El Tribunal de Cuentas certifica el fracaso del plan para parados creado por el PP: sólo el 18% de sus beneficiarios consiguió un empleo

El Programa de Activación para el Empleo (PAE) es uno de los tres mecanismos públicos de ayuda a los parados de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajo–, junto con la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Plan Prepara, que han estado vigentes en España durante la crisis. El PAE fue el último en crearse, tras un acuerdo del Gobierno con la patronal y los sindicatos, y nació con un real decreto en diciembre de 2014. Terminó el 30 de abril de este año. Tenía carácter temporal y extraordinario, pero fue prorrogado dos veces. Consistía en una ayuda de 430 euros mensuales durante un máximo de seis meses para parados de larga duración que hayan agotado el resto de las prestaciones y subsidios, y carezcan de otras rentas. A cambio, los beneficiarios debían probar que buscaban activamente empleo y cumplir un itinerario personalizado con formación y orientación profesionales.

Al poco de ponerse en marcha, el PAE fue criticado por el escaso número de parados que podían acceder a las ayudas y la pobre ejecución del presupuesto destinado al programa. De los más de 400.000 beneficiarios potenciales que inicialmente había calculado el Gobierno de Mariano Rajoy, sólo 107.892 tuvieron acceso al plan –el 63,5% de ellos eran mujeres–. Y de los 850,19 millones de euros presupuestados en 2015, únicamente se ejecutó el 19%. En 2016 se gastó el 43% de los 290,7 millones dedicados al PAE.

Ya concluido el programa, el Tribunal de Cuentas, además, critica su ineficacia y pone en duda su eficiencia. En un informe donde fiscaliza la gestión y resultados del PAE inicial y de su primera prórroga, hasta marzo de 2017, el tribunal cifra en un 16,05% el número de personas que consiguieron un trabajo tras recibir la ayuda del programa hasta marzo de 2016 (PAE inicial) y en un 17,89% el de quienes lo obtuvieron tras percibirla hasta marzo de 2017 (primera prórroga). Es decir, en ningún caso superó el 18% de los beneficiarios empleados. En 2015, 3,3 millones de personas llevaban en España más de un año sin trabajo, el 61,6% de los 5,44 millones de desempleados que contaba la Encuesta de Población Activa (EPA). Hoy son 1,6 millones, el 48%.

También revela el informe el porcentaje de los perceptores del PAE que compatibilizaron la ayuda de los 430 euros con un empleo –una de las posibilidades que permitía el programa– y resulta que sólo el 0,84% siguieron en su trabajo cuando acabó el subsidio en el PAE inicial y sólo el 0,98% continuó empleado en la primera prórroga.

De forma que el Tribunal de Cuentas desaprueba que, en la exposición de motivos del real decreto de 2016 que prorrogó el PAE, el Ministerio de Empleo concluya que el programa fue “eficaz”, una afirmación “no soportada por los datos que muestran los indicadores”.

El informe pone el punto final a un programa que tuvo una vida no sólo corta sino también accidentada. Empleo tuvo que suavizar los requisitos exigidos en principio a los parados para acceder a las ayudas, en vista de que el número de beneficiarios quedaba muy por debajo de la cifra prevista. Después, el Tribunal Constitucional anuló los decretos que crearon y prorrogaron el PAE por invadir las competencias del Gobierno vasco. Finalmente, los Presupuestos de este año incluyen un nuevo Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED) que deberá unificar en un plan único las tres ayudas diseñadas para los desempleados de larga duración.

Trabajaron menos días y consiguieron menos empleos

Para analizar la eficacia del PAE –si las ayudas y la orientación profesional proporcionadas por los servicios públicos de empleo a los parados han mejorado su empleabilidad o su inserción laboral–, el Tribunal de Cuentas compara el número de días que habían trabajado los beneficiarios del programa antes de acceder a él y los días que trabajaron después. Al cabo de 18 meses, los habían triplicado: de 18,7 a 74,6 días. Aun así, apenas dos meses y medio de trabajo. Pero, al confrontarlos con los parados a quienes se denegó la ayuda y no recibieron ninguna otra –30.428–, los resultados son decepcionantes. Sin recibir los servicios de orientación y formación del PAE, los parados rechazados por los servicios públicos de empleo trabajaron más días que los que sí accedieron al programa: 112,26. También consiguieron más colocaciones: al cabo de 18 meses, el 56,09% de los parados a los que se denegó el PAE tenían trabajo, frente al 49,48% de quienes recibieron la ayuda en el programa inicial, y el 44,49% de los desempleados rechazados frente al 36,85% en la prórroga, un porcentaje de éxito aún menor.

