'Sugar daddy' en lugar de putero, 'señorita' en vez de puta: el uso político del estigma de la prostitución

La investigación alrededor del caso Koldo ha derivado en una mención constante pero acrítica sobre un asunto: el consumo de prostitución. En el tablero político, la derecha no ha dudado en utilizarlo como arma arrojadiza contra su rival, renunciando a un análisis profundo y riguroso del fenómeno. Pero además, en la esfera mediática no han sido pocas las cabeceras que se han inclinado por escrutar la vida de las mujeres señaladas, no para abrir una reflexión sobre su situación y condiciones, sino para estigmatizarlas. 

Entre las últimas acusaciones de Víctor de Aldama, supuesto conseguidor de la trama centrada en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas en plena pandemia y en el presunto cobro de comisiones, se encuentra el alquiler de dos pisos para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y otras personas mantuvieran encuentros con prostitutas, a las que en realidad el investigado se refirió como "señoritas". "Yo creo que no me acuerdo", fue la respuesta del exministro cuando el instructor del caso, Leopoldo Puente, le preguntó la semana pasada si había estado en unos de esos pisos.

No es el único vínculo de la trama con la prostitución. La lupa está puesta también sobre Jéssica Rodríguez, con quien el entonces ministro mantenía una "relación particular", según la descripción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Rodríguez ha sido llamada esta semana a declarar ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo, para aclarar las circunstancias sobre el piso en el que residió durante más de dos años y cuyo pago podría proceder de la trama. También prestó declaración sobre sus viajes con el exministro y su contratación en dos empresas dependientes de Transportes.

En ese contexto, el diario The Objective ha decidido situar el foco directamente sobre la testigo, a través de la exposición de un "catálogo de prostitutas" donde figuran imágenes que supuestamente retratan a la joven en ropa interior. Koldo, por su parte, ha desmentido que las fotografías sean de la testigo. En cualquier caso, las informaciones publicadas en torno a ella se apoyan con frecuencia en términos eufemísticos como "sugar daddy" en lugar de putero, "madame" en lugar de proxeneta y "señoritas" en lugar de prostitutas.

El lenguaje no es inocente

Para las expertas consultadas, la ausencia de una reflexión colectiva en torno al peso de la prostitución en la trama es producto de una visión acrítica del fenómeno, acompañada de un lenguaje calculadamente tibio. "Es evidente que no se ha querido utilizar un término explícito que ponga de manifiesto que esa relación se establece bajo precio", exponen fuentes de la Plataforma Contra el Borrado de las Mujeres. 

Para Rosa Cobo, investigadora y profesora de Sociología del Género en la Universidade da Coruña (UDC), existe una corriente política y cultural que "actúa sobre la opinión pública" y que tiene como objetivo que no se perciba "la prostitución como explotación". A partir de esa premisa, observa la experta, se produce una normalización de la prostitución a través de su vinculación con "ocio y fiesta", esquivando "todo el peso crítico" que el movimiento feminista sí lleva tiempo proponiendo en sus debates.

Al uso consciente del lenguaje como herramienta para normalizar la prostitución, le sigue la intención de situar el foco no tanto sobre los consumidores, sino sobre las mujeres. Quiénes son, a qué se dedican, cuál es su precio. "Se estigmatiza a la mujer prostituida porque representa a la mujer que es accesible para todos y hay permisividad con los puteros como mantenedores y perpetuadores de la prostitución porque vivimos en un sistema que considera que existe el derecho masculino a satisfacer su deseo sexual, incluso accediendo por precio al cuerpo de las mujeres", analizan las activistas Contra el Borrado.

Coincide la socióloga. Situar el foco en las mujeres "forma parte de la ideología y cultura patriarcal", que pivota alrededor de tres ejes: evitar presentar la prostitución como "explotación económica", descargar al consumidor de toda responsabilidad y extirpar las dimensiones "criminales y brutales" de la prostitución.

Arma contra el rival político

A partir de esta premisa, el rival político no duda en utilizar la prostitución como arma arrojadiza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó muy claro el vínculo mencionado anteriormente entre prostitución y ocio al echar en cara que el exasesor del ministro "pagaba fiestas y prostitución", poniendo al mismo nivel ambas cuestiones.

Este mismo viernes, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo encorsetó su crítica en el uso de fondos públicos para el consumo de prostitución: Ábalos "le hacía pagar sus putas a los españoles", señaló en la Comisión Constitucional del Congreso. Y el mismo día el conservador Elías Bendodo enfatizó en la vuelta del PSOE de los "ERE y la prostitución", con un exministro que "gastó el dinero público para conseguir el afecto de Jéssica".

En lo que respecta al uso político del asunto, las expertas entrevén dos cuestiones clave. En primer lugar, la incoherencia y la ausencia total de autocrítica por parte de una formación que defiende el abolicionismo como parte de su programa político. Por otro, el uso frívolo y torticero que ejerce el adversario al prestar más atención al uso de dinero público que al consumo en sí. "Muchos tan sólo critican el origen del dinero con que se pagaban esos servicios, pero no el hecho de que se accediese, por precio, al cuerpo de las mujeres", lamentan desde la Plataforma Contra el Borrado.

Pero además, agregan las mismas voces, "en democracia sería conveniente que los representantes públicos personifiquen los valores de respeto a las mujeres que sus organizaciones proclaman". Cuando la coherencia "queda rota en un asunto que afecta a los derechos humanos", continúan, "es mandatorio el abandono de la representación pública". En la misma línea, las activistas consideran que "lo frívolo es que se usa políticamente, para ocultarlo o para exponerlo como reprobable, en función de que el putero sea o no de tu organización".

También Cobo lamenta que "se vuelve a desviar la atención de la prostitución" para simplemente señalar "al político de turno", perdiendo la oportunidad de desarrollar un análisis feminista profundo. El debate queda así secuestrado por "una polarización que está dirigida a la destrucción radical del otro", zanja. 

Partidos (teóricamente) contrarios a la prostitución

A la ausencia de una reflexión colectiva le acompaña un particular telón de fondo: tanto socialistas como conservadores coinciden en –al menos sobre el papel– mantener una posición contraria a la regulación de la prostitución. Los primeros se declaran abiertamente abolicionistas y en los últimos años han afilado sus dardos contra la industria proxeneta a través de gestos simbólicos e iniciativas tangibles. El abolicionismo ha ido ganando peso en el discurso y el propio Pedro Sánchez lo ha blindado como objetivo irrenunciable. Es, además, una de las banderas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Nos declaramos abolicionistas de todas las formas de explotación de las mujeres como la prostitución", consagra la resolución política de su último Congreso Federal.

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El PP, por su parte, se ha pronunciado en contra de la regulación en diversas ocasiones e incluso ha llegado a mostrar su apoyo explícito a los postulados planteados por sus rivales políticos. 

Pero además, tanto la izquierda como la derecha han estampado recientemente su firma en la reedición del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un compendio de más de cuatrocientas medidas que contiene firmes compromisos contra la prostitucuión. Entre algunas de las iniciativas se encuentra la promesa de "garantizar que las mujeres en contextos de prostitución reciban información sobre violencia" y sobre los recursos "existentes que les faciliten alternativas a la prostitución". También busca "promover medidas para la lucha contra el proxenetismo". 

En el texto, aprobado el miércoles por todos los grupos parlamentarios salvo la ultraderecha, germina también otra ambiciosa medida por la que algún representante político podría sentirse interpelado: "Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización".