Menos pobreza sin desincentivar la búsqueda de empleo: las lecciones de otras rentas mínimas

Ya está todo casi listo para que el Gobierno pueda poner la guinda al escudo social construido tras el estallido de la crisis sanitaria. Después de varios meses de trabajo entre diferentes departamentos, el Ejecutivo de coalición dará luz verde en el último Consejo de Ministros de mayo al tan esperado ingreso mínimo vital. “No sufrirá más retrasos”, ha asegurado este lunes en una entrevista concedida a RNE el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La medida, que ya se recogía en el acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos, pretende llegar a unos 100.000 hogares y contempla una prestación que puede moverse entre los 462 y los 1.015 euros. Ayudas que han sido cuestionadas desde diferentes sectores, entre los que también se incluye la Conferencia Episcopal Española, bajo el manido argumento de que desincentivan la búsqueda de empleo. Sin embargo, las diferentes experiencias puestas en marcha en los últimos años en distintos países han evidenciado que estos esquemas, que reducen la pobreza y mejoran la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, no tienen un impacto negativo en en el mercado laboral.

Este tipo de ayudas, en realidad, no son nuevas en España. De hecho, el País Vasco lleva desde 1989, más de tres décadas, gestionando lo que se conoce como Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Este esquema, diseñado en plena crisis industrial en Euskadi, contempla prestaciones de entre 693 y 985 euros mensuales en función del tamaño de la unidad familiar, que pueden incrementarse hasta los 1.074 euros en el caso de los pensionistas. Los requisitos para el acceso son variados. En primer lugar, demostrar que los ingresos mensuales en la unidad familiar son menores que los que les corresponderían con la RGI. A esto hay que añadirle tener más de 23 años, haber constituido una unidad de convivencia, haber solicitado con anterioridad todas las prestaciones económicas que le pudieran corresponder –pensiones, desempleo o subsidio, entre otras– y estar empadronado y tener residencia activa en Euskadi durante los 3 años anteriores. Los beneficiarios, además, estarán obligados a “buscar activamente trabajo” y a “no rechazar ningún empleo adecuado”.

El impacto de este esquema, del que mensualmente se benefician unos 52.000 vascos y cuyo coste para las arcas públicas se sitúa en los 450 millones de euros, ha sido muy estudiado por las economistas Sara de la Rica y Lucía Gorjón. De hecho, buena parte de sus análisis se han centrado precisamente en los posibles efectos negativos de esta renta sobre el mercado laboral. En uno de sus artículos publicados en 2018 en Fedea, las dos expertas ponían de manifiesto que “la salida mensual media a un empleo” dentro del colectivo que percibía la ayuda se sitúa en el 3%, tres veces menos que dentro del de los desempleados –9%–. Sin embargo, aclaraban que la composición de ambos grupos era muy diferente a nivel de estudios o recursos, lo que hacía necesario hacer una corrección. Una vez hecha, la conclusión a la que llegan es contundente: “La probabilidad de salida al empleo del colectivo RGI hubiera sido la misma si dicho colectivo no hubiera recibido ninguna prestación. Por lo que podemos concluir que la renta de garantía de ingresos no retrasa la salida al empleo”.

A diferencia del sistema vasco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que la percepción de su ingreso mínimo vital no esté vinculada a la búsqueda activa de empleo. En este sentido, el esquema se asemeja algo más al probado en Finlandia. En el país nórdico, el experimento consistió en entregar durante dos años –2017 y 2018– una renta mensual de 560 euros libres de impuestos a dos millares de desempleados de entre 25 y 58 años escogidos al azar. Los beneficiarios no tenían la obligación de intentar acceder al mercado laboral, pero tampoco perdían la ayuda si durante el tiempo que durase el proyecto se hacían con un puesto de trabajo. El objetivo principal del experimento consistía, entre otras cosas, en observar si este respaldo estatal servía de acomodo y hacía que disminuyera su disposición a acceder al mercado laboral. Por la baja cuantía percibida, no tenía entre sus prioridades conocer el impacto sobre la pobreza.

Los resultados finales de la experiencia, en la que se comparó a estas 2.000 personas con otro “grupo de control” compuesto por desempleados, fueron dados a conocer la pasada semana por el Instituto del Seguridad Social de Finlandia. Los investigadores de la Universidad de Helsinki, encargados de procesar los datos de un proyecto para el que sólo se han desembolsado alrededor de 20 millones de euros, reconocieron que “los efectos sobre el empleo fueron pequeños”. Aunque, eso sí, ligeramente positivos. Del estudio se extrae que los beneficiarios de la ayuda estatal trabajaron de media 78 días entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, frente a los 73 días de media que desempeñaron sus labores los desempleados que no percibieron la renta básica. Cinco jornadas más.