La comparación también es negativa para el PAE si se hace con el conjunto de los parados de larga duración. Mientras el 46% de estos últimos lograron un empleo en 2015, únicamente el 35% de los beneficiarios del programa lo obtuvieron también. En 2016, la diferencia entre unos y otros era de seis puntos porcentuales a favor de los primeros. El informe mide igualmente la eficacia del PAE fijándose en cuántos parados de larga duración obtuvieron un trabajo que les duró más de seis meses. Fueron sólo el 25% en 2015, pero entre los beneficiarios de la ayuda del PAE apenas lo consiguieron el 19%. En 2016, las cifras son similares: 26% los primeros frente a un 18% de los segundos. Medido de otra forma: mientras sólo el 6% de los perceptores del programa trabajaron más de 180 días en 2015, el 25% de los parados de larga duración que no recibieron ninguna ayuda consiguieron un empleo por encima de esa duración. En 2016 el número aumentó hasta el 6% –el 26% en el conjunto de los desempleados crónicos–.

Los desempleados a los que están destinadas las ayudas del PAE son los más difíciles de devolver al mercado laboral. Por lo que los servicios obtenidos de los servicios públicos de empleo –y prestados por las comunidades autónomas– deberían ser intensos y muy eficaces. Sin embargo, según el Tribunal de Cuentas, se limitaron a la orientación laboral, con una media de 4,99 servicios de este tipo por solicitante del PAE inicial y 5,37 en la primera prórroga. Por el contrario, de formación o autoempleo cada parado no llegó a recibir nada –con unas medias de 0,16 y 0,10 servicios por solicitante–. Tampoco se les enviaron muchas ofertas de empleo: no llegaron ni a una por solicitante –0,82 de media–.

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Cuando el Tribunal de Cuentas analiza la eficiencia del PAE, la relación entre recursos y resultados, calcula un coste de 65,38 euros por jornada diaria a los 12 meses, una cifra que baja hasta 30,76 euros a los 18 meses. La cifra la ha obtenido el órgano fiscalizador dividiendo los 201,66 millonesde euros que tanto el Ministerio de Empleo como las comunidades autónomas destinaron a ejecutar el PAE inicial entre el número de días trabajados por los beneficiarios del programa: 3,08 millones el primer año y 6,55 millones hasta los 18 meses.

Además, critica que los tutores asignados que deben elaborar los itinerarios de empleo para los beneficiarios sobrepasaran los 120 desempleados por cabeza que les asignaba como máximo el programa. No por culpa del propio PAE, sino porque se les obligaba a encargarse también de beneficiarios de otros planes de ayudas. En Extremadura y Cataluña, el 80% de los tutores tenían más de 120 desempleados que orientar; en Murcia el 61%, en Castilla y León y Andalucía el 49%.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que mejore sus aplicaciones informáticas, cuyas “carencias” impiden llevar el control interno necesario sobre pagos indebidos de ayudas. A algunos solicitantes se les concedieron y abonaron dos ayudas, por ejemplo. También aconseja al Ministerio de Trabajo que “defina con exactitud” el concepto de búsqueda activa de empleo. Y que integre en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas todas las rentas mínimas, salarios sociales y ayudas asistenciales concedidas por el conjunto de las administraciones públicas, a fin de evitar incompatibilidades y concurrencias. El ministerio ha contestado ya al Tribunal de Cuentas que la definición de búsqueda activa de empleo se publicará “en breve” y que los Presupuestos de este año incluyen la creación de una Tarjeta Social Universal que coordinará todas las ayudas públicas.