada estado".

"Como decimos desde el CES en el nuevo Informe de gobernanza económica europea -aporta luego-, esas reglas fiscales nacionales tienen que ser complementadas y equilibradas por el avance de la UE en la puesta en marcha de bienes públicos europeos como la unión bancaria, la unidad de mercados de capitales, que permita utilizar el ahorro en Europa; y una unión fiscal que dé a la UE capacidad presupuestaria y financiera" para costear "las enormes inversiones que hay que hacer para afrontar los retos económicos, industriales y sociales". A su parecer, de los sufragios que se depositen el 9J dependerá "la capacidad de la Unión para hacer frente a esos retos y, de esa forma, ayudar a los estados nacionales a cumplir las nuevas reglas fiscales, evitando el riesgo de nuevas políticas de austeridad".

Se necesitarán más recursos, ¿de dónde saldrá el dinero?

Para Daniel Fuentes, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, "la economía europea vive desde 2008 en una dinámica de shock-reacción que poco o nada tiene que ver con los ciclos económicos. De ahí la frustración con las políticas más convencionales", dice, entre las cuales sitúa "las 'austeritarias'".

En relación a la fiscalidad que viene, defiende que la UE "va a tener que ser imaginativa y, a la vez, responsable" a la hora de "aplicar las nuevas normas fiscales" que, a su juicio, son "una versión mejorada de las anteriores", al "contexto actual". "Por una parte", engarza, "se necesitan más recursos", para asuntos como "defensa y seguridad exterior, descarbonización de la economía, lucha contra el calentamiento global, transición energética o envejecimiento de la población"; y, por otra, "el endeudamiento público es elevado". Junto a lo expuesto, Fuentes deja caer la conveniencia de avanzar en tres ámbitos: "Profundizar en el mercado de capitales, para que el ahorro fluya de manera eficiente, en la unión bancaria y en la emisión de deuda comunitaria". "Lo que no debemos permitir es que Europa pierda el tren de la inversión. El impacto sobre la prosperidad futura sería irrecuperable. Y con él, el deterioro de la cohesión social", remata.

Sin abandonar la inversión, a Judith Arnal, investigadora senior de Real Instituto Elcano y CEPS, le llama la atención que en los debates que se están produciendo en torno a los comicios del 9J se esté elaborando "una lista muy larga de todas las necesidades financieras" que tiene la Unión. Ella las resume en las que serían las tres puntas de un triángulo: transición ecológica y transformación digital, defensa y ampliación de la propia UE. "Nos centramos mucho en todo lo que tenemos que gastar, pero detecto poco debate en torno a de dónde vamos a sacar el dinero para cubrir todo eso", advierte, para apostillar: "Porque además, no sólo se trata de cubrirlo con fondos públicos, sino que éstos, que han de ser proporcionalmente menos, tienen que estar lo suficientemente bien diseñados como para poder ser catalizadores de inversión privada".

80.000 millones sin usar

En ese contexto, Arnal hace notar la existencia de "una institución europea que ha pasado muy por debajo del radar", el "mecanismo europeo de estabilidad, que concedió el programa de asistencia financiera para la recapitalización bancaria a España", en el que "los estados miembros de la zona euro tienen desembolsados 80.000 millones de euros, de los que a España le corresponden casi 10.000. Esto otorga a esta institución financiera una capacidad de préstamo de 422.000 millones"".

¿Por qué están en el cajón? "Es una institución que básicamente no se emplea porque ha sido muy afectada por el 'efecto estigma' derivado de cómo se gestionó la crisis de deuda soberana de la zona euro y nadie quiere hacer uso de ella. Pero es una pena tener esa capacidad y que no esté habiendo un debate serio de cómo hacerlo", explica. Aboga, asimismo, por que se aborde "qué puede hacer el Banco Europeo de Inversiones (BEI)" para financiar los elementos a las que apuntaba y "qué necesita el sector privado para movilizar ese capital". Y concluye: "Todos tenemos súper identificadas las necesidades, en qué nos queremos gastar el dinero, pero estamos dedicando comparativamente mucho menos tiempo y muchos menos esfuerzos en ver de dónde va a salir el dinero. Antes de introducir nuevos recursos propios para la UE, o nuevos impuestos, hay que tratar de agotar todas las vías financieras que tenemos sobre la mesa en estos momentos".