Pagar pensiones con impuestos: la medida que rechaza Rajoy y que es habitual en Europa

Aún no había acabado el verano cuando el Congreso reclamó al Gobierno que aprobara, antes de tres meses, medidas para cubrir el déficit de la Seguridad Social y subir las pensiones según lo hiciera la inflación. La proposición no de ley pedía que se dispusieran “medios suplementarios a las cotizaciones que, desde los Presupuestos Generales del Estado”, sirvan para tapar “el previsible déficit del sistema en los próximos años”. Para entonces, tanto PSOE como Podemos y los sindicatos ya habían propuesto pagar con impuestos las pensiones a fin de paliar el déficit de la Seguridad Social, que el año pasado alcanzó su máximo histórico: 18.000 millones de euros. Es decir, que las pensiones no sólo se financien con las cotizaciones que empresarios y trabajadores pagan a la Seguridad Social sino también que se carguen a los Presupuestos del Estado.

Desde entonces, sin embargo, nada se ha movido, pese a que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, fue el primero en plantear, en agosto de 2015, que las pensiones de viudedad y orfandad corrieran a cargo de los Presupuestos. El discurso que repiten todos los miembros del Ejecutivo es el de financiar las pensiones con “la creación de empleo”, con las contribuciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social.

“Un disparate”, desechó Mariano Rajoy el recurso a los impuestos para sufragar las pensiones mientras participaba en Palma de Mallorca en un foro titulado Malas prácticas de gobiernos extremistas, buenas prácticas de gobiernos populares. Para el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, la idea de pagar las pensiones con impuestos es “demagógica” y “poco imaginativa”. “Una propuesta para salir del paso”, zanjó.

Pero lo cierto es que la mayor parte de los países de Europa financian las pensiones, o algunas de ellas, mediante impuestos. Los modelos son múltiples. En algunos casos el Estado paga con cargo a los Presupuestos las pensiones básicas, las no contributivas o las que cobran mineros, marineros o agricultores; en otros, está obligado a cubrir automáticamente cualquier déficit del sistema. El Gobierno conservador alemán, que aportó con cargo al Presupuesto federal el 30% de los 286.200 millones que destinó a pensiones en 2016, defiende su aportación porque “contribuye a la seguridad financiera del sistema, mitiga y equilibra la carga económica [cotizaciones] para empresas y trabajadores, reduce los costes laborales extrasalariales, alivia la carga a la que se enfrenta el sistema de pensiones obligatorias debido a las tendencias demográficas y cubre las pensiones no contributivas”.

La aportación federal al pago de las pensiones no deja de aumentar: ascendió en 2016 a 86.700 millones de euros, en 2017 se elevó hasta los 91.200 millones y este año alcanzará los 94.000 millones. En 2020 superará los 100.000 millones, según las previsiones del Ministerio de Finanzas. Ese “subsidio federal” (Bundeszuschuss) se nutre del IVA y de los impuestos verdes,impuestos verdes y se actualiza según los salarios y las cotizaciones sociales. Sirve para abonar tanto las pensiones de los mineros –5.500 millones en 2017– como los complementos para los pensionistas de los Länder de la antigua República Democrática AlemanaLänder o pagar las contribuciones de los padres que dejaron de trabajar para criar a sus hijos hasta los 10 años –13.200 millones–. También las pensiones de viudedad y orfandad o para los repatriados de origen alemán procedentes de países de Europa del Este.

IVA, casinos

Suiza paga sus pensiones básicas, así como las de viudedad y orfandad, no sólo con las cotizaciones sociales, sino también con el 13,3% de la recaudación del IVA y con los ingresos del sector del juego. Además, la Confederación aporta el 19,55% del gasto anual en esta partida. El Estado también cubre entre el 37,7% y el 50% del gasto anual en pensiones de invalidez, dependiendo de la situación económica, ayudándose del 4,99% de los ingresos del IVA. Las de dependencia y las pensiones extraordinarias las financia al 100% el presupuesto del Gobierno confederal. En Suiza las pensiones básicas se complementan con los fondos de pensiones de las empresas y con planes de pensiones privados, en un típico sistema de tres pilares que siguen un buen número de países europeos, como Holanda, Bélgica o Suecia.

