Seis leyes autonómicas apoyadas por el PSOE contienen la palabra 'queer'

La agenda queer es incompatible con el feminismo. Es más: la denominación es un concepto "misógino, ultraliberal y antifeminista". El Partido Socialista se expresa en estos términos para zanjar un debate interno que llevaba años sobrevolando alrededor de la formación e incomodando a su militancia. En su último congreso, los socialistas se inclinaron por no incorporar la "Q" ni el "+" en el acrónimo LGTBI, una decisión no exenta de polémica que viene a apuntalar posiciones clásicas dentro del feminismo. Pero el partido no siempre ha visto con malos ojos estampar la palabra queer en la legislación: hasta seis leyes autonómicas impulsadas o apoyadas por los socialistas incorporan esta palabra entre su articulado.

"Múltiples formas de expresión de la identidad de género"

Año 2016, finales de mayo. La Asamblea Regional de Murcia aprueba por unanimidad su nueva Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. La norma fue impulsada y presentada por el Partido Socialista de la región. María Isabel Casalduero, diputada socialista, presumía entonces de su obra: "Hoy es un gran día, un día en el que conseguimos una sociedad mejor para todos y todas", decía en sede parlamentaria. 

En su artículo cuarto, la norma incluye un glosario de términos relacionados con los derechos del colectivo. Entre ellos, se teje una definición de "trans" como "toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer". A los efectos de la ley, continúa, el término trans "ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, queer o personas de género diferenciado". Es decir, todas aquellas medidas que interpelen directamente a las personas trans lo estarán haciendo también respecto a quienes se identifiquen como queer.

El mismo año, también en mayo, eran las Illes Balears quienes sacaban adelante su propia legislación, la Ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia. El Parlament aprobaba a mediados de mayo la norma, presentada por PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent de Formentera (GxF). Una vez más, una ley de consenso. Aquel día, la diputada socialista Sílvia Cano celebró lo que era a su juicio "una ley comprometida con la transformación social".

También la presente norma incluye un apartado con definiciones, donde señala que se "utiliza el término LGTBI de forma inclusiva y extensiva, para referirse a las personas lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales, así como al resto de personas que no se identifican exactamente con estos términos pero que sufren discriminación y violencia por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género". Y concreta que "se tienen que sentir representadas también otras realidades de la diversidad sexual y de género que están fuera del heteronormativismo, definidas y expresadas con términos como: queer, travesti, asexualidad, pansexualidad, etc".

Dos años después, el PSOE de Aragón publicaba un mensaje en redes sociales: "Avanzar en igualdad es avanzar en derechos de la ciudadanía", decían los socialistas. La Cámara autonómica acababa de aprobar su propia Ley de igualdad y protección integral contra la discriminación. El esquema es el mismo: la definición de persona trans incluye a quien se identifique "con un género o expresión de género libremente autodeterminado con independencia del género que le asignaron al nacer". Y además, replica casi literalmente, el término ampara "múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como transexuales, transgénero, intersexual, intergénero, queer, agénero, crossdresses, etcétera".

Ese mismo año, sin apenas diferencia temporal, el Parlamento de Aragón aprobaría por unanimidad la segunda de sus leyes específicas: la Ley de identidad y expresión de género. En esta norma, el acrónimo que busca representar al colectivo sí incluye la letra Q. La definición de "LGTBIQ" gira en torno a las "siglas que designan colectivamente a las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer, comprendiendo este último concepto a cualesquiera colectivos no incluidos en los anteriores".

La Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales llegó a Canarias hace ya tres años. Salió adelante en el Parlamento por unanimidad. Fuera de la Cámara autonómica, los parlamentarios se tomaban fotos con la bandera teñida por los colores azul, blanco y rosa. Dentro de sus paredes, el diputado socialista Omar López elogiaba una ley que "se da la mano con el ser, la libertad y el respeto" y que "nos une para llegar juntos al futuro y dejar atrás los odios y las desigualdades".

