Las crisis económicas se suceden sin dar tiempo a que los ciudadanos y las empresas se recuperen: con la Gran Recesión en los talones y cuando el covid-19 aún colea, la guerra en Ucrania ha puesto la energía por las nubes y ésta, a su vez, ha desatado la inflación en Occidente. Y, mientras las cuentas de las empresas titubean, el daño en las nóminas y los hogares se multiplica. Los gobiernos deben entonces acudir con todas sus herramientas para sostener el tejido productivo y el bienestar ciudadano. Enseguida saltan las tensiones presupuestarias y se hace urgente y necesario contar con recursos para contener los precios y proporcionar ayudas sociales.
Esos ingresos proceden de los impuestos. “El dinero necesario está en realidad muy cerca, escondido en los paraísos fiscales y llevamos décadas de retraso en la aplicación de los mecanismos para develarlo”, apunta la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), a la que pertenecen el premio Nobel Joseph Stiglitz, el economista Thomas Piketty y el director del Observatorio Fiscal de la UE Gabriel Zucman, entre otros expertos internacionales.
Según sus cálculos, el 10% del PIB mundial se esconde en paraísos fiscales, unos ocho billones de dólares, que permiten al 1% más rico de la población, que posee hasta el 40% de la riqueza en algunos países, evadir hasta el 25% del impuesto sobre la renta. Lo consiguen gracias a las sofisticadas estructuras financieras que crean banqueros, contables y abogados para ocultar dónde los más pudientes tienen sus activos o siquiera si realmente los poseen.
El mecanismo que la comisión propone para aflorar esa riqueza oculta, billones en recursos que podrían servir para financiar el desarrollo sostenible en todo el planeta, es crear un Registro Global de Activos (GAR por sus siglas en inglés). Ese registro debería vincular todos los tipos de activos, empresas y vehículos legales posibles con sus propietarios efectivos, las personas físicas que realmente los poseen, controlan o se benefician de ellos. Sería una base de datos mundial y exhaustiva que todas las autoridades del planeta podrían consultar para luchar contra la evasión fiscal, la corrupción y la delincuencia internacional.
Para convertir en realidad lo que la misma comisión no duda en calificar de “utopía”, sus miembros consideran necesaria “una combinación de voluntad política y presión mundial concertada” y reclaman una cumbre internacional urgente. En cualquier caso, sus impulsores creen que el registro mundial “no es un paso inmediato”, sino el fin de un proceso “muy gradual” que empieza por la constitución de registros nacionales de propietarios reales, su extensión a todo tipo de activos y, finalmente, su interconexión hasta crear un registro europeo o latinoamericano, por ejemplo, según explica José Antonio Ocampo, exministro de Finanzas de Colombia y presidente de la ICRICT. Además, sostiene que no haría falta que una institución internacional se encargara de gestionar el registro mundial, aunque sí precisaría un “acuerdo global” para ponerlo en marcha.
Ese registro mundial debería incluir todos los activos relevantes y las estructuras creadas para poseerlos: no sólo los inmuebles y las cuentas bancarias o cajas de seguridad, sino también los fideicomisos y holdings, al igual que las criptomonedas e incluso las colecciones de arte, joyas, yates, aviones y otros artículos de lujo. Además, el registro tendría que ser público, con un formato de datos en abierto y accesible tanto para las instituciones gubernamentales como para cualquier ciudadano.
Como queda dicho, debería nacer de la interconexión de los registros de propietarios reales existentes en cada país. En la Unión Europea, las directivas contra el blanqueo ya obligan a los Estados miembros a crear registros nacionales de titularidades reales y ya existen planes para conectarlos.
El director del Observatorio Fiscal de la UE, Gabriel Zucman, rechaza que la idea de un registro mundial sea especialmente “revolucionaria”. “Los registros de la propiedad y mercantiles llevan siglos funcionando; en Francia, el primero se creó en 1791. ¿Por qué, si tenemos desde hace siglos registros para inmuebles y tierras, tiene que ser diferente para los activos financieros?”, se pregunta. Según aclara, no hace falta “reiventar la rueda”, basta con modernizar y “actualizar a la realidad de la riqueza del siglo XXII” los registros que ya existen.
Aun así, los promotores del registro mundial son conscientes de los “enormes“ obstáculos políticos a los que se enfrenta su iniciativa, pero también creen que ahora la disposición de los gobiernos es mayor, explica Jayati Ghosh, profesora de Economía de la Universidad de Massachusetts y asesora de la ONU, una vez que éstos han tomado conciencia, tras la invasión de Ucrania y la dificultad para encontrar los bienes de los oligarcas rusos, de que carecer de este tipo de información es un auténtico inconveniente.
España, aún sin registro abierto
En el caso de España, el Colegio de Registradores ya gestiona un Registro de Titularidades Reales (Retir), creado en 2018, pero a él sólo pueden acceder la Agencia Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la CNMV, el Tribunal de Cuentas, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y la Fiscalía.
El Ministerio de Justicia está elaborando un real decreto para crear un registro centralizado y abierto para todos los ciudadanos, tal y como exige la UE. En estos momentos se encuentra en fase de audiencia pública. Pero, de acuerdo con el borrador dado a conocer, los datos a los que podrán acceder los particulares están restringidos y se requiere el pago de una tasa y la firma electrónica.
España incumple la directiva antiblanqueo y no creará un registro de propietarios reales de empresas hasta final de año
Otros países comunitarios como Letonia y Dinamarca ofrecen los datos sobre propietarios efectivos como datos abiertos. También el Reino Unido. En cambio, en Luxemburgo –uno de los principales centros financieros de la UE–, el registro de titularidades reales cuenta con limitaciones de acceso. En Estados Unidos, la Ley de Transparencia Corporativa de 2019 obliga a las empresas a revelar quiénes son sus propietarios reales. Pero en Asia Oriental sólo el 20% de los países y en África Subsahariana sólo el 21% de ellos tienen leyes sobre los beneficiarios finales de las empresas.
Legitimidad democrática
El registro mundial se convertiría así en el culmen de toda una serie de pasos que la comunidad internacional está tardando en dar. Muy poco a poco, se está consiguiendo que los países intercambien de forma automática información sobre cuentas bancarias y las multinacionales emitan informes de los negocios que llevan a cabo en cada uno de los países donde operan.
Como se ha podido comprobar en el último mes con los intentos de los gobiernos occidentales para sancionar a los oligarcas rusos, no existen registros nacionales e internacionales de valores financieros, criptomonedas, yates, colecciones de arte, bienes inmuebles… “El rastreo de esta riqueza es una medida urgente para proteger las democracias”, apremia la comisión, que apunta, por tanto, más allá de la economía y sus crisis. A su juicio, un registro mundial que permita luchar contra la pérdida de recursos fiscales y la impunidad de “cleptócratas y organizaciones criminales” es un instrumento básico para “reforzar el contrato social”. La ICRICT vincula así “el consentimiento fiscal” con la legitimidad de las instituciones democráticas.
Las crisis económicas se suceden sin dar tiempo a que los ciudadanos y las empresas se recuperen: con la Gran Recesión en los talones y cuando el covid-19 aún colea, la guerra en Ucrania ha puesto la energía por las nubes y ésta, a su vez, ha desatado la inflación en Occidente. Y, mientras las cuentas de las empresas titubean, el daño en las nóminas y los hogares se multiplica. Los gobiernos deben entonces acudir con todas sus herramientas para sostener el tejido productivo y el bienestar ciudadano. Enseguida saltan las tensiones presupuestarias y se hace urgente y necesario contar con recursos para contener los precios y proporcionar ayudas sociales.