España gastó el año pasado en pensiones 139.647 millones de euros, un 12% del PIB. El gasto creció, por tanto, un 3% respecto al año anterior. Aun así, se mantiene por debajo de Italia (16,5%), Austria (14,6%), Francia (15%), Portugal (14,9%) u Holanda (14,6%), así como de la media de la zona euro (13,6%), según Eurostat, la oficina estadística de la UE.
Exigiendo a miles en la calle que las pensiones mantengan su poder de compra, los jubilados apremian tanto al Gobierno como a la Comisión del Pacto de Toledo a solucionar, de una vez por todas, los problemas que aquejan al sistema de prestaciones públicas. Hasta ahora, los esfuerzos del Ejecutivo se han centrado en contener el gasto. Pero la precariedad en que ha instalado la crisis a muchos hogares y la perspectiva de pensiones públicas cada vez más pobres han activado las alarmas y virado el timón del debate hacia el otro lado del balance, el de los ingresos. Un sistema sostenible, pero con pensiones suficientes.
La pensión media de jubilación se sitúa en 1.077,52 euros mensuales entre las contributivas, pero baja hasta los 357,16 euros entre las no contributivas. Y la más habitual entre las primeras, ya que la cobran 1,12 millones de personas de los 5,8 millones de pensionistas jubilados, está entre los 600 y los 650 euros. El 41,6% percibe una prestación contributiva de jubilación que no llega a 735,9 euros al mes, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Por tanto, ¿son suficientes y dignas, las pensiones en España? Según Eurostat, están un 30% por debajo de la media europea en Paridades de Poder de Compra (PPA), una “moneda” artificial que elimina las diferencias de precios entre países. Una PPA compra el mismo volumen de bienes y servicios en todos los Estados miembros de la UE y permite comparar indicadores económicos. Así, la pensión de jubilación española ascendía a 2.358,30 PPA en 2014, mientras que la media europea se eleva hasta los 3.069,18. Es inferior a la que mantiene a los pensionistas en Portugal y Grecia. Y se encuentra muy lejos de las que perciben en Austria –la más elevada–, con 4.614 PPA; Luxemburgo, 4.320; y Suecia, 4.062. También adelantan a España, Reino Unido –3.318 PPA–, Finlandia –3.699–, Holanda –3.906–, Italia –3.669–… Sólo las prestaciones de los países del Este e Irlanda quedan por detrás de las españolas.
También se sitúa por debajo de la media europea el gasto público español en pensiones respecto del gasto social en su conjunto. Eurostat lo cifra para 2014 en un 39,27%, un punto por debajo del promedio de la UE. Francia dedica el 40,08% de su gasto en prestaciones sociales –discapacidad, vivienda, incapacidad temporal, paro, ayudas familiares, exclusión– a pensiones de jubilación. Italia, el 49,98%. Austria, el 44,52%. Reino Unido, el 42,92%. Portugal, el 50%.
Por el contrario, el gasto en pensiones de viudedad y orfandad casi dobla en España la media de la UE en porcentaje del gasto social: alcanza el 9,88%, mientras que en los 28 países comunitarios se queda en un promedio del 5,67%. Sólo Italia –9,33%–, Croacia –9,81%– y Polonia –10,24– la superan. España destinó en 2017 un total de 21.369 millones de euros a pagar pensiones de viudedad. La prestación media de esta clase se sitúa en 652,17 euros, según las estadísticas de la Seguridad Social a febrero de este año.
Más pérdida de poder de compra en el futuro
Como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013, las pensiones han dejado de actualizarse según el IPC. Su subida está ligada desde 2014 al déficit o superávit de la Seguridad Social. Si cierra en números rojos, como viene ocurriendo durante toda la crisis y ha continuado con la recuperación, el alza de las pensiones queda limitada al 0,25%. Y si la inflación supera ese porcentaje, las pensiones pierden poder adquisitivo. Diferentes expertos han calculado la devaluación que sufrirán estas prestaciones públicas en caso de que la Seguridad Social continúe en déficit, contando con que el IPC vuelva a los valores normales de una economía que crece al ritmo del 3% anual. La última proyección la ha realizado UGT, que estima que una pensión de 1.000 euros rebajará su poder de compra a 949 euros en 2022. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el sistema seguirá en números rojos hasta ese año, por lo menos. El Gobierno cifra en 2.000 millones de euros el recorte que la revalorización topada al 0,25% inflige a las pensiones cada año.
El cálculo de UGT no incluye la bajada en la prestación que supondrá a partir del año próximo la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, también aprobado en la reforma de 2013. Ese coeficiente, que reduce la pensión según la esperanza de vida de cada generación, se aplicará sólo a las nuevas pensiones que se generen a partir de 2019 y sólo una vez. Pero supondrá un recorte adicional al acumulativo de limitar al 0,25% la subida cada año.
La combinación de ambas medidas se traducirá en una reducción progresiva de las nuevas pensiones que comenzará siendo del 8% en 2020 y podrá alcanzar el 35% en 2050podrá alcanzar el 35% en 2050, según los cálculos del catedrático de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri publicados en los Papeles de Economía Española de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro. “A los trabajadores se les ha reducido la pensión inicial, el tiempo durante el cual cobran la pensión [al aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años] y, quizá peor, el valor real de su pensión irá disminuyendo a medida que envejezcan”, resume Zubiri el efecto de las reformas.
Parecidas son las conclusiones a las que llega el profesor de la Universidad Complutense Alfonso R. Sánchez en un ejercicio de simulación publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los nacidos entre 1965 y 1985, que se jubilarán entre 2032 y 2052, serán los más afectados por la aplicación conjunta del factor de sostenibilidad y la revalorización del 0,25%, concluye.
Para los jubilados más longevos, augura, el alza mínima anual se convertirá en una pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicial pérdida del 25% al 30% del valor real de su pensión inicialrespecto del salario medio que percibían cuando trabajaban, según el estudio. Además, “una vez determinada [la cuantía de la pensión], su poder de compra real se deteriorará inexorablemente”, asegura el autor. Y el efecto será aún “más dañino” para las pensiones más bajas e incluso “podría llevar a una parte apreciable de la población mayor a estar por debajo del umbral de pobreza”, advierte.
Los asalariados recortaron su poder adquisitivo en 469 euros anuales desde 2016
El IPC, sólo si hay equilibrio
Este miércoles Mariano Rajoy intervendrá en el pleno monográfico sobre pensiones convocado tras las masivas protestas de los jubilados. Pero Moncloa descarta que el presidente del Gobierno dé “golpes de efecto” ni plantee “ocurrencias”“golpes de efecto”. Y el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, ha prometido que las pensiones subirán, incluso por encima del IPC, sólo cuando se equilibre el sistema de la Seguridad Social.
A favor de vincular de nuevo la subida de las pensiones a la inflación, en cambio, se han manifestado todos los partidos de la oposición, menos Ciudadanos –que puso “condiciones” para apoyar la iniciativa–, así como los sindicatos. El PP se niega a suprimir tanto la revalorización del 0,25% como el factor de sostenibilidad, porque, asegura, aumentaría el déficit público y se pondría en peligro el sistema.
España gastó el año pasado en pensiones 139.647 millones de euros, un 12% del PIB. El gasto creció, por tanto, un 3% respecto al año anterior. Aun así, se mantiene por debajo de Italia (16,5%), Austria (14,6%), Francia (15%), Portugal (14,9%) u Holanda (14,6%), así como de la media de la zona euro (13,6%), según Eurostat, la oficina estadística de la UE.