La primera noticia que hizo saltar las alarmas vino directa desde Ceuta: más de una treintena de personas cambiaban su sexo registral de hombre a mujer en la ciudad autónoma. Entre ellos, un "número considerable" de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, según publicó El Faro de Ceuta a finales de febrero. Poco después, algunos de esos militares y policías toman la palabra. Comienza el carrusel de entrevistas en televisión y el desfile en redes sociales, coincidiendo precisamente con la semana del 8M. Enseguida se constituyen en torno a una asociación: Trans No Normativos (TNN). Y llega la reacción. Las dos organizaciones más representativas del colectivo, la Federación Estatal LGTBI y la Plataforma Trans, se han pronunciado esta semana al respecto y la posición es clara: la Fiscalía debe investigar la existencia de un posible fraude de ley.
La Plataforma Trans ha solicitado al Ministerio Público que "depure si se trata de una posible acción organizada con el objeto de la comisión de un presunto fraude de ley" y la FELGTBI le ha demandado que "actúe con contundencia y rigor contra los fraudes de ley" ante el "vergonzoso desfile de militares que, desde hace un tiempo, aparecen en los medios de comunicación con el objetivo evidente de cuestionar la ley, burlarse de las personas trans y atacar sus derechos al hacerse pasar por trans de forma grotesca".
Las personas agrupadas en torno a la flamante asociación ya han anunciado su voluntad de actuar contra quien insinúe la existencia de fraude de ley, incluidas las organizaciones del colectivo, por posibles delitos de odio.
La asociación TNN
La asociación se registró a finales de febrero. En una página web todavía a medio construir, la imagen corporativa es la de un hombre –en apariencia–, arropado por una enorme rojigualda y coronado por el lema "TNN can do it. España se empodera". La intencionalidad es evidente: la iconografía busca replicar el célebre cartel feminista de una mujer con mono de trabajo que pronuncia la consigna en inglés "We can do it!".
Entre los miembros de la asociación, varias personas han representado un papel protagonista. Juanjo asume la presidencia, afirma que su objetivo es "acabar con el patriarcado" consiguiendo que "toda la gente transicione", señala que "mucho policía se considera protector y por eso se identifican como mujeres" y dice sentirse mujer porque le "gusta más desarrollar roles femeninos (...) como el tema de la casa". Javier Sanz es abogado, ofrece "asesoramiento jurídico" y "ayuda a la asociación de manera altruista" en sus consultas. Su especialización gira en torno a la violencia contra la mujer y decidió tanto grabar como difundir en redes sociales todo el proceso hacia su rectificación registral del sexo. Tras hacerlo, señaló en una entrevista que el procedimiento es "demasiado fácil: es surrealista llegar allí, decir que te vas a cambiar de sexo y que se haga automáticamente". En su cuenta de X, habla del "lobby trans" y difunde mensajes de una plataforma negacionista de la violencia de género.
"Indicios" para iniciar una investigación
Tanto la presidenta de la Federación Estatal LGTBI, Uge Sangil, como la líder de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, aseguran a infoLibre que existen "indicios" más que evidentes para iniciar un proceso de investigación. ¿Cuáles son esas señales? El hecho de que el cambio registral se haya producido en cascada, en una ciudad pequeña, mayoritariamente por parte de militares y de manera aparentemente organizada, estiman las activistas.
También la abrumadora presencia mediática y algunas de sus declaraciones: un exmilitar prodigó en televisión su discurso negacionista de la violencia de género y llegó a advertir que de esta manera sería más fácil hacerse con la custodia de su hijo. Roberto, cabo de profesión, se declaró "intersexual y bigénero" después de afirmar en televisión que "intersexual es lo que uno siente por dentro". Juanjo, al frente de la asociación, ha participado en el canal de youtube del streamer ultra Sergio Candanedo, conocido como Un tío blanco hetero, una de las voces más activas en redes sociales contra la ley trans y el movimiento feminista.
En septiembre de 2023, el magistrado Juan Avello, al frente del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria, denegó el cambio del sexo legal a un sargento que había reconocido querer promocionar a subteniente. Según el auto con las conclusiones del juez, el militar se refería a sí mismo en masculino, se había opuesto a cambiar su nombre, desconocía la diferencia entre expresión e identidad de género y exponía que se sentía mujer pero rechazaba ser tratado como tal hasta que no se produjera el cambio registral.
