Subir las pensiones el mínimo del 0,25% sólo recortará seis décimas el déficit de la Seguridad Social hasta 2022

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha avalado el cálculo realizado por el Ministerio de Empleo para revalorizar las pensiones este año, que será el mínimo legal, un 0,25%. Ese porcentaje se mantendrá, además, hasta 2022, puesto que la reforma de las pensiones de 2013 exige que así sea mientras la Seguridad Social tenga déficit. Restringir la subida de estas prestaciones –que suponen el 90% del gasto en seguridad social– tiene por objeto reducir el déficit del organismo de previsión. Pero ni con ese 0,25% de aumento mínimo se conseguirá recortar los números rojos de la Seguridad Social en la cuantía prevista por el Gobierno.

Al menos ésa es la conclusión de la Airef tras analizar las cifras de Empleo. La reducción del déficit de la Seguridad Social, actualmente en el 1,7% del PIB, unos 18.000 millones de euros, el mayor de su historia, será “más lento que el fijado en la última actualización del Programa de Estabilidad y en los objetivos de estabilidad aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 3 de julio y modificados posteriormente el 7 de julio”, subraya. Siempre que no se tomen medidas adicionales.

De esta forma, mientras el Gobierno prevé que hasta 2020 se recorte el déficit 1,1 puntos porcentuales del PIB, gracias a esa subida limitada al 0,25% sólo disminuirá siete décimas. La revalorización mínima de las pensiones, recuerda la Airef, reduce el gasto en casi un punto del PIB, pero esa contracción es, a su juicio, “claramente insuficiente”. Como resultado, mientras el Gobierno dice que en 2022 el déficit de la Seguridad Social será sólo del 0,8% del PIB, la Autoridad Fiscal lo eleva al 1,1%. Sólo disminuirá seis décimas en cinco años.

Habría que recortar las pensiones un 3%

La Airef evalúa también la revalorización teórica que deberían tener las pensiones mientras persista el déficit de la Seguridad Social si Empleo no impusiera ningún tope a la fórmula de cálculo creada en la reforma de 2013. Porque ese 0,25% de subida mínima es un índice fijo que se aplica siempre que los gastos del sistema son superiores a los ingresos, independientemente del resultado de la citada fórmula. Pues bien, para 2017 ese resultado teórico es del -3%, según publicó el Gobierno en los Presupuestos del Estado. De acuerdo con los números de la Airef, el índice es de -3,5% este año y de -2,9% para todo el periodo 2017-2022. En otras palabras, las pensiones deberían rebajarse un 3%. Aun con ese recorte, la Seguridad Social tardaría 15 años en recuperar el equilibrio financiero.

En su informe, la Autoridad Fiscal asegura que fijar un tope mínimo para garantizar que la cuantía de la pensión es “suficiente” –como exige la Constitución– “debilita la función señalizadora” del desequilibrio de la Seguridad Social que atribuye a este índice de revalorización. Por eso recomienda al Gobierno que informe a los ciudadanos sobre el resultado de la fórmula sin los topes. La Airef reconoce que aplicar el índice sin el límite legal –el -3%– “conduciría a una importante contracción de la pensión media”, además de contener el gasto agregado en pensiones. Pero cree “conveniente” que los ciudadanos conozcan el índice real de forma que puedan “tomar decisiones de empleo, ahorro y consumo más informadas”.

Aumento de ingresos, pérdida de poder adquisitivo

Desde la reforma de 2013 las pensiones dejaron de actualizarse cada año según la inflaciónreforma de 2013 . Los sindicatos y la oposición critican que abandonar el IPC como referencia y sustituirlo por el índice de revalorización diseñado por un comité de expertos y asumido por el Gobierno ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas que no hará sino aumentar en el futuro. Si este año se cumple la previsión del Ejecutivo, con un IPC a final del ejercicio del 1,5%, las pensiones habrán perdido un 1,25% de poder de compra. De ahí que tanto sindicatos como los grupos políticos de la izquierda hayan pedido la desaparición de ese índice.

Mientras, la Comisión del Pacto de Toledo busca cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social, lastrados por los bajos salarios –menores cotizaciones– y las tarifas planas para los contratos, multiplicadas por el Gobierno en los últimos años. La Seguridad Social lleva en déficit desde 2012 y los desfases de tesorería que se repiten cada julio y cada diciembre –cuando hay que pagar las extras– han llevado al agotamiento del Fondo de Reserva de las pensiones. Este ejercicio el Ejecutivo ha tenido que hacer un préstamo de 10.192 millones de euros a la Seguridad Social para pagar ambas extraordinarias y evitar dejar a cero la hucha de las pensiones.

Tomás Burgos: “Las pensiones sólo han perdido una décima de poder adquisitivo desde 2014”

Ver más

Previsiones de ingresos infladas

La Autoridad Fiscal aprovecha el análisis sobre la revalorización de las pensiones para volver a poner en duda las previsiones del Gobierno sobre el déficit de la Seguridad Social, que considera “muy improbables y optimistas” para 2017 y 2018. Y es así porque el Ejecutivo cree que los ingresos del sistema crecerán un 4% hasta 2022, y la Airef calcula que no se superará el 3,7%, mientras que los gastos, según la Autoridad Fiscal, aumentarán dos décimas más de lo que calcula el Gobierno.

También considera “muy improbable” que se cumpla la previsión de Empleo sobre el número de pensiones. La Airef cifra en un 1,3% el crecimiento del número de prestaciones hasta 2022, tres décimas más que el Ejecutivo.