El PSOE detalla las “trampas” contables del PP y de Cs y ultima sus 'presupuestos alternativos' para denunciarlas

La espera ha terminado. El PSOE lleva siete meses, desde el pasado septiembre, esperando la oportunidad de contrastar su modelo económico y fiscal con el del PP en la arena del debate presupuestario. La presentación del proyecto de ley en el Congreso brindará a los socialistas, a lo largo de las próximas semanas, la oportunidad de denunciar no sólo las “trampas” contables diseñadas por el Gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos —en palabras del responsable de Economía de la dirección socialista, Manuel Escudero— sino de presentar sus propuestas de gastos y de ingresos a través de los que ellos mismos han bautizado como “presupuestos alternativos” y que tienen intención de detallar en el plazo de siete a diez días.

A la espera de las propuestas concretas del PSOE, de las que poco se sabe más allá de que pretenden impulsar el gasto social incrementándolo por encima de la media de presupuesto y hacer crecer  la recaudación mediante un subida de impuestos, estas son las principales “trampas” que el equipo económico de Pedro Sánchez ha advertido en su primer examen del proyecto contable del Gobierno:

La productividad laboral se estanca

Si el PIB crece un 2,7% y el empleo lo hace un 2,5% —según las previsiones que el propio Gobierno, con el respaldo de Cs, ha incluido en su proyecto de presupuestos—, la productividad del trabajo apenas mejora un 0,2%, muy por debajo de lo que necesita la modernización de la estructura productiva del España, aseguran los socialistas.

El dinero se presupuesta, pero una parte muy importante no se gasta

Los socialistas ponen como ejemplo las partidas de I+D+i, que se presupuestan pero no se ejecutan. Es una “técnica sistemática” de este Gobierno, que calcula ingresos y gastos por encima de la realidad para después hacer ajustes, en este caso a costa de la investigación, innovación y desarrollo, cuando lo que tenía que hacer, asegura la dirección del PSOE, es aumentar la inversión pública en esta materia para generar un “efecto arrastre”en la inversión privada.

El objetivo real del Gobierno

Los socialistas aseguran que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha trazado un objetivo, que espera culminar en 2020: reducir el gasto público hasta el 38% del PIB, a la cola de los países de la Unión Europa, cuya media en esta materia se sitúa entre 45 y el 47% —Dinamarca, un modelo de desarrollo dentro de la UE, lidera la lista con un 52%—.

Para alcanzar ese objetivo, reducen año tras año el peso del gasto social, también con el proyecto presentado este martes en el Congreso para el año en curso, en que pretenden limitar el crecimiento de estas partidas a un exiguo 2,8%, cuando el conjunto del gasto crece un 4,3%. “Están jibarizando el gasto social”, subraya Manuel Escudero. “Y lo hacen partida a partida”.

Estancamiento en los sectores clave del bienestar

La propuesta del PP y de Ciudadanos es que las partidas de educación sólo crezcan un 3%, 1,2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento del 4,2 % sobre el PIB nominal que supone el conjunto del Presupuesto. Las becas aumentan en 50 millones, una suma que el PSOE no duda en calificar de “miserable”.

El PSOE calcula que al menos 100.000 españoles que deberían recibir dinero porque tienen reconocida su dependencia no lo hacen y de ellos cada mes fallecen en torno a un centenar sin haber cobrado nunca. Y, a pesar de estas cifras, el Gobierno propone que el dinero de la dependencia sólo crezca un 3,4%, casi un punto porcentual por debajo del presupuesto total.

Algo parecido ocurre con las partidas de sanidad, que sólo crecen un 3,9%, con las transferencias a otras administraciones —de las que depende la gestión de una parte del Estado del bienestar que gestionan las autonomías— que aumentan apenas un 2,7%, o con la regresión que sufren las políticas activas de empleo, que en opinión de los socialistas deberían ser claves.

Lo que revelan las cifras de las pensiones

Las propuesta presupuestaria del PP y de Cs en materia de pensiones, denuncia el PSOE, consolida “la regla del 0,25%” de subida anual por debajo del IPC y trata de enmascararla con una subida puntual de las más bajas, incluidas las no contributivas, aprobada además en año preelectoral con el único objetivo de calmar las movilizaciones en las calles.

Lo cierto es que, en opinión de los socialistas, el Gobierno ha destruido el modelo de las pensiones y ni siquiera se molesta en plantear cuál es el que quieren implantar. Y encima, sus previsiones de ingresos por cotizaciones en la Seguridad Social se sitúan por debajo de las cifras de 2016, lo que demuestra que tienen muy poca confianza en que el sistema se pueda sostener gracias a una mejora del empleo. De seguir así las cosas, calculan que muy pronto la deuda de la Seguridad Social superará los 20.000 millones de euros.

