El precio de ser sindicalista en los márgenes: penas de cárcel como a las '6 de La Suiza' y multas de un millón

Poseen la fe del pescador y en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) confían en dar la vuelta a la situación. Pero, hasta la fecha, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a tres años y medio de prisión y 150.000 euros de multa impuesta por un juzgado de Gijón y ratificada por la Audiencia Provincial de Asturias, a seis personas, las ‘6 de La Suiza’, como autoras de un delito de coacciones graves y otro de obstrucción a la justicia. ¿Las causas? “Llevar a cabo presiones insistentes ejerciendo vis compulsiva contra un empresario”, el propietario de la pastelería La Suiza de Gijón, “mediante concentraciones reiteradas” que el TS considera graves, “para exigirle una indemnización a una empleada y obligarle a que retirara una denuncia que había interpuesto contra el novio" de esta por “daños dolosos realizados en el local”.

Según los hechos probados recogidos en la sentencia, el 15 de junio de 2016 una de las acusadas avisó a su pareja sentimental para que la recogiera del establecimiento hostelero al encontrarse embarazada y haber tenido “pérdidas”. El hombre se presentó en la pastelería “muy alterado” y llamó a voces al propietario y propinó un puñetazo a un armario congelador, lo que provocó que el empresario lo denunciara por daños y amenazas en su local. A raíz de la apertura de juicio oral por ello, la empleada dejó su puesto y contactó con CNT, desgranó lo sucedido y emprendieron una “campaña de presión sobre el empleador y su familia para que cediera a sus pretensiones económicas”, que desembocó en el cierre de la pastelería.

El relato de CNT es distinto al judicial e incluye una treintena de denuncias contra la entidad y sus militantes por parte del empresario. Alba García, portavoz del sindicato en el caso de las ‘6 de La Suiza’, lo comparte con infoLibre: “Todo comenzó con una mujer que sufría distintos tipos de violencia machista y que lo único que quería es que se le pagaran las cantidades adeudadas”, arranca. De hecho, describieron al empresario como un presunto “acosador sexual” y “explotador” laboral. Admite que se armaron “concentraciones en la puerta de la pastelería”, pero asegura que en ellas “nunca hubo violencia contra las personas ni contra las cosas ni verbal y estuvo la Policía”. “Sí se llamó al boicot -hilvana-, pero el Constitucional ha reconocido que es un fin lícito, por lo que si el barrio decidió que no consumía en una pastelería en la que se explotaba a los trabajadores y no se tenía en cuenta la dignidad de las mujeres, es legal, aunque tuvieran que cerrar”, defiende.

Para García, el fallo del Supremo “supone una vulneración y un vaciamiento del derecho a la libertad sindical”. En ese sentido, destaca la importancia de “los dos delitos” atribuidos. “Parece que nos hemos centrado en las coacciones, vinculadas a la idea de hacer concentraciones delante de establecimientos, pero también es grave que llevar un proceso de negociación laboral se considere obstrucción a la Justicia”, sostiene. Y añade: “Si no podemos hacer acción sindical ni negociar, qué le queda al sindicalismo. Esos son los dos pilares básicos. Qué es entonces lo que lícitamente puede realizar un sindicato”, se pregunta.

Aferradas a sus convicciones, han convocado una concentración este jueves 27 ante el ayuntamiento de Gijón para apoyar a sus compañeras y trabajan en otras dos vías de actuación: “La urgente y la importante”, expone la portavoz sindical. En el marco de la primera, su fin es que las condenadas “no entren ni un solo día en prisión”, por lo que pelearán la suspensión de la pena y, “como son dos delitos de capítulos distintos y ninguno supera los dos años”, explica García, creen que “no lo harán”. Respecto a lo que cataloga como importante, avanza que llegarán hasta el final en otra cuestión: “Que los tribunales de garantías, el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dejen claro que no han cometido ningún delito porque hacer sindicalismo no lo es”. “No podemos hacer otra cosa, por ellas, que nos preocupan y las estamos cuidando; y por el movimiento sindical en general. No puede quedar este precedente”, termina.  

"Un precedente muy peligroso"

Fuentes de la Comisión Laboral de la Asociación libre de la Abogacía (Ala) comparten que el fallo del TS “crea un precedente muy peligroso”. De un lado, porque supedita “la acción sindical al hecho de que exista una vía judicial previamente abierta, cuando se subraya que, en el momento de realizarse las primeras publicaciones -contra la actuación del dueño de la pastelería- no se había presentado denuncia penal alguna ni se había efectuado reclamación en el ámbito de la jurisdicción social”. Entienden que se resta “valor a las protestas y a la presión que se llevan a cabo por parte del sindicato como método de acción directa”.

Además, les llama la atención que en la sentencia se recoge: "No se ha juzgado o tratado este tema respecto de la actividad desplegada por una central sindical legal, que actúa al amparo de lo previsto en el artículo 28.2 de la Constitución, sino por unos hechos concretos de unas personas que han cometido ilícitos penales por los que son condenados por concertarse y confabularse para presionar a un empresario cuando este lleva a cabo su actividad comercial y en las puertas de su establecimiento”. Si bien, anotan las fuentes consultadas, el delito de coacciones “se describe en el Código Penal como ‘el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto’”. Es decir, advierten de que se está “perdiendo de vista” que “el sindicato está legítimamente autorizado para realizar actividad sindical y dentro de ella, protestas, comunicados, etc”. 

