El postureo de las rebajas fiscales: cuatro comunidades del PP desisten este año de deflactar el IRPF

Las comunidades autónomas han hecho caso omiso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y no han resistido la tentación de aprovechar los ingresos récord que recibirán este año del sistema de financiación autonómica –las entregas a cuenta– para confeccionar presupuestos expansivos, con mayor gasto social que nunca, y al mismo tiempo anunciar nuevas rebajas de impuestos en 2024.

Este ejercicio el sistema de financiación autonómica va a repartir un total de 154.467 millones de euros, casi un 15% más que en 2023. De esa cantidad, 134.658 millones corresponden a las llamadas “entregas a cuenta”, que proceden de la recaudación del tramo autonómico del IRPF, así como del IVA y los Impuestos Especiales, y que son un adelanto que hace Hacienda sobre lo que calcula que ingresará por esos tres conceptos. La liquidación de las entregas, que crecen este ejercicio un 8,3%, se lleva a cabo con dos años de decalaje, por lo que en 2024 las comunidades recibirán los ingresos correspondientes a 2022, también enormes: 20.746 millones de euros, . En 2023 ya se repartieron un volumen “histórico” –dijo Hacienda– de dinero, un 11% más que el año precedente.

Esas transferencias se han disparado gracias al inusitado aumento de la recaudación fiscal, fruto a su vez de la recuperación económica y el crecimiento del empleo tras la pandemia, y de la inflación. Son esos impuestos con los que el Gobierno se está “forrando”, en palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, luego repetidas por el resto de los dirigentes del partido.

Pero la AIReF y su presidenta, Cristina Herrero, no han dejado de advertir a lo largo de 2023 de que el histórico aumento de recursos es sólo temporal y, por tanto, las comunidades autónomas no deberían aprobar aumentos de gasto o recortes de ingresos “estructurales”. Es decir, permanentes. Porque a partir de 2025 “el flujo de recursos del sistema de financiación se normalizará” y se pondrá en riesgo el objetivo de déficit.

Sin embargo, las comunidades han tirado la casa por la ventana y presentado presupuestos con volúmenes igualmente “históricos” de gasto social, presumiendo de cifras récord en sanidad y educación, al mismo tiempo que anuncian rebajas fiscales en cascada. Cuadrando el círculo –de más gasto y menos ingreso– gracias a los millones procedentes de los impuestos que recauda el Estado.

Según los cálculos de la AIReF, sólo por los recortes en el IRPF adoptados o previstos hasta octubre de 2023, las comunidades autónomas van a dejar de recaudar 2.800 millones de euros este año. Entre 2023 y 2028, la Comunidad de Madrid será la que más recaudación pierda en cifras absolutas, casi 1.000 millones de euros, un 0,3% de su PIB. Pero porcentualmente, la pérdida de Cantabria será aún mayor, un 0,5% de su PIB. La Rioja y la Comunitat Valenciana también se dejarán un 0,3% del PIB por las rebajas fiscales. El resto, entre el 0,1% y el 0,2%.

No todos los recortes de impuestos son iguales. Uno de los más publicitados es la deflactación del IRPF, ajustar los tramos del impuesto a la inflación para evitar que una subida de salario, al suponer un salto al siguiente tramo, implique una mayor tributación cuando el alza de los precios no le ha supuesto al contribuyente un aumento de su poder adquisitivo real. El PP lo ha pedido insistentemente para las rentas inferiores a 40.000 euros, pero su propuesta fue rechazada en dos ocasiones por el Congreso. También formaba parte de su programa para las elecciones del 23 de julio. Y lo ha aplicado en algunas de las comunidades autónomas donde gobierna.

El año pasado deflactaron el tramo autonómico del IRPF Madrid, Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana, Murcia, Canarias y País Vasco. Pero en 2024 cuatro de ellas, todas gobernadas por el PP, han renunciado a prorrogar la medida: Andalucía, Galicia, Comunitat Valenciana y Murcia.

Según el coste salarial, y no según el IPC

El presupuesto de la Junta de Andalucía para este ejercicio alcanza los 46.753 millones de euros, un 2,5% por encima de 2023, de los cuales, tal y como ha proclamado el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, el 62% se destinará a gasto social. Al tiempo, prevé rebajas fiscales por un importe de 900 millones de euros que este año no incluyen la deflactación del IRPF que sí aplicó en 2023. Entonces el ajuste fue del 4,3% en los tres primeros tramos del impuesto sobre la renta, donde están incluidos los contribuyentes con ingresos inferiores a los 40.000 euros anuales. La previsión de la Junta era que se produjera una pérdida de recaudación de unos 360 millones de euros.