Pasar a “mejores trabajos”

Otro experimento que se ha realizado en los últimos años en relación con este tipo de ayudas ha sido en la provincia canadiense de Ontario. La prueba piloto, pensada para un grupo de unas 4.000 personas de entre 18 y 64 años con escasos recursos, fue puesta en marcha en verano de 2017 con un presupuesto estimado de unos 98 millones de euros. El programa establecía unos pagos anuales de 11.400 euros en el caso de los solteros y de 16.100 euros para las parejas. Es decir, la horquilla se movía entre los 950 euros y los 1.341 euros mensuales. Sin condiciones y permitiendo compatibilizar estas prestaciones con aquellas asignaciones familiares por hijos o subsidios por discapacidad. “No es una suma extravagante. Nuestro objetivo es claro. Queremos averiguar si el ingreso básico marca una diferencia positiva en la vida de la gente; si este nuevo enfoque les permite empezar a alcanzar su potencial”, explicó la entonces primera ministra de Ontario, la liberal Kathleen Wynne.

El experimento estuvo en funcionamiento algo más de un año, hasta que la llegada de los conservadores al poder terminó por enterrarlo. Durante todo ese tiempo, los investigadores estuvieron analizando los efectos de este esquema de ayuda sobre la salud, la educación, la vivienda o la participación en el mercado laboral de los beneficiarios. Los resultados se dieron a conocer el pasado mes de marzo. Y una de las principales conclusiones a las que se llegó es que la ayuda estatal, de nuevo, no desincentivó el empleo. Según los datos publicados, la mitad de las personas analizadas –el 54%– trabajaron antes y durante el proyecto, mientras que otro 24% permanecieron desempleados durante todo el periodo analizado. “Muchos de los que continuaron trabajando realmente pudieron pasar a mejores trabajos, trabajos que tenían un salario por hora más alto, que en general tenían mejores condiciones de trabajo, que sentían que eran más seguros”, señaló a la radiotelevisión pública canadiense el economista de la Universidad de McMaster Wayne Lewchuk, uno de los expertos que participó en la investigación.

Ligero incremento del trabajo temporal en Alaska

Como Euskadi, Alaska también lleva décadas trabajando sobre este tipo de ayudas. En este caso, el Estado entrega a todos los ciudadanos un cheque anual, por lo que es universal. Sin importar el número de hijos o lo abultados que puedan ser sus ingresos. ¿Y cómo lo financia? A través del Fondo Permanente de Alaska. Desde 1976, esta bolsa acumula parte de los beneficios de las compañías petrolíferas obtenidos por la extracción del oro negro. Ese dinero no está parado, sino que los gestores lo invierten en proyectos de todo tipo alrededor del mundo. Anualmente, el fondo hace balance de los ingresos obtenidos a través de esas inversiones y transfiere buena parte de esas cantidades al Estado, que aplicando una fórmula establece el cheque anual que reciben todos los habitantes. Por tanto, la ayuda percibida puede variar. En los periodos más boyantes, se llegó a ingresar en las cuentas de los ciudadanos cantidades que rondaban los 1.800 euros mensuales.

En 2018, Ioana Marinescu y Damon Jones, expertos de la Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense, publicaron un extenso estudio titulado The labor market impacts of universal and permanente cash transfers: evidence from the Alaska Permanent Fund. Así, tras prestar atención a otros estados con características similares a Alaska, ambos investigadores concluyen que “los efectos adversos en el mercado laboral son limitados” y que una transferencia incondicional no reduce significativamente el empleo total”. “Es plausible que el dividendo incremente la demanda laboral a través de sus efectos sobre el consumo”, recoge la investigación, que sí aprecia, no obstante, un ligero repunte del 1,8% en la proporción de personas empleadas a tiempo parcial tras la introducción de la ayuda.

'Entender la renta básica'

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Disminución de la pobreza y mejora de la calidad de vida

De los diferentes estudios realizados, otra cuestión interesante es la que tiene que ver con el impacto que estos esquemas tienen sobre la pobreza. Esa ha sido, precisamente, la segunda pata de los análisis realizados por De La Rica y Gorjón sobre la renta básica en Euskadi. De nuevo, los resultados son importantes. “Se observa que para el umbral de pobreza del Gobierno vasco, menos del 3% de los individuos son pobres tras la aplicación de la RGI, mientras que sin ella la incidencia de pobres se situaría en el 6,5%. Según los umbrales estándar de pobreza, tras la aplicación de la RGI siguen quedando casi un 5% de los individuos extremadamente pobres, mientras que sin ella los extremadamente pobres alcanzarían el 8%”.

Y vivir con una menor presión financiera mejora notablemente la calidad de vida de los colectivos más vulnerables. En el caso de Ontario, la investigación realizada reveló que casi la mitad de los encuestados que participaron en el proyecto habían reducido el consumo de alcohol y tabaco. Y más de ocho de cada diez reportaron una mejora en su alimentación. Un impacto notable tuvieron también las ayudas en el uso de los servicios de salud: uno de cada tres indicaba que acudía con menor frecuencia al hospital y más del 70% que habían accedido con mayor facilidad a los medicamentos y a la atención dental. En cuanto a la salud mental, más de ocho de cada diez se mostraban con menos estrés y ansiedad y menor depresión. En el caso de Finlandia, un 60% de los beneficiarios consideraban que estaban bien, una cifra que se reducía al 52% en el grupo de desempleados que no habían percibido la ayuda. Lo mismo pasaba al ser preguntados sobre si estaban deprimidos: un 22% de los primeros respondían afirmativamente frente a un 32% de los no receptores.