PRECAMPAÑA ELECTORAL
Madrid y Andalucía están a la cola en gasto sanitario y educativo mientras eliminan el impuesto de patrimonio
La carrera que Madrid abrió hace años para bajar impuestos se ha reanudado con nuevos bríos al calor del año electoral que se avecina en 2023. Andalucía acaba de anunciar la supresión del impuesto de patrimonio, mientras Castilla y León cerró agosto prometiendo una rebaja fiscal histórica de 2.500 millones. Isabel Díaz Ayuso, que ya hizo su propia rebaja “histórica” en 2021, prepara ahora tres nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Tanto Juan Manuel Moreno Bonilla como Alfonso Mañueco y la presidenta madrileña auguran que el recorte de impuestos atraerá inversiones y aumentará la recaudación en lugar de reducirla, en una nueva resurrección de la cuestionada curva de Laffer, la que el economista de ese nombre dibujó en una servilleta en 1974 a dos políticos republicanos y que Ronald Reagan puso en práctica tras llegar a la presidencia en 1980 con la mayor rebaja fiscal de la historia de EEUU.
Pero la realidad tuvo poco que ver con la teoría de la servilleta. Los ingresos fiscales –Reagan bajó el tipo máximo del IRPF del 70% al 28%– se redujeron en un volumen equivalente al 2,9% del PIB entre 1981 y 1985, el déficit público aumentó hasta un récord del 6% y la deuda se disparó del 26% de 1980 al 40,9% en 1988.
Las comunidades autónomas españolas cerraron 2021 casi sin déficit, apenas un 0,003% del PIB, 334 millones de euros, en buena parte por la inyección de fondos que hizo el Gobierno para cubrir el enorme desembolso público al que obligó la pandemia. Aun así, de las comunidades autónomas que han anunciado bajadas de impuestos, todas ellas gobernadas por el PP, sólo Madrid figura entre las 10 que terminaron 2021 con superávit. El resto, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja, siguen con un desfase entre ingresos y gastos en sus cuentas, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Hacienda. De hecho, la que mayor déficit soportó el año pasado fue Murcia, con un 1,4%, por encima incluso de la Comunidad Valenciana, que lleva años de farolillo rojo tanto en déficit como en deuda pública y es la peor tratada por el sistema de financiación autonómica.
Sin embargo, Andalucía y Madrid son la tercera y cuarta comunidad autónoma con mayor deuda pública. Según los registros del Banco de España, sólo las superan Cataluña y la Comunidad Valenciana. La deuda andaluza asciende a 36.428 millones de euros y la madrileña a 34.150 millones. Castilla y León, Galicia y Murcia son sexta, séptima y octava de la clasificación, con 13.215, 11.715 y 10.959 millones de euros.
Si se mide en relación con el PIB, las posiciones cambian. El volumen de la deuda de Murcia equivale al 34,1% de su riqueza, sólo por debajo de los porcentajes de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña. En cambio, Madrid es la comunidad menos endeudada, con un 14,8%, mientras que Galicia se queda en el 18,5% y Castilla y León llega al 22,2%. Andalucía sube hasta el 23,1% de su PIB. Madrid tiene el mayor PIB de España, 232.568 millones de euros en 2019; el de Murcia es sólo de 32.158 millones, una séptima parte.
En 2021, las cuentas autonómicas quedaron casi en equilibrio no sólo gracias a la reactivación económica tras el parón del covid, sino también gracias a que el Estado aumentó sus transferencias a las comunidades en un 6,6%, hasta los 110.538 millones de euros. En 2022 serán 111.276 millones. Ese dinero procede de los impuestos, de la cantidad que se calcula que los territorios recaudarán por la tarifa autonómica del IRPF, así como por el porcentaje que les corresponde del IVA y los impuestos especiales –hidrocarburos, tabaco…–.