Las declaraciones de la asociación TNN
A preguntas de infoLibre, la asociación Trans No Normativos (TNN) asegura que por el momento "no se ha puesto ningún hombre trans en contacto" con el colectivo y que "no todas las personas han completado el cambio registral, por lo que legalmente hablando no son mujeres trans" [consultar aquí la respuesta completa]. Aunque en un origen los primeros pasos los dan agentes policiales y militares, aseguran que en la asociación hay desde "amas de casa" hasta "oficinistas o camareras". Algunas de estas personas se han cambiado el nombre, otras lo han conservado. Quienes han hablado en platós de televisión se han presentado con nombre y apariencia masculina.
Reiteran, en las respuestas remitidas a este medio, su aspiración de "acabar con el patriarcado", aunque sin profundizar en extremo: "Imagínate una sociedad sólo de mujeres", deslizan. En cualquier caso, señalan que "el problema" principal con el que se están topando reside en el "ala conservador del feminismo". "Para las feministas conservadoras somos el enemigo por el simple hecho de haber nacido con unos genitales concretos. Ese tipo de feminismo es el que está perpetuando el heteropatriarcado, porque interesa para su causa. Cada vez que alguien nos critica, aparece el 'apellido' de feminista en su descripción. El colmo de todo esto ha sido la Federación Estatal LGTBI+, declarada abiertamente feminista, pidiendo que se nos persiga, como si fuésemos brujas en la edad media. Tal vez deberíamos empezar a llamar al patriarcado, matriarcado".
Críticas generalizadas
Quizá sea la primera vez que coinciden los diagnósticos. Tanto las organizaciones LGTBI como las feministas agrupadas en torno a la Plataforma Contra el Borrado –abiertamente críticas a la Ley trans– entrevén intereses espurios entre los militares. "Tienen dos intenciones: reventar la Ley trans y terminar con los mecanismos de acción positiva", señala una feminista próxima a las tesis opuestas a la autodeterminación de género. En realidad, la propia asociación así lo reconoce: "La discriminación tanto positiva como negativa debería de desaparecer. Nadie es más que nadie", señala TNN a preguntas de este diario respecto a la política de cuotas.
Fuentes del Ministerio de Defensa recalcan que su departamento "hace un esfuerzo continuo por garantizar la igualdad efectiva" y que efectivamente existe "normativa específica para que las mujeres puedan desarrollar su carrera en condiciones de igualdad, pudiendo acceder a cualquier cuerpo y escala, cualquier destino y todos los empleos militares". Existen, en ese sentido, "medidas concretas que permiten el aplazamiento de pruebas, exámenes y cursos en caso de embarazo, parto y postparto para favorecer su formación, desarrollo profesional y progresión". Pero nada más.
Iñaki Unibaso, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), no acierta a señalar ninguna política de acción positiva de la que estos militares podrían beneficiarse. "La única medida diferente serían las pruebas físicas que pasamos de forma periódica", explica. Unibaso sí expresa cierta perplejidad ante la cascada de cambios registrales, especialmente en una "población relativamente pequeña como es Ceuta", pero opta por la cautela. "No me atrevo a interpretar que se quiera poner en entredicho la ley, aunque está claro que si esto se toma a la ligera y sin fundamento se hace un flaco favor a las personas para las que sí va dirigida".
Uge Sangil sí señala sin titubeos que los objetivos de este grupo de personas no son otros que "burlarse de la ley, cuestionarla y aprovecharse de beneficios legales que puedan aportar las leyes a las mujeres", además de buscar "confrontación e incomodar a las mujeres". Mar Cambrollé coincide: "Quieren ir contra la Ley trans, demostrar que se puede actuar en fraude de ley y lanzar un mensaje antifeminista".
Tasia Aránguez, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, aporta el toque crítico: estamos, a su juicio, ante la consecuencia lógica de la propia redacción de la ley. La jurista, parte de la Plataforma Contra el Borrado, entiende que a raíz de estos casos se buscará alegar el fraude de ley, pero reseña que determinarlo así es, en realidad, arbitrario. "No hay ningún elemento" en la ley que "nos permita dilucidar qué casos están bien o mal", precisamente porque se trata de una ley basada en la autodeterminación. "El problema no es el fraude de ley puntual, sino la ley, que descarta cualquier tipo de cautela jurídica". Al Gobierno, augura, "no le va a quedar más remedio que recular y adoptar una normativa con parches que de facto va a suponer dar pasos atrás en la autodeterminación".