En Bélgica el 10,5% de las pensiones del pilar básico fue aportado por el Estado en 2016, según el último informe sobre Envejecimiento Demográfico de la Comisión Europea. Otro 10,4% se nutre de la recaudación del IVA. Porcentualmente, Finlandia es el país donde el Estado más contribuye a pagar las pensiones, de acuerdo con el citado informe. El Centro Finlandés para las Pensiones (Eläketurvakeskus) cifra en un 60% del gasto la financiación que corre a cargo del Presupuesto del Estado. Cubre el 100% de las pensiones nacionalespensiones nacionales, el pilar básico, también una parte de las pensiones de los autónomos y de los granjeros, así como de los marineros y los funcionarios.

En Noruega, la aportación estatal al sistema nacional de pensiones fue de 134.340 millones de coronas noruegas –14.000 millones de euros– en 2017, lo que equivale al 29,6% del gasto. Con esa cantidad, el Estado paga las prestaciones de maternidad, adopción, discapacidad, de cuidado infantil, viudedad, orfandad y para emigrantes.

Alcohol, patrimonio, transacciones financieras

Otros países han creado impuestos específicos para pagar las pensiones. Reino Unido lo hizo en 2015, el Banking Corporation Tax Surcharge, que grava el 8% de la base imponible de los bancos que tengan beneficios. El Gobierno conservador de David Cameron lo planteó como la “justa contribución” que las entidades financieras “deben seguir haciendo respecto a los riesgos potenciales que suponen para el sistema financiero del Reino Unido y el resto de la economía”. Según la agencia Bloomberg, el Gobierno británico tiene previsto recaudar 9.000 millones de libras –10.210 millones de euros– hasta 2022 por este concepto. Sólo en 2017 ingresó 1.500 millones de libras.

En Francia se destinan al pago de las pensiones parte de los impuestos que gravan las bebidas alcohólicas, también del impuesto social sobre los rendimientos del patrimonio y las inversiones. Las empresas, además, contribuyen con una cifra equivalente al 0,13% de su volumen de negocio a la protección social de los autónomos, al Fondo de Solidaridad para la Vejez (FSV) –que abona las pensiones no contributivas– y al Fondo de Reserva de las pensiones. Las farmacéuticas pagan igualmente una contribución. En total, entre subvenciones y recaudación de impuestos, el Estado aporta un 9% de los ingresos del sistema de pensiones. En Suecia, el 10% y en Italia, el 23%, según la revista Actualidad Internacional Sociolaboral del Ministerio de Empleo.

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El Fondo de Reserva francés, creado en 1993, se nutre de los excedentes del FSV, de las licencias de la telefonía móvil concedidas por el Estado, de la tasa sobre transacciones financieras e incluso de las privatizaciones. Desde 2003, su principal fuente de financiación ha sido precisamente el impuesto sobre transacciones bursátiles, que en un 65% se ha destinado a la hucha francesa de las pensiones.

En países como Austria, Países Bajos –donde además una parte de la pensión básica o AOW también se carga al Presupuesto– o Irlanda, el Estado está obligado por ley a cubrir automáticamente cualquier déficit del sistema de pensiones. En Irlanda, el Gobierno sacó 17.500 millones de euros en 2010 del Fondo Nacional de Reserva de las Pensiones para pagar parte del rescate a sus bancos. Desde entonces, el Estado ha tenido que encargarse de abonar las pensiones directamente.

La misma obligación legal existe en Bulgaria, República Checa, Croacia, Rumanía y Eslovenia. En Estonia, las transferencias del Estado cubren el 12,6% del gasto anual en pensiones del país.