La importancia de esas inyecciones anuales –que el Estado les adelanta– es clara si se tiene en cuenta que representan casi el 50% de los recursos con que cuentan las comunidades autónomas para gestionar sus presupuestos anuales. Además, hay que añadir los fondos extraordinarios aportados para luchar contra la pandemia. Así, en 2020 los territorios recibieron 16.000 millones para hacer frente al coste económico del coronavirus y en 2021 otros 13.486 millones, a los que hay que sumar 7.000 millones para autónomos y pymes, y 7.000 millones más para compensarlas por la puesta en marcha del Sistema de Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII-IVA) y para cubrir la pérdida de recursos que sufrieron por la liquidación negativa de 2020. Finalmente, del Plan de Recuperación y Resiliencia, han obtenido un total de 11.151 millones de euros. De esa cantidad, 1.916 millones correspondieron a Andalucía y 1.213 millones a Madrid, 742 a Castilla y León, 681 a Galicia y 339 a Murcia.
Impuestos cedidos e impuestos propios
Todos esos fondos extraordinarios permiten a estas comunidades autónomas disfrutar ahora de unas cuentas convenientemente saneadas. Además, y pese a su discurso fiscal, todos los territorios han aumentado la recaudación de impuestos cedidos desde 2014 hasta 2020. Así lo desvela el Panorama de la fiscalidad autonómica y foral de 2022 que elabora el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), del Consejo General de Economistas de España. Y Madrid es la que más lo ha hecho, 45 puntos en ese periodo, sólo menos que Baleares. Andalucía la mejoró en 30 puntos, Castilla y León en 23,7 puntos, Galicia en 22,3 y Murcia en 32,2.
Pero el alza varía dependiendo del impuesto. En 2019, último año en que el Ministerio de Hacienda publica datos definitivos de recaudación, Andalucía aumentó sus ingresos por el impuesto de patrimonio –que ahora quiere suprimir– en un 8,1% respecto al ejercicio anterior, y Galicia en un 7,9%. Por el contrario, Madrid hundió sus ingresos un 39,2% y La Rioja aún más, un 48,9%. Madrid, que lo tiene bonificado al 100%, apenas recauda por el patrimonio, sólo 1,99 millones de euros en 2019.
Por el contrario, en sucesiones y donaciones, Madrid es la que más ingresa, 455,4 millones de euros, casi el doble que Andalucía –261,4 millones–. También es la que más aumentó la recaudación de este tributo, un 21,6% en 2019 respecto al año precedente. Galicia, Murcia y Andalucía, en cambio, recortaron en buena medida sus ingresos, un 34,2%, un 21,5% y un 12,7%, respectivamente. Por el impuesto sobre actos jurídicos documentados también mejoraron su recaudación cuatro de las cinco comunidades mencionadas. Andalucía es la que más recauda –451,3 millones– después de Cataluña, seguida de Madrid –389,5 millones–. Otro tanto ocurre con las tasas sobre el juego, por las que Madrid recaudó 143,7 millones de euros, un 3,3% más que el año anterior. Por el contrario, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia redujeron sus ingresos en 2019.
En total, Madrid aumentó sus ingresos por impuestos cedidos en 2019 un 7,8%, Castilla y León un 2,1% y Murcia un 1,5%, mientras que Andalucía los recortó un 5,2% y Galicia aún más, un 6,9%.
En cambio, los llamados tributos propios no han hecho más que caer desde 2014. Y donde más, en Madrid, 36 puntos. En Castilla y León el desplome ha sido de 17 puntos. En Galicia no ha habido apenas variación en esos seis años, mientras que en Andalucía la recaudación de estos impuestos ha crecido casi siete puntos y en Murcia y La Rioja, nueve puntos. Su importancia también es dispar. Son 71 en total, e incluyen desde los cánones del agua, los impuestos sobre establecimientos comerciales o sobre emisiones de dióxido de carbono hasta impuestos sobre vertidos o viviendas vacías. Una vez más, Madrid apenas recauda 3,48 millones de euros por ellos, la que menos, pero Andalucía alcanza los 145,2 millones –aún lejos de los 586,3 millones de Cataluña, la que más–. Madrid, de hecho, ha reducido un 50% sus ingresos por tributos propios y Castilla y León un 37,5% entre 2020 y 2019, según el análisis del REAF.
