Hay asuntos que requieren de coraje político. La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dado un paso relacionado con Ley de Vivienda que se aprobó en 2023 con la mirada puesta en aliviar la presión en el mercado inmobiliario y que en la actualidad sólo aplica Cataluña, aunque Navarra lo valora, en el País Vasco se ha activado el proceso para declarar municipios como Errenteria e Irun zonas tensionadas y Galicia no descarta hacerlo, si lo solicita algún ayuntamiento. La ministra ha advertido a las comunidades de que condicionará la financiación que reciben del Estado para esa materia, que ha cifrado entre el 70 y el 75% del grueso que destinan los territorios a políticas de vivienda, a que acaten la norma.
“Quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad”, ha aseverado Rodríguez en una entrevista en TVE, para incidir luego en que, si las regiones “no se hacen cargo del cumplimiento de la ley”, ella les recortará recursos, dado que “no puede tratar por igual" a aquellas que están haciendo esfuerzos para cumplir la normativa y ayudar a sus ciudadanos, que a las que, "por atacar al Gobierno", se muestran "insumisas".
¿Cómo se materializará lo avanzado por Rodríguez? Fuentes del ministerio trasladan a infoLibre que la iniciativa está ligada al nuevo Plan Estatal de Vivienda en el que trabajan desde el verano, que contará con “un gran presupuesto” y al que se dará luz verde “a lo largo del año que viene”. Sustituirá al que está en vigor para el periodo 2022-2025, que había destinado hasta el pasado julio en sus 13 programas, 1.717 millones de euros, de los que 1.440 fueron a parar a diferentes líneas de actuación como ayudas directas al alquiler, a personas vulnerables, de acceso a la vivienda de jóvenes o a arrendadores como seguro de protección, entre otras.
Fuentes del ámbito jurídico cuestionan que el Ejecutivo tenga capacidad de podar la financiación en ese ámbito, si las comunidades se saltan la Ley de Vivienda, dado que “son ellas las que tienen las competencias y la propia norma deja abierta la decisión de que se aplique o no”. “No es obligatorio el control de los precios -engarzan-, con lo que no se puede castigar a quien realmente no incumple nada”, arguyen.
Sin embargo, el investigador de la University College of London Eduardo González de Molina, sí ve “margen” de maniobra. “La jurisprudencia constitucional -explica- establece que el Estado tiene competencias exclusivas en la regulación básica del derecho a la vivienda y en la planificación de la actividad económica general, lo que le permite imponer condiciones generales como los plazos de calificación permanente para las viviendas protegidas que se beneficien de ayudas estatales. Es decir, sería jurídicamente posible condicionar la financiación de los planes estatales de vivienda a la permanencia de la vivienda protegida". En más, apostilla que “el artículo 18. 5 b) y c)” de la norma, que el TC consideró constitucional, fija que “el Estado central, a través de los Planes Estatales de Vivienda, podrá financiar con ayudas específicas y adicionales a las comunidades autónomas que declaren zonas de mercado residencial tensionado”. En su opinión, “lo más probable es que haya unos fondos incondicionados bajos generales” para todas las autonomías” y otros “condicionados altos” destinados a “incentivar y premiar a las que lo hagan”, vaticina.
De hecho, la ministra ha expresado que la norma la “faculta” para, “de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos" y ha recordado que el Constitucional ha determinado que "el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda". Junto a ello, otras fuentes del Gobierno anotan que “se pueden plantear objetivos” vía el nuevo plan nacional “e inyectar el dinero en función de que se alcancen o no”.
