El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la demanda por conflicto colectivo que los sindicatos UGT, CCOO y CGT habían presentado contra la empresa semipública Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) por haber subido las retribuciones a los directivos al tiempo que suspendía el aumento salarial establecido en el convenio colectivo. El Alto Tribunal confirma así otra sentencia de la Audiencia Nacional que también rechazaba las pretensiones sindicales.
Según los jueces, a la plantilla de Cesce, que pertenece en un 50,25% al Estado y el resto a Santander, BBVA, Sabadell y aseguradoras, se le debía aplicar las restricciones salariales impuestas en 2012 a los empleados públicos. De forma que no procedía concederles la subida del 1% que el convenio de seguros establecía para 2014 y 2015, pues habría supuesto un aumento de la masa salarial que los Presupuestos del Estado prohíben.
Por lo que se refiere a los altos directivos, como no superaron el límite establecido en el real decreto que topó las remuneraciones de los altos cargos estatales, 210.000 euros al año, el TS los valida.
El caso es que la sentencia reproduce las retribuciones de cada uno de sus seis altos directivos. Según la memoria de Cesce, en 2012 cobraron un total de 887.028 euros una vez les fue descontada la paga extra de Navidad que se les suprimió ese año a todos los funcionarios. Según la auditoría de cuentas realizada por PricewaterhouseCoopers, las retribuciones se reducen a 817.000 euros. Ese año el Gobierno limitó las retribuciones de los altos funcionarios de las empresas públicas: 105.000 euros como máximo de retribución básica y otra cantidad igual, hasta el tope total de 210.000 euros para el complemento de puesto y la retribución variable. Se trataba de una medida para contener el gasto público y luchar contra el déficit.
Pues bien, ese máximo de 210.000 euros, ni un céntimo menos, es el que percibe el presidente de Cesce, que desde el pasado 23 de noviembre es Jaime García-Legaz, ex secretario de Estado de Comercio. Su antecesor en el cargo fue Álvaro Bustamante de la Mora. Se trata del sueldo más elevado de todo el sector público empresarial, el mismo que cobran la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Lagares, y de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), José Luis González Martínez. El sueldo de Mariano Rajoy asciende a 78.996 euros al año. Es decir, García-Legaz, Lagares y González cobran casi tres veces más que el presidente del Gobierno.
Las retribuciones del resto del equipo directivo de Cesce también son generosas. En 2012 pactaron la retribución básica máxima de 105.000 euros para cada uno de ellos, así como complementos de puesto y variables que sumaban hasta los 140.487 euros anuales del director de Servicios Jurídicos y secretario del consejo de administración, Jaime de Miguel Muñoz, y hasta los 168.026 euros de Luis Antonio Ibáñez, director de Operaciones por Cuenta Propia. El resto supera los 156.000 euros anuales. Es decir, sus sueldos igualan y en algunos casos superan los percibidos por los presidentes de RTVE –154.209 euros–, Aena –164.000 euros–, Adif –160.341 euros– o Renfe –158.806 euros–. Además, en 2012 el número de altos directivos aumentó de cinco a seis al ser promocionado a director Jaime de Miguel.
Una subida de sueldo de 21.065 euros
En su demanda, los sindicatos denunciaban que los altos directivos se habían subido los sueldos entre 2011 y 2012 en un importe total de 40.356 euros, de los que sólo 21.065 correspondían a la retribución de la directora de Operaciones por Cuenta del Estado, Beatriz Reguero Naredo. Preguntada al respecto por infoLibre, la directora de Marketing y Comunicación, Isabel Colomina, sólo ha explicado que la empresa no difunde “las razones que avalan las decisiones internas sobre la aplicación individualizada de su política retributiva”. “En este caso”, añade, “esas razones se ajustan al criterio de legalidad y responden a razones objetivas de contenido funcional del puesto de trabajo y desempeño de los empleados”.
En 2012 también fueron despedidos dos miembros del consejo de administración de Cesce, a los que se indemnizó con un total de 287.000 euros. Uno de ellos es Enrique Braquehais Conesa, el antecesor de Jaime de Miguel como director de Servicios Jurídicos y secretario del consejo. Según fuentes de la empresa, Braquehais presentó una demanda judicial contra Cesce por su destitución. La directora de comunicación no ha querido explicar cuál fue el resultado de esa acción judicial, sólo revela que la empresa ya no tiene ningún litigio abierto.
En 2013 y 2014, el montante total percibido por los seis altos directivos de Cesce fue de 941.000 y 939.000 euros, respectivamente, según los informes anuales que la propia empresa tiene colgados en su página web. En 2015, al haber recuperado parte de la paga extraordinaria deducida en 2012, el importe se elevó a 965.000 euros: el presidente cobró 5.280 euros por este concepto y el resto de sus máximos directivos, un total de 27.400 euros.
