Nuevo choque de PSOE y Unidas Podemos por la entrada de trabajadores en los consejos de administración del Ibex

Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos (UP), han vuelto a dividirse por cuestiones económicas, tras esgrimir públicamente sus diferencias en pensiones o en el alcance de la reforma laboral. En este caso, se trata de una propuesta de UP en el Congreso sobre la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas cotizadas, un centenar largo entre las que forman parte del Ibex 35 y el resto, que opera en las bolsas de Madrid, Barcelona, València y Bilbao. 

Los morados presentaron en diciembre pasado una enmienda a la Ley de Sociedades de Capital –que tramita el Congreso de los Diputados de manera urgente– según la cual las empresas cotizadas deben facilitar a través de sus estatutos la implicación de los trabajadores en la gestión de la compañía mediante la entrada de estos en el consejo de administración. Esto se traduce en el control de un mínimo del 10% del accionariado de dicha empresa, o bien por la compra de autocartera o por ampliaciones de capital. 

"La implicación de los empleados en los asuntos de una empresa puede adoptar la forma de información, consulta y participación en el consejo", reza la enmienda, pero "también con formas de participación financiera, en concreto con la posibilidad de que los empleados se conviertan en accionistas".

Pero el PSOE a priori va a rechazar la enmienda, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía en el que se valoran las propuestas de todos los grupos políticos. Los socialistas han propuesto cambiar el plan de participación de UP -que afectaría, según sus impulsores, a las firmas cotizadas con 50 o más empleados- por "hacer referencia a las obligaciones de información sobre los mecanismos y procedimientos con los que cuentan para fomentar la participación de los trabajadores". Economía eleva el alcance de su propuesta a empresas con 250 o más trabajadores. 

Larga tradición en la UE

Según el argumentario del ministerio que tutela la vicepresidenta Nadia Calviño, el cambio de la enmienda "trata de evitar la litigiosidad que podría derivarse de la imposición de una obligación con poca concreción en su alcance, contenido y procedimientos de exigibilidad y supervisión". 

UP se apoya en el Libro Verde de la Comisión Europea, publicado en 2012, y en prácticas similares que ya se dan en países europeos, encabezados por Alemania y su Mitbestimmung (co-gestión, co-decisión), pero también en otros como Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Noruega o Francia. En este último país se aprobó en 2019 la Loi Pacte, que prevé el refuerzo de la participación de los empleados en las empresas con al menos 1.000 asalariados. 

Entre las medidas que el Libro Verde del Ejecutivo comunitario lanzara hace ya nueve años se recogen "formas de participación financiera, particularmente que los empleados se conviertan en accionistas". "La propiedad de las acciones por parte de los empleados tiene una larga tradición en algunos países europeos", dice el informe. "Estos esquemas son considerados como herramientas para aumentar el compromiso y la motivación de los trabajadores, así como elevar la productividad y reducir la tensión social". Igualmente, la Comisión identifica "riesgos": "Si la empresa quiebra, los accionistas pueden perder tanto su trabajo como sus ahorros". 

El fondo de Qatar, con IG Metall

En España la entrada de los trabajadores en los consejos de administración solo se produce en empresas públicas vía sindicatos, caso de Renfe o Adif. En ningún otro caso los empleados pueden acceder al máximo órgano de dirección empresarial, trátese de una empresa cotizada o no. La Constitución Española recoge en su artículo 37 el "derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios". Pero también dice en otro artículo más olvidado, el 129, que los poderes públicos "establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". La formación morada fundamenta su enmienda en esta segunda concepción. 

El modelo alemán es el más reconocido desde los años de posguerra. Sucesivas leyes han ido reforzando ese derecho de los trabajadores, hasta la última de 2009 impulsada por el Gobierno de coalición CDU-SPD con Angela Merkel al frente de la Cancillería. Las empresas con más de 500 empleados deben crear una suerte de consejo de vigilancia o supervisión con representación de los trabajadores; dicha representación llega a un tercio si la firma tiene hasta 2.000 asalariados, y a partir de esa cifra los representantes de los trabajadores deben ser la mitad. Una de las empresas más icónicas es Volkswagen: en la automovilística coinciden en dicho consejo desde representantes del fondo soberano de Qatar (accionista) hasta miembros del poderoso sindicato IG Metall. 

Los partidos que conforman el Gobierno no han querido hacer declaraciones. En el grupo socialista aseguran que hay que esperar a que se cumplan los trámites y a que se constituya la ponencia. Dicha ponencia verá la luz a finales de febrero como pronto, según los consultados. La enmienda en cuestión la presentaron los diputados de UP Txema Guijarro y Roberto Uriarte, según el diario de sesiones del Congreso.