Difieren, claro, las representantes de la comunidad LGTBI. Sangil cree que "los casos son ínfimos" y Cambrollé lo completa añadiendo que en ningún caso deberían servir como "campaña de desprestigio" contra la ley. "El fraude de ley existe respecto a otras normas y no por ello las vaciamos de contenido", señala la activista trans.
Según datos facilitados por el Ministerio de Igualdad, a lo largo del año pasado se registraron 5.139 cambios registrales de sexo, la mayor parte de personas identificadas en términos registrales como hombres a mujeres (61,5%). Antes de la entrada en vigor de la Ley trans, las cifras fueron de 1.336 cambios registrales en 2022 y un total de 1.097 el año anterior. En entrevista con infoLibre, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló que el fraude se situaría en torno al 5%, si bien fuentes de su departamento precisan que se trata de un porcentaje estimativo.
Los militares y la extrema derecha
Hay un elemento que ha llamado especialmente la atención de las expertas y activistas: que los solicitantes del cambio registral sean militares y policías. Esta particularidad obliga a poner la lupa sobre el sector.
Según el barómetro del CIS de marzo, la mayoría de quienes ostentan ocupaciones militares y cuerpos policiales se autoubican ideológicamente en la extrema derecha. Concretamente, en una escala del uno al diez, donde uno es izquierda y diez derecha, los militares se sitúan mayoritariamente en un nueve. Respecto al recuerdo de voto en las elecciones de 2023, la mayoría señala a Vox como opción política predominante.
Ana Redondo: "No creo que el fraude a la ley trans llegue al 5%, no podemos hacer de la excepción categoría"
Todos los datos apuntan a la misma dirección. Según un estudio publicado el año pasado y sustentado en base a más de 140.000 entrevistas, si el 4,5% de los no militares declaran voto a Vox, entre los militares el porcentaje sube hasta un 23%. Las diferencias vuelven a ser enormes cuando se miran las inclinaciones según la autoubicación ideológica. Entre los civiles que se ven a sí mismos "centristas", sólo un 2,9% votan a Vox. En el mismo caso, entre los militares, un 12,6%. ¿Y qué peso tiene el apoyo a los de Santiago Abascal entre los militares de derechas? En la franja más inclinada a la derecha, entre el siete y el diez, el 19,5% de los no militares elogia al partido ultra; mientras que el apoyo entre los militares escala hasta el 49,3%.
Otro estudio del CIS, Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género, aporta más pistas. La primera pregunta que traza el barómetro obliga a tomar una decisión: "¿En qué tipo de sociedad le gustaría vivir?". E introduce dos posibilidades: "Una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión" o "una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y religión". Quienes vivirían cómodamente en una sociedad homogénea y sin atisbo alguno de diversidad tienen un perfil muy claro. Es la opción preferida por quienes se ubican en el espectro ideológico más a la derecha (59,5%), por los votantes de Vox (63,7%) y por militares y cuerpos policiales (56,1%). Son también los militares quienes de forma notable expresan un mayor rechazo hacia el colectivo LGTBI (29,9%) y el movimiento feminista (17,6%).
Las activistas LGTBI consultadas no creen que sea casual. Y por eso, piden que las autoridades actúen.
La primera noticia que hizo saltar las alarmas vino directa desde Ceuta: más de una treintena de personas cambiaban su sexo registral de hombre a mujer en la ciudad autónoma. Entre ellos, un "número considerable" de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, según publicó El Faro de Ceuta a finales de febrero. Poco después, algunos de esos militares y policías toman la palabra. Comienza el carrusel de entrevistas en televisión y el desfile en redes sociales, coincidiendo precisamente con la semana del 8M. Enseguida se constituyen en torno a una asociación: Trans No Normativos (TNN). Y llega la reacción. Las dos organizaciones más representativas del colectivo, la Federación Estatal LGTBI y la Plataforma Trans, se han pronunciado esta semana al respecto y la posición es clara: la Fiscalía debe investigar la existencia de un posible fraude de ley.