"La situación es de emergencia. Las cifras son muy graves". Son conclusiones esbozadas este miércoles por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Son ya 50 asesinatos en lo que va de año, más de los registrados a lo largo de todo el año anterior. Y diez en un sólo mes, uno de los peores septiembres de la historia desde que existen estadísticas oficiales. Tras una reunión con las comunidades autónomas para analizar los últimos crímenes machistas, el Ministerio de Irene Montero ha propuesto medidas muy específicas para situaciones muy particulares. La pregunta que emerge es obligada: ¿son efectivas estas medidas?
Son ya seis los comités celebrados, desde que en verano de 2022 el Ministerio de Igualdad pusiera en marcha esta figura. El primero fue el 28 de diciembre y a él le siguió otro sólo un mes después, el 27 de enero. Al inicio del verano, el pasado 2 de junio, se celebró el tercero y enseguida se sumó uno más, el 1 de agosto. El 4 de septiembre, los actores implicados se reunieron de nuevo alrededor del comité y ahora, el 4 de octubre, se cierra el último.
Se trata de un grupo, compuesto por las comunidades autónomas y las instituciones encargadas de combatir la violencia de género, pensado para reunirse siempre que exista una concentración de cinco o más feminicidios en el periodo de un mes. En todos los comités de crisis, el cometido es analizar las circunstancias concretas que rodean a cada uno de los casos, detectar debilidades y trazar medidas específicas pensadas para corregir los fallos. Entre las herramientas diseñadas en los últimos meses, se encuentra el acceso a los antecedentes por violencia de género de turistas extranjeros, el control y revisión de los permisos de armas desde una perspectiva de género, la puesta en marcha de medidas específicas para mujeres embarazadas, la posibilidad de que las víctimas conozcan el pasado penal de los agresores sin necesidad de que exista denuncia previa o el acompañamiento a las mujeres en la recogida de enseres de la casa de su maltratador.
Las propuestas que salen del comité deben, posteriormente, ser aprobadas en conferencia sectorial –órgano de cooperación entre ministerio y comunidades–. Pero estas reuniones no siempre se producen inmediatamente después de la celebración de los comités, por lo que a veces las medidas tienen que esperar. Por ejemplo, las iniciativas planteadas en el último comité, celebrado a principios de septiembre, no han sido todavía ratificadas y por tanto no están siendo aplicadas. Cabe preguntarse, en un momento de "emergencia machista" y tras seis comités de crisis, cuál es el impacto de las medidas que nacen en su seno.
¿Análisis coyuntural o mirada estructural?
Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, se expresa tajante: "El problema de que haya asesinatos no está en qué ha pasado en cada caso". A su juicio, no se trata tanto de situar el foco en las circunstancias particulares, sino de ensanchar la mirada para determinar cuáles son las fallas estructurales. "La clave no está en destacar perfiles y circunstancias puntuales, sino en lo estructural", reitera el también médico forense.
La apuesta por estudiar, desentrañar y resolver la particularidad de cada caso, añade el experto, podría estar apuntalando una lectura peligrosa: la de la violencia de género como una cuestión meramente circunstancial y no como problema global. "Puede darse el mensaje equívoco de que la violencia de género se debe a circunstancias puntuales", lamenta Lorente.
Pero existe otro componente que puede estar afectando a la efectividad de la acción institucional contra la violencia machista: la reflexión posterior a la concentración de crímenes, en lugar del análisis previo y la actuación preventiva. "Sabemos que, aproximadamente, se producen concentraciones de cinco o más asesinatos unas seis veces al año", por lo que quizá la estrategia debería ser la de confeccionar un escudo capaz de contener esas concentraciones antes de que se produzcan. Lorente pone como ejemplo las navidades. Todos los años desde que hay estadísticas oficiales, excepto 2013 y 2018, los meses de diciembre o enero han registrado concentraciones de cinco o más feminicidios. "¿Por qué no se reúne el comité antes, sabiendo que en diciembre es probable que se concentren cinco asesinatos machistas?", se pregunta el exdelegado.
