Tragsa rebaja a la mitad los despidos y la plantilla desconvoca la huelga

Los trabajadores de Tragsa han desconvocado la huelga programada para mañana después de que la dirección de la empresa pública haya accedido a rebajar a la mitad el número de despidos inicialmente previsto en el ERE. De los 1.639 trabajadores cuyo empleo peligraba el primer día de las negociaciones, 836 en Tragsa y 803 en Tragsatec, las dos empresas del grupo, se ha pasado a 920, 500 en la primera y 420 en la segunda. Además, la dirección se ha comprometido a “revisar” los complementos que cobran los empleados por encima de los sueldos establecidos en convenio. En Tragsatec, 17 millones de euros al año.

Además, Tragsa y sus comités de empresa están dispuestos a rebajar aún más el número de despidos negociando desde mañana medidas de flexibilidad interna: reducciones de jornada, suspensión de contratos, traslados y movilidad funcional. “Según nuestros cálculos, es posible llegar a cero despidos con el ahorro que se puede conseguir aplicando todo el abanico de medidas”, adelanta el responsable de CCOO en Tragsatec, Claudio Landeira. Javier Canales, portavoz del sindicato en Tragsa, se muestra más receloso. Porque el ahorro de costes con ese catálogo de iniciativas “duplica” los 28,8 millones de euros que la empresa quiere ahorrar con los despidos. También porque incluyen rebajas salariales para toda la plantilla, no sólo para los directivos.

La rebaja salarial que el grupo público quiere aplicar a su plantilla suma 12,4 millones de euros. En 2011 el convenio colectivo estableció una tabla salarial única por grupo y nivel profesional, que a juicio de la dirección se encuentra ahora “fuera de mercado” y, por tanto, pretende rebajar.

También quiere reducir una hora la jornada diaria de algunos trabajadores y, proporcionalmente, su salario. En el caso de las suspensiones de contrato, propone que éstas se prolonguen hasta 70 días al año. Además, los sindicatos intentarán que se incluya en las conversaciones la prejubilación de los 200 trabajadores mayores de 60 años que Tragsa tiene en su sector productivo, lo que implicaría un ahorro, destaca Javier Canales, de siete millones de euros.

Sobre esta batería de medidas deberán negociar los comité y la empresa hasta los próximos jueves y viernes, fechas en que termina el mes del periodo de consultas del ERE, como establece la ley. Los trabajadores ya realizaron una primera jornada de huelga el pasado jueves, que fue secundada por casi el 80% de la plantilla según los sindicatos convocantes, CCOO, UGT, CSIF, SIT, CGT, CIG, SIVEX y USIPA.

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Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguido del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas. Su misión es ejecutar para la Administración pública obras y servicios, a través de Tragsa, así como proyectos e ingeniería a través de Tragsatec. No puede rechazar las encomiendas de gestión que le haga el Estado, “aunque pierda dinero”, precisan los sindicatos, porque cobra según unas tarifas prefijadas.

Por ejemplo, por un auxiliar administrativo de los que tramitarán las becas para Educación Tragsa percibe 14,36 euros por hora. Un titulado superior, dependiendo de su experiencia y especialización, cuesta entre 21,45 y 45,96 euros.

Con 1.639 despidos, el ERE planteado por Tragsa, que tiene una plantilla de 9.848 empleados, era el de mayor volumen presentado por una empresa pública hasta el momento. El de AENA se tradujo el pasado enero en la expulsión de 1.250 personas