El personal funcionario del Estado ha perdido 43.477 empleados de 2010 a 2020

Ahora mismo hay 43.477 empleados públicos menos trabajando para la Administración General del Estado (AGE) que en 2010, hace justo una década, según ha denunciado este lunes el sindicato UGT durante la presentación del informe La disminución del Empleo Público en AGE en las últimas décadas. 

El sindicato señala que el descenso del personal funcionario y de los empleados públicos es del 18% y no afecta por igual a todos los departamentos. Dicha reducción, deplora UGT, "se ve agravada por la ralentización de la ejecución de las Ofertas de Empleo Público y el envejecimiento de las plantillas".

El área más afectada de la AGE en términos de personal son los "Ministerios y Organismos Autónomos", con 34.599 empleados menos. Entre los organismos autónomos se encuentra el Servicio de Empleo Público Estatal (Sepe), que ha padecido graves problemas en los últimos meses para tramitar los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital ante la avalancha de solicitantes debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

"Se puede destacar la espectacular disminución de un 25 % en los efectivos de los Ministerios y Organismos Autónomos y del casi 10 % en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (que gestiona el sistema tributario y aduanero estatal)", indica la central.

Solo ganan dos organismos: las "Instituciones Sanitarias de Seguridad Social y del Ministerio de Defensa, con 1.106 empleados más; y los centros penitenciarios, con 539; la docencia "no universitaria" apenas pierde 52 efectivos. 

La Seguridad Social es el segundo departamento que más pierde tras los ministerios y organismos autónomos: 6.553 efectivos menos. "Conviene destacar la evolución a la baja de los efectivos en la Seguridad Social", resalta el informe, "que suponen más del 20 %; aparte de gestionar procedimientos tan estratégicos como las pensiones y los recursos económicos y administración financiera del sistema, tenemos que añadir la gestión del IMV".

Aunque el sindicato celebra que las Ofertas Públicas de Empleo de 2018 y de 2019 han aumentado exponencialmente el número de plazas convocadas, "el retraso en las convocatorias una vez superados los procesos selectivos y la demora en realizar los nombramientos ralentizan la incorporación de las nuevas empleadas y empleados públicos", contrapone UGT. Hay 3.500 funcionarios esperando incorporarse y que podrían dedicarse a tareas como el IMV que no terminan de ingresar por cuestiones burocráticas, tal y como publicó este medio en junio.