Este año, en cambio, el Gobierno andaluz dice estar aún “monitorizando cómo han afectado” las bajadas aprobadas en 2023 para saber qué impuestos debe “ir retocando”, según explicó la consejera de Economía, Carolina España, al presentar los presupuestos. Andalucía recibirá este año del Estado un total de 28.160,5 millones de euros, un 14,46% más que en 2023, entre las entregas a cuenta y la liquidación de 2022.

“Es llamativo que no haya deflactado el IRPF este año”, admite Diego Martínez López, catedrático de Economía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, “porque la Junta de Andalucía deflactó el tramo autonómico basándose en el coste salarial que mide el Instituto Nacional de Estadística, no en el IPC, y resulta que ahora el coste salarial es más alto que entonces; en realidad, ahora tiene más motivos que antes para hacerlo”.

En efecto, en 2024 se dejarán sentir las subidas salariales acordadas en los convenios el año pasado. Según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, publicada el pasado diciembre, en el tercer trimestre de 2023 el coste laboral –salario más cotizaciones sociales– creció un 5% respecto al mismo periodo del año anterior, y un 4,2% el coste salarial. En el tercer trimestre de 2022, el aumento del coste salarial respecto a 2021 fue inferior, el 4,1%. El avance también se refleja en los convenios colectivos firmados en 2024, que establecen una subida media del 4,14%, por encima del 3,49% que resulta de incluir en la muestra los convenios suscritos en años anteriores pero vigentes en el actual.

Diego Martínez cree que la deflactación no se hizo bien “técnicamente”, al escoger como parámetro el coste salarial. La inflación terminó 2022 en el 5,7% después de haber escalado hasta el 10,8% en julio, pero la deflactación en Andalucía fue sólo del 4,3%, no cubrió todo el desfase. Y sólo se aplicó a los tres primeros tramos, no al conjunto de los contribuyentes. Ahora el coste salarial está por encima de la inflación, que terminó 2023 en el 3,1%.

Del 4,1% al 3,1% en Madrid

También utilizó como parámetro el coste salarial del INE en lugar de la inflación la Comunidad de Madrid, que deflactó todos los tramos del IRPF un 4,1% el año pasado. Y repite este ejercicio, aunque con un ajuste menor, el 3,1%, esta vez sí, tomando como referencia la inflación. Sumado a la rebaja de medio punto del tipo aplicable en todos los tramos de la escala autonómica del IPRF, ambas medidas rebajaron la recaudación en más de 530 millones de euros en 2023. Para 2024, la pérdida de ingresos sólo por la deflactación prevista por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso será de 153 millones de euros.

Del Estado central, la Comunidad de Madrid va a recibir este ejercicio 18.718 millones de euros en entregas a cuenta y 2.023,7 millones más por la liquidación de 2022, lo que en total supone un 12,2% más que en 2023. Así que ha presentado un presupuesto –“histórico”, de nuevo– de 27.558 millones de euros, un 19,6% por encima del año anterior. Ese dinero le va a servir para aumentar un 24% los conciertos con empresas sanitarias o un 15% el gasto en educación privada concertada, además de subir los sueldos a los altos cargos del Gobierno regional, entre otras medidas. También le permitirá mantener las bonificaciones de la cuota autonómica del IRPF a las familias numerosas e incluso introducir una nueva deducción del 20% en este impuesto para extranjeros que compren una vivienda en Madrid.

Galicia tampoco mantendrá este año la deflactación que aplicó en 2023 a los tres primeros tramos del IRPF. “Fue selectiva y en el momento en el que más se necesitaba, cuando el IPC alcanzaba los dos dígitos”, explicó la Consellería de Facenda a Europa Press cuando presentó los presupuestos de este año. El ajuste fue igualmente del 4,1%, en línea con el aumento del coste salarial, lo que apenas supuso una pérdida de recaudación de 46 millones de euros. Pero sí mantiene otros recortes de impuestos por los que dejará de ingresar unos 685 millones de euros, una cifra que eleva en un 16% la pérdida del año precedente. Sólo por la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones la Xunta dejará de recaudar 287 millones de euros. Por la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales prescindirá de 56 millones. Y por la bajada del tramo autonómico del IRPF, 34 millones más, los mismos que por la bonificación del impuesto de patrimonio.

Esa rebaja de los ingresos no ha impedido al Ejecutivo gallego aumentar su presupuesto para 2024 en un 5%, hasta los 13.257 millones de euros, una vez más las cuentas más voluminosas de la historia. Con un 4% de mejora para sanidad y un 12% para políticas sociales. En entregas a cuenta, la Xunta recibirá del Estado 9.395,7 millones de euros, y 3.072,7 millones más por la liquidación de 2022, en total casi un 12,7% más de lo percibido en 2023.

