Trabajo prepara cambios en la estructura de Fundae tras plantear los sindicatos un posible conflicto de interés de su gerente

La Secretaría de Estado de Empleo está “en proceso de revisión” y “reformulación” de la estructura organizativa y funcional de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), que gestiona y concede las subvenciones para impartir cursos a trabajadores y parados. Según ha explicado un portavoz, los responsables de Empleo están estudiando las “cuestiones organizativas y funcionales” que algunos miembros del patronato de la fundación –integrado por las administraciones estatal y autonómicas, las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO y CIG– expusieron en la primera reunión que éste celebró ya con el PSOE en el Gobierno, el pasado 26 de julio.

Una de esas cuestiones es el conflicto de interés en que puede incurrir el gerente de la Fundae, Ignacio Pérez Zurita, nombrado por el anterior Gobierno en abril, por haber sido ejecutivo de la asociación de empresarios Confemetal y haber representado a CEOE y Cepyme en foros internacionales y en la mesa de diálogo con Empleo. Estas patronales, al igual que los sindicatos y otras asociaciones y empresas, solicitan subvenciones a la Fundae para impartir cursos. Esta misma semana CCOO envió al secretario del patronato, a petición de éste, un informe jurídico con los argumentos que apoyan el posible conflicto de interés ya planteado en julio. En abril, tanto CCOO y CIG como seis comunidades autónomas se abstuvieron de apoyar el nombramiento de Fernández Zurita al frente de la fundación.

Como publicó entonces infoLibre, la Ley de Régimen Jurídico del Sector PúblicoLey de Régimen Jurídico del Sector Público establece que las “autoridades” y, en general, “el personal al servicio de las Administraciones” deben abstenerse de intervenir en cualquier procedimiento cuando tengan “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto”, o le hayan “prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”. Es decir, el gerente de la Fundae debería abstenerse cada vez que tuviera que tratar cualquier asunto relacionado con su antiguo empleador, Confemetal, donde ha trabajado desde 2004.

Además, como ha sido ponente habitual, en representación de CEOE y de BusinessEurope –la patronal europea–, en foros y eventos de ámbito nacional y europeo, así como representante de Cepyme en la Mesa de Diálogo Social sobre formación abierta en el ministerio, el gerente debería abstenerse igualmente en los procedimientos relacionados con ambas confederaciones empresariales. Fernández Zurita también ha sido desde 2015 el secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Levadura (AFLE), patronal integrada en la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), que es a su vez miembro de CEOE. Como queda dicho, la ley obliga a inhibirse a los empleados públicos que hayan prestado servicios profesionales “de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar” a personas jurídicas en cuyos procedimientos deban intervenir.

Además, CCOO señala en su informe que otra ley, la de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, de 1992, también exige, en su artículo 28, la abstención de las autoridades y personal de la Administración si éstos tienen “relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto” cuando éstos ejercen “potestades administrativas”, o si le han prestado “en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar” a esa persona física o jurídica. El sindicato señala que esa ley establece también que los interesados pueden promover la “recusación” del funcionario “en cualquier momento de la tramitación del procedimiento” y que eso podría ocurrirle a Fernández Zurita.

Subvenciones

El gerente de la Fundae tiene entre sus cometidos la “gestión y administración ordinaria” de la fundación. Pero, además, es el “encargado de la instrucción de los expedientes administrativos de concesión de las ayudas para su resolución”, según puede leerse en la propia web de la fundación, en la página donde se describen las funciones de la gerencia. La convocatoria de subvenciones para formar a trabajadores en competencias digitales, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 4 de mayo por importe de 60,4 millones de euros, detalla en su artículo 20 la “instrucción del procedimiento”: el gerente “evalúa” las solicitudes de ayudas que presentan las entidades de formación, públicas o privadas, para después “formular la propuesta provisional de resolución debidamente motivada”. La entidad –empresas de formación, también sindicatos y patronales– puede presentar alegaciones, que serán analizadas de nuevo por el gerente. Éste formula entonces la propuesta definitiva de resolución, concediendo o denegando la subvención solicitada.

Por tanto, el gerente tendría que evaluar las solicitudes de ayudas que presentaran las patronales para las que trabajó, analizar sus alegaciones en caso de que fueran denegadas de forma provisional y concederlas o rechazarlas definitivamente después.

De hecho, es lo que está haciendo estos días. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que Confemetal ha presentado una decena de solicitudes de subvención para esa convocatoria TIC, que ahora se encuentra en plena tramitación y cuya resolución definitiva deberá estar lista en diciembre.

Sólo en la última convocatoria de subvenciones, el Plan de Formación correspondiente a 2016, la Fundación Confemetal recibió un total de 1,28 millones de euros en tres expedientes: uno para el sector de grandes almacenes, por importe de 740.405,5 euros, otro para empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, por valor de 418.896,6 euros, y un tercero para el sector del metal por 129.100,8 euros.

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La respuesta, antes de fin de año

La Secretaría de Estado de Empleo explica que en estos momentos está “recabando información” y “propuestas de actuación” y anuncia que dará una respuesta al patronato de la Fundae en la próxima sesión ordinaria, antes de que acabe el año, incluidas las “medidas oportunas para garantizar el mejor funcionamiento de la fundación”. No obstante, precisa que hasta el momento no ha “apreciado indicios de falta de objetividad en sus decisiones”. “Estamos analizando los procedimientos, de momento no podemos decir más”, asegura un portavoz.

Ignacio Fernández Zurita es el primer gerente de la Fundae elegido mediante una convocatoria pública, a la que se presentaron 41 candidatos. De los 35 que reunían los requisitos del concurso de méritos, Fernández Zurita fue considerado “el perfil técnico más idóneo” por un grupo de trabajo integrado por dos altos funcionarios del ministerio y el secretario del patronato de la fundación. La Secretaría de Estado de Empleo defiende que su nombramiento “se produjo regularmente, respondiendo a una correcta valoración de su capacidad y experiencia previa”. Y dice que “en la actual fase de recabar información para su posterior análisis” no tiene constancia de un eventual conflicto de interés.