Sumar cree que hay fondos con los que jugar
Del lado de los socios de gobierno del PSOE, de Sumar, se muestran igualmente partidarios de que se “fuerce” a las comunidades a respetar la normativa “supeditando los fondos estatales” que lleguen a los territorios rebeldes. En ese sentido, desde la formación apuntan a fuentes de fondos con las que se podría jugar: “Hay 2.000 millones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que todos los años se destinan a política de vivienda”, a los que se añaden “6.820 millones del Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana procedente de los fondos europeos”, que Bruselas “va liberando según se alcanzan hitos”, por lo que se podría “revisar la condicionalidad” de los planes impulsados, pero “aún no ejecutados completamente”, y detraer dinero de ahí. Aunque fuentes de la otra ala del Ejecutivo avisan de que el reparto de los recursos procedentes de Europa se acordó “en Conferencia Sectorial y ya están” distribuidos y “los que van por hitos” se adjudicarán entre aquellas regiones que “son cumplidoras”, como se pactó en el mismo foro.
Al margen de ese dinero, Sumar ha incluido en su propuesta de PGE para el próximo ejercicio 2025 “un fondo de 40.000 millones de créditos blandos para financiar la creación de un gran parque de vivienda pública que rebaje los precios", construyendo inmuebles que "se alquilarían a 400 euros al mes”, cuya distribución podría igualmente condicionarse, de aprobarse las cuentas.
Nuevo choque con Madrid y Andalucía
A la espera de conocerse el detalle de lo avanzado por la máxima responsable del Ministerio de Vivienda, su intervención ha servido para reavivar la polémica entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. Rodríguez se ha dirigido expresamente a la presidenta de esa región, la popular Isabel Díaz Ayuso, para afirmar que "hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley" y que viven una situación que es "insostenible socialmente". Ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transferido a esta comunidad 2.000 millones desde 2018 para políticas de vivienda a través de diferentes programas y ahora, lo que “quiere” es “que se ejecuten bien” y que “se orienten al cumplimiento de la ley”, como reclaman muchos ayuntamientos de la región. Si acepta ese requisito, Rodríguez ha dejado la puerta abierta a dar “más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias” a Madrid.
Ayuso le ha dado la réplica a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, manifestando que no pueden “limitar el precio de la vivienda porque no funciona” y “porque es un atentado contra la propiedad”. En relación a sus palabras, González de Molina hace notar que “los precios de alquiler han subido un 103% en la Comunidad de Madrid en la última década, bajo gobiernos del PP” y es la comunidad con “la mayor proporción de grandes tenedores de España: hay 26.573 que tienen más de 10 viviendas”. Respecto a la propiedad, fuentes socialistas deslizan que “es en la Constitución, en concreto en el mismo artículo en el que se reconoce el derecho a la propiedad privada, el 33, donde se refleja que la función social del mismo delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. “Si Ayuso es constitucionalista, debería saberlo”, lanzan.
La presidente madrileña ha dejado claro que no va a “gobernar con políticas de izquierda trasnochada” aunque el Gobierno les “amenace” y ha criticado que éste lleve “seis años, cero viviendas y 41 ministros obsesionados con Madrid”. Aferrada a ese tono se ha preguntado si la ministra “será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta Ley de Vivienda” o si dejarán de regalarle millones “al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes”, en una mezcla de argumentos nada extraña en el acelerón constante en el que se ha instalado buena parte de la clase política.
De su lado, la consejera de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio de Andalucía, Rocío Díaz, ha tildado las manifestaciones de la ministra de "inaceptables", además de ser "la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Sánchez" y suponer "un chantaje a las comunidades autónomas" para que se adhieran a la Ley de Vivienda. No se "plegarán", ha zanjado, ante medidas que no son obligatorias como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler "por muchas amenazas" que se formulen. Continuará.
Hay asuntos que requieren de coraje político. La titular del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dado un paso relacionado con Ley de Vivienda que se aprobó en 2023 con la mirada puesta en aliviar la presión en el mercado inmobiliario y que en la actualidad sólo aplica Cataluña, aunque Navarra lo valora, en el País Vasco se ha activado el proceso para declarar municipios como Errenteria e Irun zonas tensionadas y Galicia no descarta hacerlo, si lo solicita algún ayuntamiento. La ministra ha advertido a las comunidades de que condicionará la financiación que reciben del Estado para esa materia, que ha cifrado entre el 70 y el 75% del grueso que destinan los territorios a políticas de vivienda, a que acaten la norma.