Una rebaja de sólo 20 euros

Murcia no repetirá la deflactación del IRPF aplicada el año pasado, que fue del 4,1% para los tres primeros tramos. Pero que, como avanzó el presidente regional, Fernando López Miras, apenas supuso una rebaja media de 20 euros para 600.000 contribuyentes. En su lugar, mantiene deducciones en el impuesto a la renta y en el impuesto de transmisiones patrimoniales que sumarán una pérdida de recaudación de 420 millones de euros. No obstante, el presupuesto para 2024 crece un 9,8%, hasta los 6.526,56 millones de euros, que permitirá al Gobierno murciano “blindar el estado de bienestar” y poner en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales –150 millones de euros–, así como dedicar una partida a la “defensa de la unidad de la Nación Española”. Las transferencias del sistema de financiación autonómica crecerán un 15,6% este ejercicio, hasta los 4.825,6 millones de euros.

En la Comunitat Valenciana fue el Gobierno del socialista Ximo Puig el que aprobó la deflactación del IRPF para los contribuyentes con rentas inferiores a 60.000 euros en 2023, un año de elecciones autonómicas que pusieron en el Ejecutivo autonómico a PP y Vox. No habrá deflactación en 2024, pero sí deducciones en el IRPF que restarán 180,2 millones a la recaudación fiscal y otras rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales por importe de 19 millones más. El presupuesto valenciano para 2024 crece un 4%, hasta alcanzar los 29.739 millones de euros. La Comunitat Valenciana, la segunda peor financiada tras Andalucía, según el diagnóstico de la AIReF, aumenta este ejercicio un 13,3% sus transferencias estatales, que ascenderán a 15.346 millones de euros.

Hasta el 5,5% en el País Vasco

En el País Vasco, la deflactación del IRPF será este año del 2,5% y se aplicará a todos los tramos. El año pasado el ajuste se redujo al 2%, pero en 2022 se elevaba al 5,5%. Navarra va a copiar la medida este ejercicio, con un 4% retroactivo para 2023 y un 3% para 2024. Según los cálculos del nuevo Gobierno navarro, socialista, la pérdida de recaudación será de 29 millones en 2023 y de 22,5 millones en 2024.

Con el cambio de color del Gobierno autonómico, Aragón también se ha subido al carro de la deflactación del IRPF, un 5% para quienes ingresen menos de 50.000 euros al año, unos 700.000 contribuyentes. El impacto en las cuentas se calcula entre 40 y 50 millones de euros. El aragonés también es en 2024 un presupuesto con gasto récord en políticas sociales –con aumentos del 11% en educación y sanidad–, y rebajas en patrimonio y sucesiones. Eso sí, este año entrará en vigor un impuesto creado por el anterior Ejecutivo socialista, que gravará el impacto medioambiental de las energías renovables –tamaño de los aerogeneradores, hectáreas ocupadas— y con el que se prevé recaudar unos 50 millones de euros. Las transferencias que Aragón recibirá este año del Estado crecerán un 16,6%, hasta rozar los 5.200 millones de euros.

Canarias también ajustará por segundo año consecutivo el IRPF a la inflación. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 30.000 euros volverán a tener descuentos de entre 125 y 225 euros según su nivel de renta. La medida, aprobada por el Gobierno socialista, ha sido prorrogada por el actual, de Coalición Canaria. Según sus cálculos, Canarias dejará de ingresar unos 245 millones de euros por el conjunto de las deducciones aplicadas al tramo autonómico del IRPF y las bonificaciones del impuesto de sucesiones. Su presupuesto, en cambio, ha crecido un 11%, hasta los 11.301 millones de euros, con un alza del 14,8% para sanidad, un 4,4% para educación y un 4,9% para políticas sociales. Del Estado recibirá un 12,5% más que en 2023, 7.394 millones de euros.

“Política fiscal ciclotímica”

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El resto de las comunidades autónomas ha preferido poner en marcha rebajas fiscales centradas en las deducciones y bonificaciones más típicas. Es el caso de Castilla y León –que tiene prorrogados los presupuestos de 2023–, Baleares –que perderá 45 millones de euros de recaudación bajando medio punto el tipo del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 euros y también ha rebajado el impuesto de sucesiones y el de transmisiones patrimoniales–, Cantabria, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha y Cataluña.

De todas ellas, es La Rioja la que más verá aumentadas las transferencias del Estado este ejercicio, un 21,6%, respecto de 2023. Le siguen Baleares, con un 18,7%, y Cataluña, con un 18%.

“La política fiscal de algunas comunidades es ciclotímica”, resume Diego Martínez. Suelen “sobrerreaccionar”, resalta, y no son “consecuentes en el tiempo”. Aunque tras la volatilidad de la deflatación del IRPF sí adivina un patrón: las que están bien financiadas la mantienen; las que sufren más no perseveran en un descuento que se presentó como medida estrella contra la inflación.