A juicio de los integrantes de Ala, “se criminaliza la acción sindical, obviando que forma parte del contenido del artículo 28 de la Constitución -el que alude al derecho a sindicarse libremente- que ampara al propio sindicato y a la afiliada a éste” y “se descontextualizan los hechos como si no formaran parte de un contexto laboral, pese a que se actúa a través del sindicato” e incluso en el bloque de hechos probados “se referencia que CNT es la que convoca, publica y dirige las actuaciones en el marco de su acción sindical”. En resumen, arguyen que “informar a clientes de un conflicto laboral, concentrarse frente a la patronal y reclamar los derechos laborales nunca pueden constituir un delito de coacciones” y esperan que el Constitucional “ampare el ejercicio sindical y lo que es la necesaria presión legítima y legal” porque "el sindicalismo no es delito".

Igualmente asida a esa última consigna, la vicepresidente del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tachado en redes de “intolerable” que “vayan a entrar a prisión por pelear por mejores condiciones laborales”. Y Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha pedido al Ministerio de Justicia en nombre de los diputados de IU en Sumar “medidas para garantizar que la libertad sindical no se vea coartada o impedida por los tribunales”. Tras mostrar a las condenadas toda su “solidaridad”, ha escrito en su perfil de X -antes Twitter- que trabajan "por el indulto".

Otra denuncia de represión, la del SAT

Más allá de ese proceso, en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) conocen las consecuencias que puede acarrear ser sindicalista en los márgenes. “Venimos alertando de que hay una persecución contra el sindicalismo de clase y alternativo, contra los que molestamos al orden establecido y al sistema capitalista, una persecución que lesiona los derechos humanos y fundamentales”, proclama su actual líder, Óscar Reina. En su opinión, “lo que ha pasado con las compañeras de La Suiza es un ejemplo más. Es una barbaridad que por hacer un piquete te caigan tres años y medio de cárcel”.

Ilustra su denuncia después con datos ligados al SAT: “Hemos tenido más de 600 compañeros procesados, algunos de los cuales tristemente acabaron en prisión como Andrés Bódalo o Fran Molero; y hemos acumulado más de 300 años de petición de cárcel entre todos”. Junto a ello, “llegamos a tener más de un millón de euros en multas”, enlaza, lo que ha significado la “asfixia económica” del sindicato. El propio Reina afirma haberse convertido “en el líder sindical más detenido no sólo de España, de Europa”. Lo han arrestado “nueve veces” desde que en octubre de 2015 fuera proclamado portavoz del SAT. Sólo este 2024 “ya van dos”. “Una en enero, estando en Granada precisamente en una manifestación en la que pedíamos la libertad de tres compañeros, Néstor, María José y Vanesa, para quienes el Gobierno andaluz ha solicitado cinco años de cárcel a cada uno por un piquete sindical. Son los “3 de Granada”, cuando una ocupación en un edificio donde pedíamos una reunión es perfectamente legítima”. “Y como está la cosa -engarza-, vete a saber si no acaban en prisión”.

El segundo arresto del propio Reina se produjo “hace mes y medio en Pamplona”. Se desplazó allí para “un encuentro internacional de sindicalistas por el 1 de mayo” y “la Policía vino a mi habitación, porque los hoteles siempre cruzan los datos con ellos, llamó a la puerta cuando me estaban haciendo una entrevista e iba a entrar en directo en un canal y me detuvieron”, relata. “No me lo esperaba, la verdad. Me trasladaron que era porque no me pudieron identificar, pero es una excusa porque publico donde voy y estoy perfectamente localizable siempre”, dice. Para aportar luego que los episodios de este año son por un proceso judicial que arrastra desde 2014, “cuando el sindicato hizo una acción legal contra una empresa de autobuses sevillana que la Inspección de Trabajo constató que no respetaba los derechos de sus trabajadores”. La mercantil “denunció por injurias al sindicato”. “Y me metieron a mí, que entonces ni era cargo del SAT ni dije nada. Es un ejemplo de persecución sindical y del lawfare que se ha puesto tan de moda”, señala. Y termina: “Lo que se busca al final es infundir miedo y que la gente no se atreva a luchar. Cuando te detienen no eres nada, eres un número, y el que diga que no pasa miedo, miente, cuanto más las personas que no están acostumbradas a movilizarse”, finaliza.

CGT: "Ha sido un varapalo terrible"

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) han mostrado, asimismo, su respaldo a las '6 de La Suiza'. Tampoco son ajenos a los sobresaltos por acciones sindicales. Fuentes de éste recuerdan el caso de Santiago de la Iglesia, quien fue detenido en una manifestación celebrada en Madrid en Defensa de la Sanidad Pública, aunque en esa ocasión la Justicia acabó archivando la causa; o cuando activistas de Desarma Madrid y de otros colectivos antimilitaristas fueron multados con 16.800 euros por hacer pintadas por la paz en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército durante una cumbre de la OTAN. Valoran la sentencia del TS como "un varapalo terrible", al afectar "a la libertad de expresión y a la sindical", a "cómo defenderse frente a una normativa cada vez más laxa en cuanto a derechos de los trabajadores y a la 'ley mordaza'", en palabras del Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT Andalucía.