Las víctimas de violencia sexual podrán acudir a cualquier centro sanitario y tendrán derecho a que los profesionales recojan y custodien las muestras biológicas necesarias. En todos los territorios, sin distinciones geográficas. Y al margen de que se decida o no presentar una denuncia. Parece de sentido común, pero hasta ahora no era un derecho blindado. El Ministerio de Sanidad ha aprobado este jueves un protocolo común que homogeniza los criterios de atención a las víctimas de violencia sexual, garantiza sus derechos y consagra la respuesta desde un ámbito clave, el sanitario.
"Es un cambio de paradigma", resumen fuentes que han participado en la confección del protocolo de más de 150 páginas [disponible en este enlace]. "Por primera vez en nuestro país tenemos un protocolo común de atención sanitaria a las violencias sexuales, una demanda histórica". Hasta ahora, los protocolos sanitarios relativos a la violencia contra las mujeres se ceñían únicamente a los malos tratos dentro del marco de la pareja o expareja, pero no existían criterios comunes y estandarizados para el abordaje de la violencia sexual.
El protocolo bebe directamente del mandato de la ley del sólo sí es sí. Es a través de esta norma que se establece la obligación de una recogida y custodia de muestras biológicas sin necesidad de que la víctima tenga primero que interponer una denuncia por agresión sexual. En su artículo 48, se recoge la obligación de que exista personal médico forense para "asegurar que el examen y las actuaciones" se practiquen "sin demoras y conjuntamente con el reconocimiento ginecológico o médico", siempre con el consentimiento de la víctima, evitando la reiteración de los reconocimientos y "sin que sea condicionante el hecho de que la víctima decida interponer denuncia".
La recogida de muestras es clave para la acreditación de la violencia sexual y el hecho de que "no esté condicionada a la presentación de una denuncia o al ejercicio de la acción legal" es un avance sin precedentes, exponen las mismas fuentes. Además, "la ley mandata, entre sus medidas, la elaboración de protocolos específicos para la atención desde el sistema público de salud a todas las formas de violencia sexual".
El motivo es evidente: concediendo a la denuncia formal el valor que sin duda tiene, lo cierto es que "muchas víctimas no desean en ese momento interponerla", especialmente cuando se trata de una agresión reciente, porque "necesitan un periodo de reflexión y toma de conciencia de lo que ha sucedido", o sencillamente porque "todavía están gestionando los efectos traumáticos y necesitan tiempo para decidir si quieren o no denunciar", expone la experta consultada.
La denuncia deja de ser requisito
¿Cómo será, a partir de ahora, el procedimiento? El protocolo distingue entre las agresiones recientes y las pasadas. Las primeras, ocurridas en los últimos siete o diez días como máximo, son consideradas "más agudas" y es en estos casos en los que cobra especial relevancia la recogida de muestras.
Aunque el protocolo habla de atención hospitalaria, lo cierto es que las comunidades pueden decidir implantar estos criterios de recogida de muestras en aquellos centros sanitarios que consideren. "Es su competencia y lo tienen que decidir", señala la experta. Idealmente, lo más beneficioso para las víctimas es que se amplíe el marco y que tanto hospitales como centros de salud puedan acometer la recogida. Los centros de salud de hecho son muchas veces espacios de proximidad "menos violentos para algunas mujeres" y con profesionales "ya conocidos" por ellas.
Otra opción está en proporcionar estos recursos en los centros de crisis 24 horas, espacios que deberán estar implementados en todas las provincias en el plazo de un año. "El centro de crisis tendría que invertir en una sala específica, adecuada, sólo para la toma de muestras y capaz de custodiar las pruebas", una apuesta interesante pero cuya viabilidad es difusa. Sería necesaria una inversión contundente y la disposición de recursos materiales y humanos. "Todo es viable, pero son decisiones políticas", observa la interlocutora. En todo caso, defiende, lo cierto es que "tenemos un buen sistema público de salud", capaz de encargarse de esta tarea.
Las muestras biológicas consisten en una toma vaginal –llevada a cabo hasta transcurridos siete o diez días e independientemente de las actividades de la víctima, tales como ducharse, orinar o tener relaciones sexuales–, la bucal –hasta 48 horas después– y en canal ano-rectal y superficie corporal –hasta 72 horas–. Estas muestras deberán ser entregadas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) dentro de las primeras 72 horas y no superados, como máximo, los siete días.