¿Son unos presupuestos expansivos?

El PSOE tiene claro que no. Pedro Saura, portavoz socialista en materia de Economía en el Congreso, no tiene dudas. Puede parecer que los presupuestos son expansivos porque en conjunto crecen, pero si se descuenta la inflación y se añade el dinero que el Gobierno no llega a gastar (este año alcanzó los 0,7 puntos porcentuales y nada hace pensar que esta vez no repetirán el truco, que ya han utilizado para ajustar el gasto en ejercicios anteriores) el resultado es que ese perfil presupuestario se desinfla.

No hablemos de cuentas, hagámoslo del 155

Los socialistas sostienen que, ante la dificultad de defender estas cuentas y, sobre todo, ante los problemas que están teniendo para construir una mayoría parlamentaria dispuesta a darles soporte, el Gobierno, el PP y Ciudadanos han optado por cambiar de conversación. Por eso sitúan el debate en relación con el 155 y no en torno a las partidas de gasto.

“Tenemos la obligación de decirle a los pensionistas” lo que está pasando, se defienden en el PSOE de las críticas que están recibiendo por parte de la derecha por no apoyar el proyecto de ley. Porque “todo lo que plantean son parches”. Y si PP y Cs “no sacan adelante los presupuestos, la culpa será suya y tendrán que asumir responsabilidades”.

Los socialistas se resisten a aceptar, sin más, el papel de culpables que la derecha quiere atribuirles para justificar que son incapaces de sacar el proyecto de presupuestos adelante. “No son de recibo los chantajes”, advirtió este martes Escudero. Una cosa son las “políticas de Estado”, explicó en referencia al respaldo ofrecido a Rajoy en el conflicto catalán, y otra muy distinta las “políticas de Gobierno”, como las que se derivan de la ley de Presupuestos.

Crecen los impuestos más “injustos”

En las previsiones de ingresos, el PSOE también ha encontrado argumentos par oponerse a los presupuestos, En concreto en la intención del Gobierno, con el apoyo de Cs, de aumentar la recaudación a través de los impuestos indirectos —los que pagan por igual todos los ciudadanos, los ricos y los pobres— en vez de utilizar los directos, que sin los que verdaderamente “pueden redistribuir” la riqueza de un país.

Javier Lasarte, portavoz de Presupuestos en el Congreso, detalló este martes cómo el Gobierno prevé incrementar la recaudación vía impuestos indirectos del 52,8 al 53% —especiales e IVA— y reducir la que el Estado obtiene por fiscalidad directa de un 46,15 a un 45,7%.

Lo que se ahorran las empresas lo pagan los ciudadanos

Entre los beneficiados por el Gobierno, con la ayuda de Cs, están las empresas que pagan el impuesto de sociedades, subrayan los socialistas. En 2017 la previsión por este concepto era del 12,14%. La recaudación real se quedó en un 11,68% y para este año el proyecto de presupuestos lo reduce al 11,55%.

Se trata de una evolución particularmente sangrante, subraya el PSOE, si se tiene en cuenta que en 2007, antes de la crisis, el Estado recaudó 44.000 millones por este concepto y ahora apenas alcanza los 24.000. La diferencia —20.000 millones de euros en números redondos— la están poniendo los ciudadanos a través de sus impuestos y no las empresas a pesar de que el PIB ya se ha recuperado y los beneficios han vuelto a los niveles anteriores a la crisis.

Las propuestas presupuestarias de PSOE y Unidos Podemos: diferencias y semejanzas

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¿Dónde está el dinero para luchar contra la violencia machista?

Los partidos políticos suscribieron el año pasado un acuerdo para poner en marcha un plan contra la violencia machista que exige movilizar 200 millones de euros. Entonces el Gobierno dijo que gastaría directamente 80 millones y que pondría a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos 100 y 20 millones de euros, respectivamente.

En vez de cumplir su promesa, denuncian los socialistas, el Gobierno ha incluido 80 millones en su proyecto de presupuestos, pero en vez de aportar el dinero que deberían gastar las autonomías y las corporaciones pretende ahora que lo detraigan de los fondos que ya tenían asignados. “Fue un brindis al sol”, denuncia el PSOE, que fue uno de los partidos que suscribió solemnemente aquel acuerdo.