Destituidos tres directivos
La llegada de García-Legaz a Cesce no ha sido del todo pacífica. El pasado mes de junio, sólo unos días antes de las segundas elecciones y con el Gobierno en funciones, intentó añadir un nuevo cargo, secretario general, al organigrama. La maniobra fue frenada, en principio, por los accionistas privados de la empresa. En ese puesto de nueva creación García-Legaz pretendía colocar a Juan Carlos Alfonso Rubio, entonces secretario general del Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Desde que Álvaro Bustamante de la Mora dimitió como presidente de Cesce el pasado mes de enero, era García-Legaz quien, en representación del Estado, encabezaba el consejo de administración.
Pero la oposición frontal de bancos y aseguradoras no duró mucho. En pleno agosto consiguió que el consejo aprobara la creación de la secretaría general y el nombramiento de Alfonso Rubio. Y, tres meses después, el propio García-Legaz aterrizaba en Cesce como presidente. El intento de privatizar la empresa ya había quedado aparcado en mayo de 2015.
García-Legaz no ha tardado en mover el organigrama. El pasado día 7 el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publicaba el cese de Jaime de Miguel como secretario del consejo de administración y su sustitución por Juan Carlos Alfonso Rubio. Cinco días más tarde aparecía en el mismo boletín la revocación de poderes de Luis Antonio Ibáñez y Beatriz Reguero, los dos directores de Operaciones. También ha cesado María del Mar Sebastián Merino, que se sentaba en el consejo en representación del Ministerio de Economía. En su lugar ha entrado la abogada del Estado del mismo ministerio Luisa Camy Gavilanes. También ha sido nombrado consejero Fernando Salazar Palma, subdirector general de Fomento Financiero de la Internacionalización.
Beneficios de 30,9 millones, dividendos de 30,6
Cesce, con una plantilla de 1.400 empleados –sólo 450 de ellos en la matriz española–, asegura el riesgo soberano de España, las operaciones internacionales de las empresas españolas. En 2015 obtuvo unos beneficios de 30,9 millones de euros, de los que repartió como dividendo entre sus accionistas 30,6 millones. En 2014 las ganancias se elevaron a 43,5 millones de euros y repartió dividendos por importe de 10,38 millones. En 2013 tuvo un resultado de 32,7 millones, lo que le permitió repartir unos dividendos de 27 millones de euros.
Los sindicatos alegaban en su demanda que estos beneficios y el reparto de dividendos entre los bancos y aseguradoras accionistas excluían a Cesce de las restricciones salariales impuestas por los Presupuestos del Estado, de los que, además, destacaban, la empresa no percibe aportaciones. El Supremo rechaza el argumento. “Tenemos lo peor de la empresa pública y lo peor de la privada”, protestan fuentes sindicales. Pese a que a la plantilla se le aplica el convenio colectivo del sector asegurador, no se ha beneficiado de los aumentos salariales que éste incluye, pero sí ha sufrido los recortes retributivos impuestos a los empleados públicos. No sólo la supresión de la paga extra de Navidad, sino también la rebaja de la masa salarial: de 20,92 millones en 2013 a 20,06 millones en 2015. Las retribuciones de los altos directivos no están incluidos en esa masa salarial.
Privatización frustrada
Los presidentes de las empresas del ÍBEX ganan 207 veces el sueldo de sus trabajadores peor retribuidos
El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció la privatización de Cesce en noviembre de 2012. “Su regulación es preconstitucional, por lo que es necesario modernizar este ámbito normativo”, argumentó en el Congreso de los Diputados. La Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española prevé reducir la participación actualmente mayoritaria del Estado en Cesce y crear un agente gestor que cubrirá los riesgos de las empresas en los mercados exteriores. Durante los primeros siete años, ese agente gestor será Cesce, pero más adelante podrá serlo una empresa privada.
El proceso privatizador se abrió con decisión: el Gobierno contrató una tasadora, Gesvalt; un despacho de abogados, Pérez Llorca, y una consultora, Pricewaterhouse Coopers, para gestionar la venta. De hecho, se presentó una treintena de ofertas por Cesce, entre ellas las de Mutua Madrileña y Mapfre, pero también otras del fondo chino Fosun y Coface, el equivalente francés de la aseguradora pública española, que despertaban todo tipo de suspicacias. El precio, entre los 200 millones de euros de una primera valoración hasta casi los 600 millones de la última, realizada por Patrimonio del Estado.
Pero la privatización se frenó en seco en mayo de 2015. La operación no gustaba ni a las empresas exportadoras ni a los propios bancos y aseguradoras presentes en el accionariado de Cesce.
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la demanda por conflicto colectivo que los sindicatos UGT, CCOO y CGT habían presentado contra la empresa semipública Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) por haber subido las retribuciones a los directivos al tiempo que suspendía el aumento salarial establecido en el convenio colectivo. El Alto Tribunal confirma así otra sentencia de la Audiencia Nacional que también rechazaba las pretensiones sindicales.