El protocolo insiste en cuestiones básica en el trato con las víctimas: desde la formulación de preguntas "con sumo tacto y un lenguaje adecuado a su edad y sus circunstancias", hasta el acompañamiento psicológico y la presencia de una "persona de confianza" para la mujer que está siendo atendida. También pone sobre la mesa aquellas situaciones a esquivar, fundamentalmente la victimización secundaria producto de prácticas como la repetición de pruebas y exploraciones innecesarias.
Si el antes es importante, igualmente lo es el después: el protocolo establece los pasos a seguir una vez la víctima entra en el circuito de atención. Se trata de revisiones periódicas, seguimiento del caso y continuidad asistencial en atención primaria.
Respecto a la violencia sexual pasada, el protocolo recuerda una cuestión clave para la detección: las mujeres que "consultan en la red de salud mental y drogodependencias tienen alta probabilidad de estar sufriendo violencia de género o haberla sufrido en el pasado, incluida la violencia sexual, siendo difícil que ellas tomen conciencia de su situación". La formación de los profesionales será, por tanto, fundamental a la hora de saber apreciar las señales.
La mitad acude a algún servicio de urgencias
Si la sanidad es un pilar básico de la estrategia contra la violencia sexual, es porque los datos así lo acreditan. Según la información recogida en el documento, el 43,7% de las mujeres víctimas de violencia sexual y el 58,8% de las que han sido violadas –antes del sólo sí es sí los delitos de abuso y violación estaban separados– afirman haber utilizado algún servicio de urgencias por algún problema o enfermedad en el último año, frente al 28,3% de las que nunca han sufrido violencia sexual.
Además, el 22,3% de las mujeres víctimas de violencia sexual y el 31,9% de las que han sufrido una violación han visitado a un psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra en los doce meses previos, frente al 9,7% de las que nunca han sufrido violencia sexual. "El análisis del estado de la salud evidencia que las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia tiene peor estado de salud" que el resto, por lo que la visita asidua a los recursos sanitarios se entreteje como clave a la hora de detectar la violencia.
En ese sentido, el documento explora las vías para que los profesionales de la salud de todos los ámbitos –centros de atención primaria, hospitalaria, servicios de urgencias y emergencias, centros de atención a la salud sexual y reproductiva, centros de salud mental, centros de atención a jóvenes y adolescentes– cuenten con las herramientas necesarias para asesorar y acompañar a la víctima en su proceso.
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Y el principal instrumento a su alcance es elemental: preguntar. "Siempre será mejor preguntar que no hacerlo, ya que las mujeres que son víctimas suelen necesitar contarlo", señala la guía. La forma de hacerlo es amplia: a través de preguntas más genéricas o haciendo referencia al objetivo de detección. "Lo importante es formular las preguntas siempre en un escenario de seguridad, en el que la mujer se sienta lo más cómoda posible, asegurando la total confidencialidad".
"¿Ha sucedido últimamente algo en su vida que le tenga preocupada o triste?", es una de las fórmulas sugeridas. O: "Parece como si se encontrara alerta, asustada, ¿Qué teme?". O bien: "¿Tiene alguna dificultad para ver a sus amistades o familiares? ¿Qué le impide hacerlo?". Y en el caso de que la sospecha se consolide: "¿Su pareja o alguna de sus parejas anteriores le ha obligado a tener relaciones sexuales contra su voluntad?", "¿Le fuerza a llevar a cabo alguna práctica sexual que usted no desea?" o "¿Se niega a utilizar preservativo o le impide o controla el método anticonceptivo que usted desea utilizar?".
La clave no es otra que hacer de la atención sanitaria un espacio seguro para las mujeres y consolidar la evidencia de que la violencia machista –específicamente la violencia sexual– es un problema de salud pública. Y como tal, es responsabilidad de todos tender la mano a las víctimas.
Las víctimas de violencia sexual podrán acudir a cualquier centro sanitario y tendrán derecho a que los profesionales recojan y custodien las muestras biológicas necesarias. En todos los territorios, sin distinciones geográficas. Y al margen de que se decida o no presentar una denuncia. Parece de sentido común, pero hasta ahora no era un derecho blindado. El Ministerio de Sanidad ha aprobado este jueves un protocolo común que homogeniza los criterios de atención a las víctimas de violencia sexual, garantiza sus derechos y consagra la respuesta desde un ámbito clave, el sanitario.