La norma define como "persona trans toda persona cuya identidad de género no se corresponde con la que le fue asignada al nacer", o cuya "expresión de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales asociadas con el sexo asignado al nacer". A efectos de la norma, añade, "el término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género como transexuales, transgénero, travestis, identidades y expresiones de género no binarias, queer, así como a quienes definen su género como 'otro' o describen su identidad en sus propias palabras".

Existe una sexta norma autonómica que contiene el término queer, a pesar de la odisea a la que se ha tenido que enfrentar en el último año. Se trata de la Ley trans madrileña, modificada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en diciembre de 2023. A pesar de que la reforma ha vaciado notablemente el contenido de la ley, la norma mantiene intacta la definición de las personas trans. Siguiendo la línea de las mencionadas regiones, el texto consagra que "el término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, queer o personas de género diferenciado".

El texto legislativo fue aprobado en 2016, con la abstención del PP y con el aplauso decidido de los diputados socialistas, entre ellos el de la todavía militante del partido Carla Antonelli. El texto que salió adelante hace ahora ocho años nació de los colectivos y fue registrado por el PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Temor a la deriva

Erik García, presidente de la plataforma zaragozana Visión Trans, recuerda con nitidez los procesos legislativos en su comunidad. La reflexión años después y dado el contexto actual, expresa escepticismo hacia los socialistas. "Siempre han votado a favor porque no les ha quedado otra", pero del mismo modo que ocurrió con la ley estatal, afirma, con la ley aragonesa "querían exigir patologización". Fueron los colectivos quienes "buscaron las vías para de alguna manera intentar" que la ley trans "saliera lo más perfecta posible".

García forma parte del ala más crítica del colectivo, aquella ligada a entidades como la Federación de Plataformas Trans. Es más benévolo Ronny de la Cruz, presidente de la madrileña Cogam. "El PSOE siempre ha hecho bandera" de las causas del colectivo, por lo que las decisiones tomadas en el último congreso sí "sorprenden" al activista. "Aunque por otro lado, sabemos que es un partido grande con muchas almas, algunas son las que denominamos transexcluyentes. Y de ahí nace esto", expresa. 

Aun reconociendo sorpresa, el activista es tajante: "Tenemos claro que los partidos que no estén reconociendo identidades más allá de lo LGTB, se quedan atrás a la hora de recoger las reivindicaciones del colectivo".

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Los interlocutores reconocen que la posición de los socialistas tiene "un impacto limitado a nivel práctico" y confían en que la ley estatal, la gran victoria del colectivo en los últimos años, no corra peligro. Pero sí temen la deriva que puedan tomar estos discursos. Lo explica García, quien además recuerda el argumentario que el PSOE ya difundió hace cuatro años advirtiendo sobre los peligros del activismo queer: "Fue el primer paso. Le han dado la base ideológica y argumental a Vox". ¿Está la ley estatal en riesgo? "Todo dependerá de hasta dónde quieran llegar", cavila García, quien en cualquier caso confía en la presión de las organizaciones de base. 

El presidente de Cogam se afana en subrayar que la ley fue "aprobada con mayoría" y recuerda que "tocar una ley es un movimiento complejo, dada la aritmética parlamentaria". Pero si de hacer futuribles se trata, pone algo más de cautela. "Con otros gobiernos y otras tendencias, es cierto que el hecho de que el PSOE tome esta vía legitima a otros", coincide. "Qué no va a decir Vox o el ala dura del PP, que ya no se distinguen, si el discurso del PSOE sigue por esa vía". Es ahí donde anida el temor.

De la Cruz sabe bien, además, las múltiples "fórmulas para vaciar una ley", sin necesidad de hacerla desaparecer. Habla de reformas, como las que se han perpetrado en la Comunidad de Madrid, pero también de mermar la dotación económica o el no desarrollo de sus aspectos clave. "No es una preocupación a corto plazo, pero sí nos provoca inquietud", admite.