Comparando la recaudación fiscal total con la de tributos propios, resulta que Madrid es la segunda comunidad autónoma que más ingresa en total, 3.431,8 euros por habitante, únicamente por detrás de los 3.701,7 euros de Baleares. Pero también es la que menos ingresa por impuestos propios, apenas cinco céntimos por habitante, dos menos que en 2016. La Rioja recauda 2.643,5 euros por habitante, un poco más que Castilla y León –2.567,4 euros– y Galicia –2.345,5 euros–. Murcia se queda en 2.121,8 euros y Andalucía en sólo 1.995,8, sólo mejor que Canarias –1.401,3 euros– y Extremadura –1.976,8–. De este grupo, la que más ingresa por tributos propios es La Rioja, aunque no llega ni a 50 euros por habitante. Es decir, por los impuestos cedidos, las comunidades autónomas ingresaron 13.634 millones en 2019, pero sólo 2.428,9 millones por los tributos propios. Y Madrid es la segunda comunidad que más recauda por impuestos cedidos, 23.267,2 millones en 2020, superada únicamente por Cataluña, y Andalucía es la tercera, con 16.893,5 millones.
Gasto en sanidad y educación públicas
¿Qué es lo que hacen las comunidades más recortadoras de impuestos con el dinero que recaudan? Madrid, Andalucía y Murcia son los tres territorios que menos gastan en educación por alumno, de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Educación relativas a 2019. La media nacional es de 6.230 euros, pero Madrid sólo destina a este fin 5.148 euros, Andalucía 5.442 y Murcia 5.728. Por encima de la media, La Rioja dedica 6.673 euros, Castilla y León 7.196 y Galicia 7.408. La comunidad que más dinero público gasta en educación es el País Vasco, 9.868 euros por alumno. Es decir, casi el doble que Madrid. En cifras absolutas, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso emplea 5.936,8 millones en la educación pública, menos que Andalucía –8.917,9 millones– y Cataluña –7.552 millones–. Y de ese dinero, casi el 20% lo destina a la enseñanza concertada y privada, la segunda después del País Vasco, con un 25,1%.
Madrid también es la que menos dinero público destina a la sanidad, si se mide respecto a su PIB, un 4,7%. Es casi la mitad que le dedica Murcia, un 8,9% y un poco menos que Castilla y León, un 8%. Andalucía está en el 7,9% y Galicia en el 7,8%. La Rioja se queda en el 6,2%. Extremadura y Canarias son las más generosas con su sistema sanitario público: gastan en él el equivalente al 9,7% y el 9% de su PIB, según recogen las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Los últimos datos son de 2020.
Si el análisis se hace por habitante, Andalucía es la que menos aporta a la sanidad pública, 1.398 euros, seguida de Madrid, con 1.491. Pero Castilla y León es la segunda comunidad que más gasta, 1.863 euros, sólo superada por los 1.948 euros por habitante del País Vasco. Murcia emplea 1.769 euros y Galicia 1.702. La Rioja, 1.604 euros. La media nacional se sitúa en 1.638 euros por habitante.
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Detallado por tipo de gasto, Madrid vuelve a ser el territorio que menos dinero público dedica a la atención primaria, un 11,2% del gasto sanitario. Pero Andalucía es la que más destina, un 18%, y Castilla y León es la tercera, con un 15,8%. La Rioja y Murcia se quedan en un 14,2% y un 14%, respectivamente, en la media nacional, pero Galicia baja hasta el 12%.
Por el contrario, Madrid es la que más aporta a la atención hospitalaria, un 69,4% del gasto sanitario público. Galicia, un poco menos, el 64,5% y Murcia el 62,3%. Aquí son Andalucía y Castilla y León las que menos dinero público destinan a los hospitales, un 59,6% y un 59,4%, muy por debajo de la media nacional de gasto, el 63,1%. Sólo Extremadura gasta menos, el 57,1%.
Finalmente, Madrid también es una de las comunidades que menos dinero gastan en pagar a sus trabajadores sanitarios: el 44% de su presupuesto en 2019, la tercera por la cola. Galicia es la cuarta, con un 45,3%. La que mejor retribuye a su personal sanitario es el País Vasco, que destina un 54,4% del gasto a este fin. Castilla y León emplea el 50% a nóminas de su personal y Andalucía y Murcia casi lo mismo, un 49,2% y un 49,1%, respectivamente. Por encima de la media nacional, el 45,8%.