Al menos 23 muertos y 715 heridos desde el inicio del golpe en Bolivia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado este domingo que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde el inicio de la crisis en Bolivia con las elecciones del pasado 20 de octubre, informa Europa Press. "Desde el sábado son nueve fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la Policía y las Fuerzas Armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", ha indicado el organismo en su cuenta de Twitter.

 

La CIDH ha expresado repetidamente su preocupación por las acciones de las fuerzas de seguridad bolivianas en el marco de las protestas que se suceden en el país. Así, ha criticado el "uso desproporcionado" de la fuerza policial y militar y el uso de armas de fuego que, a su juicio, "deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales". Además, ha especificado que los estándares interamericanos establecen que debe limitarse "al máximo" la presencia de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios y que el gas lacrimógeno atenta "gravemente" contra los estándares jurídicos internacionales.

Un decreto exime a las Fuerzas Armadas bolivianas de responsabilidad penal en caso de "legítima defensa"

Un decreto firmado por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, exime a las Fuerzas Armadas del país de responsabilidad penal en caso de que actúen en "legítima defensa o estado de necesidad". "El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones, actúen en legítima defensa o estado de necesidad", según puede leerse en el documento, recogido por Página Siete.

La CIDH se ha referido al decreto difundido y lo ha calificado de "grave". "Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos", ha agregado el organismo.

Por su parte, el Gobierno de la autoproclamada Áñez ha expresado este sábado su "consternación" por las muertes registradas este viernes en Sacaba, al tiempo que ha denunciado que Morales promovió la movilización. "Está convulsionando el país y eso los bolivianos lo reclamamos ante el mundo. No estamos nosotros con el ánimo de estar confrontándonos ni asesinando bolivianos", ha apostillado la autoproclamada presidenta interina del país, ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.

También detendrá a los diputados del MAS responsables de "subversión y sedición"

Por su parte, el nuevo ministro del Gobierno de la autoproclamada áñez, Arturo Murillo, ha anunciado este domingo la creación de una "aparato especial de la Fiscalía" para detener a diputados afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, que estarían cometiendo actos de subversión y sedición.

"Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (...). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales", ha afirmado Murillo en declaraciones recogidas por el diario Los Tiempos. 

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La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado 20 de octubre. Tras la victoria de Morales, la oposición denunció un "fraude gigantesco".  

Morales dimitió el domingo y el martes llegó a México en calidad de asilado político. Jeanine Áñez se ha autoproclamado mandataria interina, asegurando que su objetivo es celebrar nuevas elecciones. A la dimisión de Morales se sumaron las de otros altos cargos.

Áñez ha prometido que se mantendrá en el poder sólo el tiempo que sea necesario para celebrar nuevas elecciones presidenciales, si bien ha aclarado que Morales no podrá competir en ellas, haciendo valer así el resultado del referéndum de 2017, que fue revertido por el Tribunal Constitucional.