La tarifa plana sólo ha beneficiado a la mitad de los contratos indefinidos previstos por el Gobierno

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció tras el último Consejo de Ministros del año que prorroga tres meses, hasta el 31 de marzo de 2015 la tarifa plana de los contratos indefinidostarifa plana. Y lo hace pese a las dudas de los expertos sobre la eficacia de subvencionar los contratos con dinero público y pese a que la medida no ha cumplido sus propias previsiones de impacto. Según el Ministerio de Empleo, desde que se creó, el pasado 25 de febrero, un total de 177.731 contratos indefinidos se han beneficiado de esta rebaja de cotizaciones: el empresario sólo debe pagar 100 euros por contingencias comunes durante dos años. Teniendo en cuenta que desde el 1 de marzo hasta el 31 de noviembre de este año se han registrado 940.827 contratos indefinidos, esa cifra equivale al 18,89%. Es prácticamente el mismo porcentaje en que ha crecido la contratación indefinida en lo que va de año: un 18,96%. Es decir, todo el aumento de los contratos estables se debe a la tarifa plana, son contratos subvencionados.

Además, el número de indefinidos acogidos a la tarifa plana ha quedado muy por debajo de las propias expectativas del Ministerio de Empleo. La memoria de impacto económico del decreto-ley que aprobó esta medida calculaba que se acogieran a este incentivo 332.100 contratos hasta diciembre de este año, 232.500 a tiempo completo y 99.600 a tiempo parcial. Pero hasta noviembre sólo se han apuntado a la tarifa de los 100 euros el 53,5% de los previstos.

Para acogerse a la tarifa plana, las empresas deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no pueden haber ejecutado despidos individuales que el juez haya declarado improcedentes ni despidos colectivos en los seis meses anteriores. Pero sí pueden haber despedido a trabajadores de forma individual por causas objetivas –económicas, organizativas o de producción–.

Además, el contrato subvencionado debe suponer un aumento tanto del nivel de empleo indefinido como el neto de la plantilla total de la empresa, y tienen que mantenerse durante un periodo de tres años. Si despide antes de ese plazo al trabajador bonificado, el empresario ha de reintegrar la diferencia de cuantía con respecto a las cotizaciones ordinarias, aunque sin recargos ni intereses de demora. Pero sólo deberá devolver el 100% de lo ahorrado si se deshace del empleado antes de un año. Porque si le despide a los dos años, únicamente tendrá que reintegrar el 50%, y si lo hace el tercer año, sólo el 33%.

Así, gracias a la rebaja de cotizaciones, el empresario sólo paga, por contingencias comunes, 100 euros para contratos a tiempo completo y entre 75 y 50 euros para contratos a tiempo parcial, en función de la jornada, por las cotizaciones en contingencias comunes.

Peso muerto, cuanto más generalizados, más ineficaces

Los economistas son casi unánimes al destacar la ineficacia de este tipo de incentivos. Se remiten a los denominados “efecto de peso muerto” y “efecto sustitución” para explicar que no crean empleo neto. Por el contrario, advierten, sólo se contrata a trabajadores que habrían sido empleados de todas formas aunque no existiera la subvención. O los contratados reemplazan a los no subsidiados, pero no aumenta el empleo. De hecho, todos coinciden en que generalizar las bonificaciones potencia esos dos efectos no deseados. Por tanto, sólo deben aplicarse a colectivos muy concretos: parados de larga duración, trabajadores menos cualificados... quienes más dificultades tienen para encontrar un empleo.

El Gobierno pareció actuar de acuerdo con esta tesis cuando eliminó en julio de 2012 los incentivos generalizados. Sólo salvó los destinados al contrato de apoyo a los emprendedores –creado con la reforma laboral cuatro meses antes–, a los discapacitados y a las víctimas de violencia de género, así como a las sustituciones por maternidad, los contratos de formación y los autónomos.

Sin embargo, pronto cambió de opinión y, apenas seis meses después, en febrero de 2013, aprobó nuevas bonificaciones: de hasta el 100% si el contratado tiene menos de 30 años, de 500 euros al año si se transforma el contrato temporal de un joven en indefinido, y del 50% para contratos en prácticas. Un año más tarde, el Ejecutivo añadió una nueva subvención, la tarifa plana, que ahora ha prorrogado tres meses más. Se trata de una medida a corto plazo, 2015 es año electoral y permite maquillar la estadística vendiendo un aumento de los contratos indefinidos, apuntan los expertos.

La dualidad, inalterable

No obstante y a pesar de la subvención, el porcentaje de estos contratos respecto del total sigue sin despegar. El mercado de trabajo español continúa enquistado en la segmentación: el pasado noviembre se firmaron 1,26 millones de contratos temporales, el 91,5%, y sólo 117.568 indefinidos, el 8,5%. Mes a mes el reparto entre ambos tipos sólo se mueve unas décimas arriba o abajo.

Un famoso estudio, dirigido por el profesor de la Universidad de Alcalá Luis Toharia, constató los efectos perversos de estos incentivos: el contrato desaparece cuando desaparece la bonificación. Según sus autores, los contratos indefinidos en España son más bien “de duración indeterminada, no permanentes”.

En teoría, los empresarios que se benefician de la tarifa plana deben mantener durante tres años el nivel de empleo. Pero sólo tienen que devolver íntegramente la subvención –en realidad, ingresar lo no cotizado– si despiden al trabajador antes de un año. Es decir, habrá que esperar aún para saber cuántos de esos contratos con tarifa plana han sido realmente indefinidos.

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También habrá que esperar para saber cuál es el coste de la medida para la Seguridad Social. Ateniéndose a los cálculos de la memoria económica antes citada, las arcas públicas han dejado de ingresar unos 1.248,7 millones de euros por los 177.731 contratos subvencionados hasta el pasado noviembre. Esta cifra puede ser mayor, puesto que el propio ministerio calcula que en el caso de las empresas de menos de 10 empleados el ahorro de cotizaciones para el empresario pasa de 7.040 euros –contando con un sueldo bruto anual de 20.000 euros֪– a 9.300. Además, al dato hay que sumarle el mes de diciembre en curso y los tres meses de prórroga recién aprobada.

Numerosas han sido las críticas, de expertos, sindicatos y partidos, a este descosido a las cuentas de la Seguridad Social, que ha perdido tres millones de cotizantes durante la crisis y hasta el pasado 30 de noviembre acumulaba un déficit de 3.426,91 millones de euros, el 0,32% del PIB.

Tampoco parece que tire mucho de la contratación el contrato de apoyo a emprendedores, la figura estrella de la reforma laboral. A falta de los números de diciembre, este año se han firmado 91.382 de estos polémicos contratos, que permiten someter al trabajador a un año de prueba. Por tanto, permiten despedirle al cabo de ese periodo sin pagarle indemnización alguna. Son el 10,6% de los contratos indefinidos ordinarios, un punto menos que en 2013 y siete menos que en 2012.