IGUALDAD
200 colectivos feministas se alían frente al negacionismo de Vox: "Activamos todas las alarmas"
El acusado de terminar con la vida de su expareja con un martillo en Cartagena (Murcia) hace ahora dos años reconoce el crimen y dice que fue producto de "un arrebato". En Lugo, otro varón acaba de ser detenido por agredir y amenazar de muerte a su pareja, mientras que un vecino de Avilés (Asturias) fue sorprendido esta misma semana golpeando a su pareja en la vía pública. Una mujer de solo 25 años, madre de un niño de tres, perdía la vida este lunes a manos de su expareja. Y en Barro (Pontevedra), el hombre que atropelló mortal y deliberadamente a una joven de 29 años acaba de pasar a disposición judicial. Son solo algunos titulares que se han podido conocer en los últimos días y que, pese a su incuestionable impacto, no han llegado a oídos de la ultraderecha, quien se afana en negar el componente de género que vertebra a la violencia contra las mujeres. Más de 200 asociaciones feministas se alían ahora frente a su negacionismo: "Mantenemos encendidas todas las alarmas", dicen a través de un manifiesto difundido este martes.
El movimiento feminista lleva años advirtiendo de la amenaza que supone la extrema derecha. No de una forma etérea o generalizada, la advertencia va a lo concreto: ponen negro sobre blanco las consecuencias de su discurso de odio sobre la vida de las mujeres. El antifeminismo ultra comienza a dar sus frutos y las organizaciones de mujeres se ponen en guardia: más de 200 asociaciones se dan la mano no solo para activar todas las alarmas, sino también para recordar que las instituciones tienen las herramientas, la responsabilidad y la obligación de tomar medidas ante cualquier atisbo de retroceso en materia de igualdad.
Esa responsabilidad tiene el nombre de diligencia debida, señalan los dos centenares de asociaciones que han suscrito este martes el manifiesto impulsado por Themis Mujeres Juristas. El deber de diligencia debida está ampliamente consolidado por los tratados y compromisos internacionales. La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, formulada en 1993, establece que los estados deberán proceder con la diligencia debida ante los actos de violencia, ya sean cometidos por particulares o por el propio Estado. El Comité CEDAW hace referencia al mismo concepto en varias de sus recomendaciones generales y el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, blinda esta obligación en su quinto artículo, donde establece que los estados "tomarán las medidas legislativas y otras necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización" como respuesta a cualquier acto de violencia contra las mujeres.
"La atribución de responsabilidades de gobierno de una formación política que ha hecho bandera y seña de identidad del ataque al feminismo y a la promoción de la igualdad", señala el manifiesto, obliga a "mantener encendidas todas las alarmas y a extremar la vigilancia ante cualquier disposición o acto que implique un retroceso en las obligaciones" de protección ante cualquier forma de violencia que sufren las mujeres de manera específica.
Por eso, el movimiento feminista se reconoce vigilante y denunciará "ante las instituciones competentes a nivel estatal o internacional cualquier medida ejecutiva o legislativa, o la omisión de obligaciones" que contravengan principios básicos suscritos por la propia Constitución y consolidados en la legalidad vigente.
En guardia en Castilla y León
El relato de la extrema derecha para invalidar los avances feministas va ganando la batalla en territorios como Castilla y León. En su acuerdo para gobernar con el Partido Popular, Vox ha logrado imponer la idea de "violencia intrafamiliar" e introducir su pretensión de legislar en base a esa consigna. El partido de Santiago Abascal no ha ocultado, desde su entrada en las instituciones, su voluntad de sustituir la Ley Integral contra la Violencia de Género por otra de "violencia intrafamiliar" que ignore la violencia específica que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.
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En un contexto de negociación en suelo castellanoleonés, la posibilidad de que Vox aterrice en la Consejería de Familia e Igualdad de oportunidades atemoriza a las feministas, pero no las acobarda: existen herramientas para blindar los derechos consagrados por las leyes.
Vox, recuerda el movimiento feminista, no solo niega la violencia de género como problema estructural, sino que rechaza la distribución de recursos básicos a quien "por origen tiene dificultades para acceder a ellos entre otras razones por precariedad económica o imposiciones derivadas del género", promulga también un "modelo de familia jerárquico y patriarcal", la aplicación de un Síndrome de Alienación Parental (SAP) que rechaza la comunidad científica y prohíbe la Ley de infancia, impide el "acceso a derechos de salud sexual y reproductiva" y defiende que los hijos e hijas "forman parte de su patrimonio personal", arrogando la "facultad exclusiva de adoctricarles ideológicamente". Hay, por tanto, mucho en juego.
Las feministas han dado cuenta, en diversos momentos históricos, de su potencial: fueron las mujeres quienes, tras salir a la calle y protagonizar movilizaciones históricas, evitaron la restrictiva reforma de la ley del aborto que pretendía artillar el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Pero ahora piden alianzas en las instituciones. El manifiesto apela directamente al poder legislativo, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Igualdad y al de Derechos Sociales, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. A todas las instituciones, en suma, capaces de constituir un parapeto ante el negacionismo de la ultraderecha.