Una de las voces expertas consultadas por infoLibre, especialmente crítica con las dinámicas de los comités y que prefiere no dar su nombre, cree que el principal error es de enfoque: "Se está tratando la violencia de género con políticas sociales y asistenciales, en lugar de hacerlo con políticas de igualdad", dice al otro lado del teléfono. Bajo su punto de vista, la violencia machista no viene determinada por "la necesidad" y aunque reconoce que "los recursos económicos son importantes", incide en que las víctimas de violencia machista "no lo son por ser vulnerables económicamente". Las mujeres "no tienen necesidad de ayudas, sino de apoyo", sentencia.
La experta consultada, especializada en igualdad y gestión pública, cree fundamental una revisión de las políticas que ya se han implementado para evaluar lo que hay ya en marcha. Y en ese análisis, sostiene, la principal grieta está en la ausencia de personal especializado: "Sabemos lo que funciona y lo que no. Hay muchísimos fallos en la valoración de riesgo, no hay agentes de igualdad en las instituciones y VioGén está en manos de la policía, en lugar de organismos de igualdad".
"No hay que escatimar esfuerzos"
Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, entiende la mirada crítica pero rompe una lanza en favor del ministerio. Es cierto, opina en conversación con este diario, que "la dinámica del anuncio permanente" invita a preguntarse "si realmente estamos haciendo algo". Es una duda lógica, concede. "Pero los sistemas hay que evaluarlos y cada comité de crisis es un análisis del fallo puntual", insiste. Por tanto, "no debemos esperar de un comité de crisis una solución mágica, porque probablemente no la hay", pero sí es importante garantizar que "los errores que vienen cometiéndose sistemáticamente, comiencen a corregirse de manera decidida".
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"Los asesinatos son multicausales y las situaciones de riesgo son muy complejas", puntualiza la experta. A su juicio, si una cosa es cierta es que "seguimos teniendo un problema fundamental: no somos capaces de reducir los asesinatos y la gran mayoría de mujeres no denuncian". La clave para Soleto es que las administraciones públicas "se interesen e innoven en medidas que puedan llevarnos a conocer antes el riesgo". Los comités de crisis son una herramienta más. "No hay que escatimar esfuerzos".
Y esos esfuerzos deben también ser capaces de explorar la otra cara de la moneda: qué pasó con las mujeres que sí denunciaron. "Es importante analizar los fallos del sistema para esa minoría que había denunciado", defiende. No es para menos: son, en la última década, "más de 200 mujeres que seguirían vivas" si el sistema no les hubiera dado la espalda. Concretamente, 266 mujeres que sí habían dado la voz de alarma desde el año 2003.
Pero si en algo comulgan los expertos consultados, es en una cuestión que a lo largo de los últimos años ha cobrado especial relevancia, también para el Ministerio de Igualdad: el negacionismo como la gran reacción contra las políticas de igualdad. Para Lorente, el negacionismo se ha erigido como un fenómeno "siempre presente", junto a la "la banalización de la violencia de género y la desconfianza del entorno de las víctimas". Por ello, completa Soleto, es importante trabajar para "volver a crear conciencia social". La propia Ángela Rodríguez lo dejó claro este miércoles: "Abandonar el negacionismo" y romper con el "silencio cómplice" puede "salvar vidas".
"La situación es de emergencia. Las cifras son muy graves". Son conclusiones esbozadas este miércoles por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Son ya 50 asesinatos en lo que va de año, más de los registrados a lo largo de todo el año anterior. Y diez en un sólo mes, uno de los peores septiembres de la historia desde que existen estadísticas oficiales. Tras una reunión con las comunidades autónomas para analizar los últimos crímenes machistas, el Ministerio de Irene Montero ha propuesto medidas muy específicas para situaciones muy particulares. La pregunta que emerge es obligada: ¿son efectivas estas medidas?